Procuraduría alerta sobre desescolarización de 46 mil niños por violencia en el Catatumbo

En medio de la crisis de orden público en el Catatumbo, que llevó al Presidente a declarar el estado de conmoción interior y la emergencia económica, la Procuraduría centró su atención en la situación de los niños, niñas y adolescentes, quienes, debido al riesgo del accionar armado de los grupos ilegales en la región, se encuentran en situación de desescolarización.

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El Ministerio Público envió a la zona una Comisión Humanitaria Extraordinaria que se ha reunido con las autoridades de la fuerza pública y los entes territoriales, anotando las conclusiones de sus balances y reclamos.

Luego de cuatro días de enfrentamientos, que han dejado un saldo de al menos 60 personas asesinadas, 16 mil desplazadas y mil confinadas, y tras la atención urgente del Gobierno que desplegó un plan de pie de fuerza en más de siete municipios afectados, la Procuraduría ha constatado que "persisten los riesgos contra la vida e integridad de las comunidades", destacando que cerca de 46 mil niños no han podido iniciar las clases debido a las hostilidades en la región.

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La cifra de desplazamiento, que sigue aumentando de manera acelerada, da cuenta de, hasta el momento, 16 mil personas. De ellas, 10 mil han llegado a Cúcuta y 6 mil a Ocaña, provenientes de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.

Frente a esta realidad, el Procurador General, Gregorio Eljach, advirtió que más del "35 % de esta población, que manifiesta ser desplazada por la violencia en sus territorios, corresponde a niños, niñas y adolescentes".

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Otra de las poblaciones de especial protección, que ha sido duramente golpeada por la violencia, son los firmantes de paz. La Procuraduría también conoció el alto nivel de amenaza en el que se encuentran ellos y sus familias, especialmente aquellos que adelantan su proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial de capacitación y normalización de la vereda Caño Indio, quienes "fueron declarados objetivo militar por el ELN".

Según las cifras de Indepaz y la información reunida por la Procuraduría en reuniones con los líderes de la región, se reporta que hasta la fecha han sido asesinados seis firmantes de paz y hay otros de los que se desconoce su ubicación.

"La Procuraduría seguirá en el territorio para garantizar la vigencia plena del Estado de derecho", afirmaron.

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La Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia también elevó su preocupación por las consecuencias de la escalada violenta sobre la población de especial protección, como los menores de edad y los líderes sociales, quienes han quedado en medio del fuego cruzado.

"Condenamos las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y abusos perpetrados por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde la semana anterior", dijo Juan Carlos Monge, representante encargado.

Además de la desescolarización de los 46 mil niños, niñas y adolescentes, la Oficina confirmó, entre los homicidios reportados hasta la fecha, la muerte de dos defensores de los derechos humanos: los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, "así como múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta", informaron.

Redacción Justicia