Cruda radiografía del reclutamiento: 2024 cerró con 409 casos, ¿cuáles son los grupos responsables del mayor número de estos crímenes?

Las últimas cifras de la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento han aterrizado la percepción de un regreso a los años más críticos del conflicto armado a la realidad. Este crimen, con el que los grupos buscan fortalecerse utilizando como carnada a menores de edad, registró en 2024 un crecimiento del 19,5 % con respecto al año anterior.

(También le puede interesar: ¿Sobre qué hablaron el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli?)

El país aún tiene fresco en la memoria el caso del niño de 15 años -en Argelia, sur del Cauca-, que fue sacado a la fuerza de su casa y, en un intento de resistencia, corrió para escapar de sus captores y fue asesinado por la espalda. 

El hecho conmovió sobre una realidad que vivieron 409 menores de edad en diferentes rincones del país, muchos de los cuales hoy engrosan las cifras de los grupos armados y son "carne de cañón" en los enfrentamientos que también se han intensificado en el último año. La crisis en el Catatumbo, que motivó la declaratoria de conmoción interior en la región, es una muestra de ello. De hecho, en la retoma que lidera la fuerza pública en ese territorio, un niño fue rescatado de los tentáculos de las disidencias. 

Fuentes de inteligencia de las fuerzas militares han advertido, además, sobre el uso y entrenamiento de los menores de edad reclutados en la conducción de drones. A finales del año, el Ejército rescató a un menor de edad del 'frente Ismael Ruiz' de las disidencias, que en el sur del Tolima fue el encargado de accionar el dron explosivo que afectó la pista aérea del municipio de Planadas. Y a otro, del 'Frente 26 de marzo', que había sido usado como piloto del dron en el atentado contra la estación de policía de Anzoátegui.

(Lea además: Las irregularidades por más de 14 mil millones que halló la Contraloría en la Universidad del Pacífico)

De acuerdo con la información reportada por la Defensoría, el 61 % son niños y el 39 % son niñas. El principal blanco, debido a la condición de desprotección y exposición en los territorios que enfrentan, son los indígenas, con el 51 %. Los menores de edad que no pertenecen a ningún grupo étnico representan el 27 %, y el 6 % son afrocolombianos.

El reclutamiento de niños y niñas, cuya edad promedio según el último estudio del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar es de 14 años, es un crimen de lesa humanidad que ha estado presente en las tácticas de los grupos armados desde el mismo origen del conflicto.

La extinta guerrilla de las Farc enfrenta actualmente una imputación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el uso de 18.677 menores de edad en la guerra y las violencias derivadas, como los delitos sexuales intrafilas.

Esta grave infracción al Derecho Internacional Humanitario es ahora reproducida por los grupos residuales, que buscan sumar combatientes de esta población, de especial protección constitucional, a través de amenazas, engaños y convencimientos.

(Complemente su lectura: ¿A qué facultades no podrá acudir el Presidente tras descartar el estado de emergencia económica por crisis en el Catatumbo?)

Según las cifras de la Defensoría, las disidencias en general son las perpetradoras del mayor número de casos, con 162. Le sigue el Estado Mayor Central, con 135. Así mismo, hay 84 casos asignados a grupos sin identificar, nueve al ELN, siete a la 'Segunda Marquetalia', siete al 'Clan del Golfo' y cinco al crimen organizado.

El mes de mayor ocurrencia, que está haciendo efecto espejo este año por el pico de otras cifras de violencia como las masacres y los homicidios selectivos, fue enero, con 62 casos. Marzo tuvo 58 y a partir de ahí, los casos empezaron a reducirse gradualmente, con pequeños picos en julio y octubre, hasta cerrar diciembre con 12. 

Desagregando esta cifra por regiones, Cauca, donde fue asesinado el menor que se reusó a ir con los guerrilleros, puntea la lista con una ventaja abismal al resto de departamentos. De acuerdo a la radiografía que entregó la Defensoría, este departamento presentó 300 casos en 2024. Le sigue Putumayo, con 20, Valle del Cauca, con 18, y Huila, con 13. Las demás regiones, que agrupan 11 departamentos, registraron 58 hechos.

A finales de diciembre, cuando el país lloraba la muerte del niño caucano, el presidente Gustavo Petro planteó una solución para frenar la escalada en las cifras del reclutamiento, situación que no solo advirtió el Ministerio Público, también los organismos internacionales, como la Oficina de la ONU Derechos Humanos. 

“El reclutamiento y asesinato sistemático de menores de edad es un crimen contra la humanidad en cualquier lugar del mundo que se realice. Si hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños, lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia”, publicó en su cuenta de X.

(Notas relacionadas: Las otras regiones en las que se puede desatar una crisis como la del Catatumbo)

Sin embargo este anuncio no cuenta con mayor sustento jurídico. "Para acudir a las instancias internacionales como la I es necesario haber agotado las instancias nacionales. Se trata de mecanismos subsidiarios, no alternativos", aseguró el constitucionalista Luis Gilberto Guerrero. 

En ese sentido, algunas voces sugieren que endilgarle el problema a las instancias internacionales, enviaría un mensaje equívoco de que la justicia colombiana no funcionó para poner fin a un flagelo interno. "Para poder acudir a la I habría que acreditar que se agotaron sin éxito las vías internas", agregó Guerrero. 

En ese caso, solo se podría activar este canal si se demuestra que la justicia del país es inoperante. "La Corte Penal Internacional no funciona como un juzgado. La I hace seguimiento a diferentes actuaciones. Entre esas, hace mucho tiempo tiene a Colombia bajo la mira, y cuando la Corte valida que, a pesar de que hay varios crímenes de lesa humanidad, el Estado no quiere hacer nada o no puede hacer nada, solo en ese caso entra a operar. Pero nunca es iniciativa de un particular o de un Gobierno", explicó el abogado Francisco Bernate. 

Mientras tanto, los organismos ofrecen otra serie de conceptos mucho más aterrizados y prácticos para proteger a la población civil. La ONU Derechos Humanos, Unicef y la Defensoría coinciden en que solo llegando a los territorios, con presencia integral del Estado en materia de educación, salud y seguridad, se lograría truncar el ascenso de este trágico indicador.

(Otros temas: Procuraduría alerta sobre desescolarización de 46 mil niños por violencia en el Catatumbo)

Redacción Justicia