La alarmante represión que lanzó Putin contra derechos LGBTI en Rusia: ¿qué hay detrás?

La homofobia y la transfobia no son una novedad en Rusia, donde, si bien en 1993 la homosexualidad dejó de ser un delito, varias reformas, leyes y sentencias han desatado una persecución contra los derechos de la población LGBTIQ, un asedio que se ha endurecido severamente desde la llegada del presidente Vladimir Putin al poder, en 2012, y que tanto organizaciones como organismos internacionales advierten que pone en peligro la vida de miles de personas.

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Las acciones más alarmantes de esa persecución, que ahora está de cierta forma blindada por la ley, se vieron esta semana. Moscú añadió este viernes a lo que denomina como el "movimiento internacional LGTB (sic)" a su lista de personas y entes "terroristas y extremistas", según se lee en una nota del servicio de inteligencia financiera ruso difundida en medios internacionales.

Esa decisión se da a conocer después de que en noviembre la Corte Suprema rusa declaró a ese movimiento social como "extremista", lo que en la práctica supuso la ilegalización del activismo LGBTIQ en ese país.

La materialización del fallo no ha tardado en tener efectos. El miércoles la justicia rusa dictaminó prisión preventiva para dos empleados de un bar gay -el director artístico y el - ubicado en la región de los Urales, quienes ahora se exponen a una pena de hasta diez años de cárcel por "extremismo" LGBTI, en lo que constituye el primer caso penal con ese cargo, justificado ahora en la decisión del Supremo.

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Según la acusación, "durante la instrucción se halló que los acusados, personas con una orientación sexual no tradicional (...) apoyan igualmente las opiniones y las actividades de la asociación pública internacional LGTB, prohibida en nuestro país". 

La audiencia se llevó a cabo en un tribunal de la ciudad de Oremburgo a puertas cerradas y los periodistas solo pudieron acceder a la sala durante la lectura del fallo.

No obstante, ese caso es apenas la punta de un iceberg de gran tamaño. Varios ciudadanos rusos fueron condenados en las últimas semanas a multas por publicar fotos con banderas arcoíris (símbolo de la población LGBTIQ+) o, en el caso de dos mujeres, por difundir en internet un video de ellas besándose. 

Incluso, el 9 de marzo la policía efectuó una redada en un bar, donde se daban espectáculos de drag queens. Ese día, el Ministerio del Interior informó de haber "frustrado la actividad de un club nocturno, donde se reunían representantes de un movimiento prohibido en Rusia".

Todas estas acciones están alentadas por el presidente Vladimir Putin, recién reelecto para un nuevo mandato de seis años, quien viene diciendo desde hace tiempo que defiende "la familia" y la religión frente a un Occidente "decadente" e incluso "satánico", pero que, para otras voces, usa a las disidencias sexuales y de género como un "chivo expiatorio".

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Cuando el Supremo ruso declaró como "extremismo" toda actividad pública relacionada con los colectivos LGBTIQ, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, advirtió que "existe el riesgo de que esta sentencia dé lugar a una prohibición general de las organizaciones LGBTI, con violaciones generalizadas de los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica así como del derecho a no sufrir discriminación".

Struthers fue enfática en que la decisión, a la que calificó de "vergonzosa y absurda", "afectará a incontables personas, y sus repercusiones serán catastróficas".

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La ilegalización del activismo LGBTIQ, impulsada por el Ministerio de Justicia ruso, prohíbe actualmente la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento de las disidencias sexuales y de género. 

Lo que organizaciones advierten es que calificar como "extremistas" esas acciones "tiene graves consecuencias legales para todas las personas implicadas en actividades relacionadas con la población LGBTI", como señala el Centro Comunitario de Iniciativas LGBTIQ+ de Moscú en una breve declaración a este medio.

"Hemos pasado completamente a la clandestinidad. Los privilegiados se pueden ir del país. Los que no puedan salir del país pasaremos a la clandestinidad", añade ese centro.

