Asilo en España: ¿por qué solo 6 de cada 100 colombianos que aplican lo obtienen? Lo que debe tener en cuenta para postularse

El 94 por ciento de los colombianos no consiguió protección en España, "a pesar de las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios" en su país, según recoge el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) publicado este lunes y que concluye que, en comparación con la media europea, España es muy restrictiva a la hora de conceder asilo y pide al Gobierno una flexibilización de los requisitos.

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Según CEAR, España fue el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibió en 2023 (163.220), solo superado por Alemania (351.510) y Francia (166.880), y también el que menos protección internacional concedió, con un 12 por ciento de las solicitudes aceptadas (la media europea llega al 42 por ciento).

Por nacionalidades, los tres primeros países de origen de personas solicitantes de asilo en España fueron, un año más, latinoamericanas (Venezuela, Colombia y Perú), que concentran el 78,7 por ciento del total de las peticiones registradas.

Venezuela, por octavo año consecutivo, es el país de origen con mayor número de solicitudes formalizadas, 60.534, frente a las 45.748 formalizadas el año anterior, lo que supone un incremento del 32,32 por ciento.

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En segundo lugar, por sexto año consecutivo, se sitúa Colombia, con 53.564 solicitudes de asilo, frente a las 36.012 solicitudes del año 2022, lo que representa un incremento del 48,7 por ciento.

En el caso de Colombia, de las 16.781 solicitudes resueltas se han dictado 724 resoluciones de reconocimiento de estatuto de refugiado y 12 de protección subsidiaria, lo que supone una tasa de reconocimiento del 4,5 %, muy por debajo de la media, y similar a la del año 2022 (3,8 %), según el informe.

El director general de CEAR, Mauricio Valiente, señaló que "Colombia es un país con una intensa violación de derechos humanos y el que más desplazados internos tiene del mundo. No se entiende que, frente a esta realidad, sea tan reducido el número de protecciones que se dan en España", dijo.

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De enero a mayo de 2024, 73.130 personas solicitaron a España esa protección internacional, de ellas el 37,3 por ciento de Venezuela, el 26,5 por ciento de Colombia y un 6,8 por ciento de Perú.

En este periodo, teniendo en cuenta que una parte son solicitudes pendientes de meses anteriores, fueron denegadas 12.268 peticiones, el 54,5 por ciento de solicitantes de Colombia, el 9,2 por ciento de Perú, un 5,5 por ciento Honduras y un 3 por ciento de El Salvador.

Además, las solicitudes aumentaron el año pasado un 37,3 por ciento hasta llegar a la cifra más alta de la historia en España.

CEAR alertó de un aumento en 2023 del 56 por ciento en las solicitudes pendientes de resolución, con 191.095 personas que quedaron en espera de "una decisión de la que dependen sus vidas".

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Según el informe de CEAR, a mediados de 2023, los diez principales países con mayor número de desplazamientos internos fueron: Colombia, Siria, República Democrática del Congo, Ucrania, Yemen, Somalia, Nigeria, Afganistán, Sudán y Etiopía.

“La mayoría de las personas desplazadas siguieron la tendencia de buscar refugio en países vecinos, y el 75 por ciento se encuentran en los países más empobrecidos”, destaca el informe.

En ese sentido, Paloma Favieres, directora jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), señala que la razón radica en que España no reconoce algunas situaciones de persecución cuyo origen no sea estatal y cree que las autoridades locales, específicamente en el caso de Colombia, están en condiciones de proteger a las víctimas.

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“Queremos poner el énfasis en la persecución de agentes no estatales (…) Es decir, en la persecución de las personas que no es por el Estado sino por diversos agentes como bandas criminales”, afirmó Favieres.

En su opinión, se debería reconocer la situación del país de origen de los peticionarios. “Hay que seguir avanzando en (proteger a) personas que huyen de persecuciones por bandas criminales, maras, pandillas o narcotráfico en aquellos países donde está constatado que no tiene una protección real y efectiva por parte de las autoridades e incluso en algunos de ellos son permeables las propias autoridades”, puntualiza.

No obstante, la Audiencia Nacional de España destaca que los casos “deben reflejar una persecución o riesgo de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual”.

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Bajo esos argumentos, las autoridades españolas concluyen que no pueden darle asilo a personas que no soporten justificadamente estas situaciones, en especial cuando sus “perseguidores” son grupos delincuenciales que operan en determinadas zonas de Colombia, y “no son agentes estatales”.

