Colombia está al filo de los 10 millones de víctimas: ¿cuáles son los nuevos hechos y el estado de la reparación?

9.912.173. Este es el último número en el contador del Registro Único de Víctimas que día a día sigue corriendo. Al filo de los 10 millones y con un conflicto armado de más de cincuenta años que sigue reciclándose en nuevas violencias, se puede decir que el 19 % de la población colombiana ha sufrido los embates de la guerra.

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En el Día Nacional de las Víctimas, conmemorado el 9 de abril en honor a la muerte del caudillo político Jorge Eliécer Gaitán, estas heridas vuelven a quedar expuestas y se pasa al banquillo al Estado colombiano para evaluar su respuesta a la atención y garantías de no repetición. 

Uno de los principales retos es la reparación. Para atender un postconflicto con semejante cantidad de víctimas se ideó un programa ambicioso. Sin embargo, según la defensora del Pueblo, Iris Marín, "la planeación de metas y la destinación de recursos es insuficiente para el universo de ellas". 

La Ley de Víctimas tiene vigencia hasta 2031. Para ese año, se estima que habrán sido indemnizadas 2 millones 150 mil personas, de una cifra casi cuatro veces mayor y que sigue en expansión. 

Según el Conpes 4031 de 2021, se proyecta que los distintos sectores del Estado inviertan cerca de $142 billones en su asistencia, atención y reparación integral durante la próxima década, pero la materialización en soluciones tangibles sigue rezagada.

"La atención psicosocial es muy reducida en comparación con los daños emocionales y a la salud mental que se han causado y la soledad y tristeza en la que conviven las víctimas", agregó la Defensora.

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Tampoco se refleja en los puntos físicos de atención. De los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas, 18 han reducido sus operaciones, “lo que compromete la esencia de estos espacios”, concebidos como el puente entre el Estado y las víctimas para comunicarles y ofrecerles la oferta institucional. 

Actualmente, hay 7.728.875 víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley. De ese total, 2.183.298 son personas asesinadas, desaparecidas o que, por distintas circunstancias, no pueden acceder a las compensaciones.

Desde 1997, 1.855.958 víctimas han sido resarcidas mediante 1.563.672 compensaciones económicas —pues una misma persona puede ser reparada por más de un hecho victimizante—. Una cifra que evidencia la larga espera en la que permanece casi el 80 % de quienes padecieron antiguos crímenes del conflicto.

Mientras aguardan el recado del Estado, nuevas personas engrosan el Registro Único por hechos recientes, ligados a las nuevas dinámicas del conflicto. La firma del acuerdo de paz con las Farc marcó el punto cero de una tendencia que venía descendiendo desde 2006. Sin embargo, en el periodo 2021–2025 volvió a repuntar.

En el último quinquenio, 1.162.094 víctimas han sido incorporadas al registro, junto con 1.473.044 nuevos hechos victimizantes, asociados a la presencia y los enfrentamientos de los grupos residuales del postconflicto.

El evento que más víctimas ha cobrado es el desplazamiento forzado. Con 8.833.374 personas afectadas, la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional hace más de 20 años, una situación que aún no se supera. De hecho, solo este año más de 50.000 personas han huido de sus municipios en el Catatumbo, por la escalada de enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias. Esta cifra duplicó la registrada en 2024, cuando fueron desplazadas 25.611 personas.

"El desarrollo actual de un CONPES para soluciones duraderas es esperanzador pues puede ser un instrumento para remover bloqueos institucionales para garantizar los derechos a ingresos, vivienda, retornos, reubicaciones e integración local de personas desplazadas", afirmó la Defensora. 

Le sigue el homicidio, con 1.128.017 personas asesinadas por razón del conflicto, así como la amenaza, con 771.387 casos. La desaparición forzada también figura en este deshonroso listado, con 201.270 víctimas. De hecho, la Unidad de Búsqueda —hija de los acuerdos de paz— tiene un universo de más de 124.000 personas, lo que convierte a Colombia en el país con más desaparecidos de la región.

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Y no son un crimen del pasado. Según la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Janeth Forero, luego de la firma del acuerdo se siguen presentando casos relacionados con los ocho conflictos armados que según el Comité Internacional de la Cruz Roja siguen activos. Se estima que entre 2016 y 2024 ocurrieron al menos 1.000 casos.

En el balance entregado por la Defensoría del Pueblo, la directora de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, y el director de la Unidad de Restitución de Tierras, mayor Giovanny Yule, celebraron los avances del Sistema Integral, pero también hundieron el dedo en la llaga en los pendientes con las víctimas.

En cuanto a la JEP, la Defensora dijo que subsisten retos en los tiempos para expedición de las sentencias. "Es necesario garantizar que las sanciones restaurativas se implementen y sean sanciones penales efectivas. También se debe reforzar el trabajo para esclarecer las violencias de género, sexuales, reproductivas y por prejuicios", esta última investigación del caso 11, que sigue estando cruda.

Así mismo, destacaron los aportes del Informe de la Comisión de la Verdad, pero pidieron mayor seguimiento a sus recomendaciones. Y, por último, pusieron el foco en las nuevas formas de victimización.

"Los grupos armados, fragmentados, llevados por intereses económicos son responsables de que la paz no se consolide en nuestro país. Es hora de hacer un llamado enfático para que se comprometan. Son nuestras madres y padres, nuestros hermanos y hermanos, nuestros hijos e hijas, nuestros abuelos y abuelas, las personas que un día vieron sus vidas truncadas por la violencia, la desesperanza y el desarraigo, necesitan hoy que los grupos armados se pongan verdaderamente del lado de la paz", aseveró Marín. 

Redacción Justicia