En los términos de la ley, los llamados "participantes" de actividades LGBTIQ pueden enfrentarse hasta a cinco años de prisión y sus "organizadores" y donantes hasta a diez años. La calificación de "extremista" conlleva la prohibición de los símbolos: exhibirlos puede dar lugar a una "detención istrativa" de hasta 15 días y la reiteración de la "falta" se considera un delito con una pena máxima de cuatro años de prisión.

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A quienes se enfrentan a una investigación o a un procesamiento por participar en esa actividades "extremistas" también se les bloquea sus cuentas bancarias y se les imponen restricciones de empleo y de otros derechos, incluida la prohibición de presentarse a elecciones en todos los niveles durante un periodo variable.

"No hay ninguna duda de que dará lugar a la persecución de activistas LGBTIQ, deshaciendo decenios de trabajo incansable y valiente y amenazando con promover y legitimar niveles completamente nuevos de violencia contra las personas LGBTIQ en toda Rusia", explicó Struthers.

A ese llamado se sumó Caribe Afirmativo, una organización colombiana que también defiende los derechos de personas LGBTIQ. 

"La ilegalización de un movimiento es un retroceso político importante en la defensa de los derechos humanos y la promoción del principio de no discriminación en la comunidad internacional. Evidentemente es un revés significativo para los derechos civiles en Rusia, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre el respeto a la diversidad y la libertad de expresión en el país", señaló la organización colombiana, firmante de la Declaración de Mérida sobre el compromiso de las instituciones públicas en materia de derechos humanos LGBTI en el mundo.

El fallo del Supremo ruso, sin embargo, se allanó con acciones previas. Desde 2013, cuando Putin asumió el poder, una ley en Rusia prohíbe "la propaganda" entre menores de las "relaciones sexuales no tradicionales". Esa legislación se amplió considerablemente a fines de 2022, para prohibir cualquier forma de "propaganda" LGBTIQ en los medios, internet, libros y películas.

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De igual forma, en julio del año pasado, los diputados rusos votaron una ley que prohíbe a las personas con experiencia de vida trans las operaciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales.

Para las autoridades rusas, en el país no hay discriminación ni persecución de la población LGBTIQ+. Eso sí, señalan que el activismo LGBTIQ+ es inherentemente occidental y, a su juicio, un instrumento "hostil para las costumbres" de Rusia. 

Por esa razón, la presión que ejercen sobre esa población la presentan como un medio para defender la estructura moral del país. Así lo explica Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo. 

"Están creando un enemigo artificial", dijo Troshin en una entrevista con la BBC. "Dicen: 'Estamos luchando contra Occidente'. La batalla contra las personas LGBTI encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBTI es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad", agregó.

En ese encuadre entra la invasión en Ucrania. Desde el inicio de la campaña militar en ese país lanzada en febrero de 2022, las autoridades rusas han reprimido en paralelo, y de manera creciente, a las disidencias sexuales y de género. 

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El activista LGBTIQ Piotr Voskresensky ha dicho que el vínculo con la guerra en Ucrania es "obvio". Él considera que las distintas leyes y sentencias son un intento del Kremlin  para desviar la atención del público de los contratiempos en el campo de batalla. 

"La guerra está perdida, la economía está destruida y las autoridades deben mostrarle a la gente por qué han arriesgado sus vidas", comenta Voskresensky. "Y la mejor idea que tienen es encontrar un nuevo chivo expiatorio: las personas LGBTI".

Paradójicamente, esa retórica "anti-LGBTI" ha surtido el efecto contrario en el bando contrario. Este diario habló al respecto con Edward Reese, quien está vinculado a KyivPride, una de las organizaciones que, en plena guerra, sigue trabajando por los derechos de las personas LGBTIQ en Ucrania.

"Los ucranianos han empezado a ver que la homofobia, la transfobia, el sexismo y el racismo son narrativas rusas, y no quieren tener nada en común con Rusia. No quieren seguir ninguna narrativa rusa. Antes algunas personas eran neutrales o tal vez homofóbicas, pero ahora entienden que Putin está mostrando la transfobia y la homofobia como sus políticas de Estado. Los ucranianos no quieren estar junto a la persona y con la nación que destruyó a la suya", relató Reese.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ - REDACCIÓN INTERNACIONAL - EL TIEMPO