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DeSantis reconfigura el mapa electoral en Florida con una ley que genera polémica

• “Esto es para impedir que vuelva a aparecer una iniciativa ciudadana en una boleta”, advirtió un senador.

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Los cambios realizados por el gobernador de Florida Foto: Istock

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Donato Del Blanco

REDACTOR26.05.2025 07:55 Actualizado: 26.05.2025 08:01

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Si usted piensa en promover un cambio constitucional en Florida a través de una iniciativa ciudadana, debería saber que el proceso se volvió mucho más complejo.

Según Tallahassee Democrat, el gobernador Ron DeSantis firmó en mayo de 2025 la ley HB 1205, que endurece las condiciones para que cualquier propuesta impulsada por la ciudadanía llegue a la boleta electoral.

Entre las nuevas exigencias se incluyen una fianza millonaria, registros obligatorios, penas severas y plazos más cortos, lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones cívicas y legisladores opositores.

Fianza millonaria y plazos reducidos para recolectar firmas en Florida

Uno de los cambios que debe considerar sobre la nueva normativa es que ahora se exige que los grupos que promuevan enmiendas constitucionales depositen una fianza de un US$1'000.000 al alcanzar el 25% de las firmas necesarias.

Además, se redujo de 30 a 10 días el plazo máximo para presentar las firmas recolectadas ante el supervisor de elecciones. El incumplimiento puede acarrear multas diarias de hasta US$2.500, según el nuevo régimen.

El gobernador de Florida aprobó una ley Foto:Ron DeSantis X

La ley también impone un registro obligatorio como “circuladores de peticiones” a todas las personas que recojan firmas, quienes deben ser residentes de Florida y aprobar un curso online de dos horas.

Además, si una persona con antecedentes penales recolecta firmas sin haber restaurado sus derechos civiles, el grupo promotor de la enmienda podría enfrentar una multa de US$50.000.

Por otro lado, la norma prohíbe además el uso de fondos públicos para apoyar o rechazar cualquier enmienda, una medida que llega luego de que la istración de DeSantis fuera cuestionada por destinar millones de dólares a campañas contra propuestas de aborto y legalización del cannabis en 2024.

Para los críticos, esta ley busca anular por completo la participación ciudadana en temas clave: “Es una estrategia para evitar que cualquier iniciativa vuelva a aparecer en una boleta”, denunció el senador Carlos Guillermo Smith.

Si bien los defensores de la ley argumentan que busca prevenir el fraude, muchos temen que signifique el fin efectivo del mecanismo de reforma popular establecido desde 1968. Las organizaciones civiles ya anticipan que llevarán el caso a la Justicia.

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