Procuradora Margarita Cabello: 'Se necesitan $333.9 billones para indemnizar a las víctimas del conflicto'

El décimo primer informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, instancia conformada por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría General de la República, advierte que actualmente se requieren 333.9 billones de pesos para indemnizar a 9.737.008 víctimas del conflicto reconocidas oficialmente en el país. 

"Los cálculos de la contraloría son 333.9 billones de pesos constantes de 2024, más de 300 billones de pesos, para cumplir con las medidas de asistencia y reparación integral", expresó la procuradora general Margarita Cabello.

La necesidad presupuestal para indemnizar a todas las personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas, por los daños sufridos con ocasión del conflicto a partir del 1 de enero de 1985, aumentó un 32.2% con relación a 2023, pues en dicho año se requerían 252.4 billones de pesos según los cálculos de la comisión.

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El informe de seguimiento a la Ley 1448 de 2011 fue revelado por la procuradora general de la Nación Margarita Cabello quien advirtió que, 13 años después de la expedición de la ley, sólo han sido indemnizadas individualmente el 14% de las víctimas, lo que corresponde a 1.368.269 personas.  

"El 96% de la población víctima sigue clasificada todavía en un nivel de pobreza alto o en un nivel de vulnerabilidad según la encuesta Sisbén IV", declaró la procuradora. "De acuerdo con el DANE, entre 2020 y 2022, la pobreza monetaria no se redujo entre las víctimas presentando un déficit del 51.6% frente al 36.6% del total nacional. La pobreza extrema aumentó entre las víctimas del conflicto armado, pasando de 13.2 en 2019 al 21.2 en 2022, es decir, una gran brecha que se duplica respecto de la población no víctima", agregó.

El informe señala que se requieren, además, 118 billones de pesos para las necesidades de vivienda de las víctimas; 83,6 billones de pesos para la indemnización individual y colectiva; 36.8 billones de pesos para la generación de ingresos; 12.9 billones de pesos para la subsistencia mínima y 7.1 billones de pesos para garantizar educación superior.  

La procuradora manifestó que ha aumentado el déficit habitacional entre la población víctima y también habló de un rezago en los subsidios de vivienda urbana pues, con corte a abril de 2024,  hay 12.608 viviendas sin entregar para las víctimas. 

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"Más del 77% de las víctimas tienen ese déficit y ha decrecido su participación en la asignación de los subsidios de vivienda. Aún más preocupante es el aumento de la brecha entre la población general y la población víctima en el de vivienda. en 2013 la participación era del 73.4% y en 2023 un 11.9%", expresó Cabello.

El informe también señala que en 2023 se presentaron 154 hechos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 21.156 familias o a 54.665 personas. Se advierte que Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca son los departamentos con las mayores necesidades de atención a víctimas.

"Aunado a lo anterior en el informe se advierte que el gobierno nacional no ha enfrentado los retos enunciados por la comisión en materia de reparación colectiva. Es necesario garantizar que el modelo cumpla con el alcance establecido en la ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015, también que atienda los rezagos", agregó la procuradora. 

La ley de víctimas o Ley 1448 de 2011 tenía una vigencia inicial de 10 años, es decir, hasta el año 2021, pero fue prorrogada otros 10 años más hasta el 10 de junio del año 2031. 

"La prórroga de 10 años no es que sea gratuita, se evidenció que los 10 años iniciales no fueron suficientes. El cuestionamiento es por qué no fueron suficientes, por qué nos demoramos tanto. El mensaje no puede ni debe ser que los últimos 10 años vamos a seguir igual", remató la procuradora.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]