Para Cecilia Estrada, directora de la cátedra de refugiados y migrantes forzosos de la Universidad Pontificia Comillas, “las autoridades reflejan no recibir pruebas suficientes y que les falta una documentación o pruebas contundentes”.

“Una de las principales razones del rechazo obedece a los estrictos criterios de evaluación que tienen las autoridades españolas para otorgar el asilo que debe cumplir con la definición de refugiado que establece la Convención de Ginebra por lo que es posible que muchas solicitudes no cumplan con esos criterios específicos”, agregó la experta.

Estrada también destaca que la percepción de la seguridad de Colombia influye en el porcentaje de rechazo. “A pesar de la alerta de amenazas y de riesgos en el país, las autoridades españolas pueden percibir que ciertas áreas del país no presentan un peligro generalizado y esto puede influir en el rechazo de estas solicitudes”, explica.

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Por otro lado, el informe de la CEAR destaca que persistieron las barreras y obstáculos para acceder al procedimiento de asilo, principalmente para acceder al territorio.

“En el sistema de asilo español hay un número muy grande de solicitudes y esto puede llevar al endurecimiento de las decisiones para gestionar la alta demanda de plazas”, señala Estrada.

“La escasez de citas previas alimentó un mercado irregular de compraventa de citas, invisibilizando las necesidades de protección y dejando a miles de personas en situación de indefensión durante periodos de hasta nueve meses”, refiere.

La Cear denuncia que, a finales de marzo de 2023, paralelamente a una operación policial contra una de las redes criminales que captaba las citas con un bot y posteriormente las revendía, y con la intención de atajar este mercado irregular, la Policía Nacional decidió sustituir las citas virtuales con otras vías de cita previa (teléfono, correo electrónico o presencial). “Sin embargo, ninguna de estas medidas ha mejorado el al procedimiento de protección internacional en España”.

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“España tiene políticas muy restrictivas y criterios estrictos para la concesión de asilo en comparación de otros países de la Unión Europea. A eso se suma la limitada capacidad en el procesamiento y los recursos istrativos que puede afectar a esa capacidad que tiene España para para manejar de manera eficaz esas solicitudes”, señala Estrada.

La experta aclara que a este panorama se suma una presión social y política interna que incluye un mayor control a la inmigración y la percepción pública sobre los solicitantes de asilo que no solamente presiona al sistema, sino a los funcionarios.

“En muchos casos, un funcionario puede ser muy positivo y receptivo a un solicitante de protección internacional, como puede haber otro que no”.

Finalmente, los expertos destacan que el historial del asilo y la tasa de éxito de solicitudes anteriores es un tema que puede influir en la percepción de aceptación y en las decisiones de las autoridades españolas para tomar la determinación.

Para Estrada, durante el periodo de espera, los solicitantes de asilo se pueden enfrentar con unas condiciones de vida precarias que incluyen una falta de a servicios básicos como la salud y la educación.

“También podría ser que esos solicitantes de asilo sean más vulnerables a la explotación laboral y a otro tipo de abusos”, señala la experta.

“Otra de las cuestiones son problemas de salud mental, algo de lo que poco se habla. Una de las cosas que los estudios avalan es que la incertidumbre y el estrés están asociados con afectaciones negativas en salud mental”, dice Estrada.

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La experta agrega que, si no hay soluciones rápidas, esos solicitantes pueden experimentar un riesgo a ser deportados a sus países de origen y volver a las situaciones de peligro por las que se vieron forzados a irse.

El cambio climático, la degradación medioambiental y los desastres naturales provocaron más desplazamientos internos durante el 2023 que los conflictos y la violencia: 26,4 millones de personas tuvieron que huir por motivos medioambientales el años pasado.

“Estos factores incrementan aún más la situación de vulnerabilidad de las personas refugiadas y desplazadas, acogidas en un 76 por ciento de los casos en los países más expuestos a los efectos adversos del cambio climático”, señala el informe de CEAR.

El estudio destaca que en países como República Democrática del Congo o Colombia, las actividades extractivas y la degradación ambiental recrudecieron la violencia y obligaron a miles de personas a huir.

“Aunque se han logrado avances en el reconocimiento internacional del desplazamiento ambiental en clave de justicia climática, todavía hay desafíos fundamentales, como la falta de consenso en la terminología y la desprotección legal de estas personas, que requieren de una respuesta global urgente”, destacan.

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STEPHANY ECHAVARRÍA 

Editora Internacional

EL TIEMPO