Con Tasa de Seguridad, Antioquia da respaldo efectivo al esfuerzo de policías y militares

La situación de orden público en Antioquia se agrava por la presencia de estructuras criminales que se han fortalecido en el marco de la Paz Total que adelanta el gobierno Petro”.

Esta afirmación es del secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quién aseguró que en este tiempo las estructuras criminales han crecido: Clan del Golfo un 31% y disidencias FARC un 98%.

“Pese a que se muestran como insurgentes y contrainsurgentes, su único objetivo es perseguir el control de las rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, y el Gobierno nacional poco ha atendido la situación”, dijo Martínez.

“Necesitamos acciones contundentes en el territorio, como las hechas en el Cauca, para contrarrestar a los grupos criminales”, reclamó el secretario Martínez.

Para él, el compromiso y el valor de los uniformados es lo que ha permitido menguar en Antioquia el accionar criminal.

Ante la falta de respuesta con recursos desde el Gobierno Nacional para la Fuerza Pública, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona recurrió a la Asamblea Departamental para que le aprobara el cobro de una Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“El Gobierno Nacional les recortó todo. No tienen gasolina para mover los vehículos y no les dan viáticos. La falta de recursos es enorme”, dijo Martínez.

En los recorridos que hace con el gobernador Rendón, el general retirado ha visto la lamentable condición en la que viven los soldados y policías en distintos sitios del departamento. 

“Hay estaciones de Policía y unidades militares muy deterioradas, con paredes y techos que tienen humedades y grave deterioro en sus estructuras”, dijo.

Además, han visto personal durmiendo en colchones rotos. “Y todo eso por la falta de recursos. En estas circunstancias, para nosotros es prioritario apoyar la labor heroica que hace nuestra Fuerza Pública”, agregó el secretario Martínez.

Fuerza pública que es, además, escasa. Según la media internacional, el departamento de Antioquia debería tener 16.750 unidades policiales. Hoy apenas llega a los 7.150, es decir, hay un déficit de 9.600.

“De ahí la importancia de hacer inversiones en tecnología para complementar el trabajo que hacen los soldados y policías, porque no está dentro de la competencia de la Gobernación aumentar el número de uniformados”, explicó el secretario de Seguridad.

La situación carcelaria también es crítica: más de cuatro mil privados de la libertad hacinados en estaciones de Policía, según el secretario. “Como lo ha dicho la Corte Constitucional, nosotros debemos garantizar un espacio donde ellos permanezcan recluidos respetando sus derechos humanos”, dijo Martínez.

Sin embargo, la Gobernación de Antioquia tiene recursos limitados, como muchas otras. “El recurso del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) no alcanza para todas las necesidades y la Fuerza Pública necesita que se le den los medios para trabajar, así que vimos en la Tasa de Seguridad una alternativa legal y financiera para responder a esta situación”, explicó Martínez.

La Asamblea Departamental autorizó el cobro de la contribución específica a los estratos residenciales 4, 5 y 6, y a los sectores industrial, comercial y oficial, para fortalecer las finanzas del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través del cual se manejan las inversiones en la materia.

Se espera recoger más de un billón de pesos en tres años. El cobro entró en vigencia al iniciarse este año e irá hasta el 31 de diciembre de 2027. 

El dinero se invertirá primero en dotación para la fuerza pública, por decisión del gobernador Rendón, pero también en tecnología, movilidad e infraestructura para ella, así como en la recuperación física de escenarios deportivos para la convivencia ciudadana.

Uno de los principales focos de inseguridad que identifican los antioqueños es el consumo de sustancias, sobre todo en espacios públicos como parques y canchas polideportivas. 

“En muchos municipios esos escenarios están tomados por el microtráfico y eso es lo que queremos recuperar para que la comunidad pueda disfrutar de estos espacios con seguridad y tranquilidad”, dijo Martínez.

La iniciativa de la Tasa de Seguridad fue replicada por el gobernador de Santander, general (r) Juvenal Díaz, quien logró que su Asamblea le aprobara el cobro a partir de septiembre.

En Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Sucre ya la venían aplicando. Y otros mandatarios regionales han buscado información en Antioquia para ver cómo funciona.

Con el recorte presupuestal que el Gobierno Nacional ha hecho a las Fuerzas, los policías y soldados en muchas regiones de Antioquia viven en unas condiciones lamentables. Algunas estaciones de Policía y unidades militares están en total deterioro. Con la Tasa de Seguridad se mejorarán las instalaciones en mal estado y se harán reparaciones locativos.

Otro foco importante es la dotación de los 25 Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (Empás) para tener presencia militar y policial en todo el territorio departamental y, especialmente, en corredores secundarios y terciarios. Serán dotados con todas las capacidades de movilidad, tecnología y poder de fuego. Dispondrán de vehículos blindados, camionetas, motocicletas, radios y drones. 

Se construirá una gran cárcel departamental, con capacidad para mil sindicados, con el fin de respetar los derechos humanos de la población privada de la libertad que se encuentra hacinada en estaciones de Policía. Con esto, se dará cumplimiento a las sentencias de la Corte Constitucional, y se liberarán uniformados que hoy custodian presos, para que puedan patrullar las calles de los municipios.

Se instalarán más de 5 mil kilómetros de fibra óptica y se ampliará la capacidad de cámaras de seguridad en los municipios, las cuales estarán ubicadas en puntos estratégicos tanto de las vías departamentales como de los cascos urbanos. Estas tendrán capacidades importantes como reconocimiento facial y lectura de placas.

Se recuperarán estos entornos para que niños, adolescentes y adultos mayores puedan desarrollar su vida diaria, hacer deporte y realizar actividades lúdicas. El objetivo es quitárselos a traficantes de drogas, repararlos y ponerlos al servicio de la comunidad, dotados de iluminación y cámaras conectadas al Nodo Departamental.