¿Por qué Daniel Noboa quiere 'deshacerse' de su vicepresidenta Verónica Abad? Así nació la enemistad

Noboa será candidato presidencial y, según lo establece el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, “los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”. 

La Constitución prevé entonces que “en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia”.

Pero el mandatario esgrime actualmente toda posibilidad política y jurídica para evitar que Verónica Abad asuma el mandato entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025, periodo establecido para la campaña electoral. 

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló públicamente que "sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del Presidente asuma el poder, porque lo primero que hará, en el primer día, es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad".

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Oswaldo Trujillo, abogado de la vicepresidenta Abad, le dijo a EL TIEMPO que estas declaraciones pueden configurar un “delito de odio”. En su análisis, Trujillo considera que hay un acoso y ataque constante por parte de las autoridades gubernamentales y del propio mandatario que a pocos días de asumir el mandato delegó a Abad como Comisionada de Paz en Israel “para evitar una escalada de violencia en la zona de conflicto y de ese modo, tratar de prevenir una catástrofe humanitaria”.

En efecto, sin alternativa legal y ante la disyuntiva de cumplir la designación o renunciar, Abad se fue a promover la paz entre israelíes y palestinos y, desde el pasado 10 de diciembre, fijó su residencia en Tel Aviv.

Pero, algunos funcionarios del Gobierno han insinuado que la estancia de Abad en Tel Aviv podría tomarse como una ausencia territorial que evitaría que asuma el poder de forma temporal en 2025. “Lo que podría darse es que, ante la ausencia del primer y segundo mandatario (temporal), se encargue la Presidencia a un ministro”, dijo el viceministro Torres, lo que según Trujillo y otros analistas, sería considerado un golpe de Estado.

“La vicepresidenta está cumpliendo un encargo que le ha hecho el presidente de la República. La constitución ecuatoriana señala que la principal función de la vicepresidenta es reemplazar al presidente y ejercer otras funciones que el propio presidente le encarga”, opina al respecto el constitucionalista Xavier Palacios.

Son múltiples los rumores sobre las causas que llevaron al distanciamiento del binomio presidencial que asumió el poder en noviembre de 2023. Las diferencias fueron públicas desde la segunda vuelta electoral y se hicieron más notorias en el evento de entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, cuando Noboa señaló en su discurso que “el camino hacia la Presidencia de la República también tiene traiciones". "Muchas veces de gente que uno ni siquiera espera, que uno escoge; pero así es la vida, así es la naturaleza humana”, agregó.

Abad, de 48 años, nacida en Cuenca, capital de la austral provincia del Azuay, habría puesto en riesgo el triunfo presidencial por una serie de videos en los que declaraba su afinidad por la privatización de servicios públicos, minimizaba la violencia contra las mujeres y cuestionaba la igualdad de género.

“Soy de derecha, una liberal clásica, creyente en Dios, la Biblia, defensora del individuo, de la familia, la vida, propiedad, gobierno limitado, libre empresa y competitividad, amo la libertad y sueño con un Ecuador de orden, de justicia, de paz y verdad, uno libre, republicano y capitalista... Y a mucha honra carajo!”, fue la autoidentificación que Abad publicó en su cuenta de X.
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La situación fue más allá cuando se supo que Abad no fue invitada por Noboa a los festejos privados del triunfo presidencial y, en un desplante público, la vicepresidenta tampoco acudió al almuerzo oficial de asunción del mando que ofreció Noboa en el Palacio de Carondelet en noviembre pasado y prefirió almorzar en un mercado popular.

En medio de la pugna, el hijo de Abad, Francisco Barreiro, fue detenido por un supuesto tráfico de influencias al entregar cargos públicos a cambio de dinero. El acusado fue internado en 'La Roca', la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil en donde cumplen penas de prisión los líderes de organizaciones criminales, pero también están altos exfuncionarios como Jorge Glas, exvicepresidente de la República; Willman Terán, expresidente de la Judicatura; y otros exjueces y asambleístas.

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Trujillo asegura que la detención en ese centro carcelario fue utilizada como presión para que la vicepresidenta renuncie y, al no lograrlo, señala que se intenta involucrarla en la investigación a través de la Fiscalía.

Abad, que ha declarado ser víctima de violencia apolítica por parte de Noboa, también responsabiliza al primer mandatario de influir en la decisión de la Embajada de Estados Unidos que hace dos semanas le retiró su visa.

Pero, no es todo. Abad también enfrenta una denuncia por infracción electoral por realizar campaña anticipada en un proceso donde se postuló como candidata a la alcaldía de Cuenca, lo que podría llevar a eventuales sanciones como multas económicas y hasta la destitución del cargo.

A decir de su abogado, ninguno de estos procesos se configura en causal constitucional para su destitución. “No hay forma legal alguna para impedir que la vicepresidenta asuma la primera magistratura del país y de hacerlo violando la ley, sería un golpe de Estado”, insistió Trujillo.

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En eso coincide el experto jurista en Derechos Humanos, Diego Peñafiel. “Se han esbozado otras posibilidades como su vinculación al juicio por oferta de tráfico de influencias en el que actualmente está procesado su hijo Francisco Barreiro, un juicio político en la Asamblea Nacional, o una infracción electoral durante su candidatura que permitiría su destitución. No obstante, los tiempos procesales tampoco alcanzan".

El constitucionalista Palacios considera que la única posibilidad de que la vicepresidenta no asuma el poder es que sea sancionada penalmente o en el campo electoral, lo que implicaría que pierda sus derechos políticos y que no pueda asumir la presidencia de la República. Caso contrario, la sucesión presidencial “no tiene escapatoria”.

Noboa también se juega otra carta con una consulta al Procurador del Estado sobre si debe encargar la presidencia o no, aduciendo que su candidatura no sería una reelección porque está completando un periodo presidencial, producto de elecciones anticipadas.

Mientras, Abad insiste en que es obligación del mandatario “respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. “Buscar otras salidas sería violentar y vulnerar la norma suprema y eso sería inaceptable” dijo a medios locales al insistir que no existe ninguna razón que le impida asumir su cargo.

ANA LUCÍA ROMÁN - PARA EL TIEMPO - QUITO