Tensiones entre la JEP y el Mindefensa por búsqueda de desaparecidos en la Escuela de Logística: se alteró la zona

El Batallón Escuela de Logística del Ejército, enclavado en los cerros orientales de Bogotá, es ahora escenario de una intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la búsqueda de desaparecidos. La prospección se realizó en atención a una solicitud para hallar a Pedro Movilla, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado colombiano responsable de su crimen.

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Pedro Julio Movilla era dirigente del Partido Comunista Marxista Leninista y del Frente Popular. Desapareció el 13 de mayo de 1993, hacia las 8:00 a. m., en las inmediaciones del colegio John F. Kennedy, ubicado en la carrera 68 con Primera de Mayo, después de dejar a su hija.

Todas las pesquisas apuntaban a la Brigada XX del Ejército Nacional, unidad militar que, según los denunciantes, “llevaba acciones de seguimiento en su contra”.

El caso llegó a la JEP, donde el sargento José Leonairo Dorado —quien buscaba ser acogido por la Jurisdicción— aportó información sobre el posible homicidio de Movilla y su inhumación clandestina en el Batallón de Logística y Contrainteligencia. También señaló que en ese lugar podría estar el cuerpo de Irma Franco, exmilitante del M-19. Sin embargo, la intervención se realizó en atención a la solicitud del exdirigente del Partido Comunista.

En septiembre del año pasado se profirió una medida cautelar sobre el lugar que prohíbe cualquier tipo de alteración en la zona, con el fin de proteger los trabajos forenses. También se vinculó al Ministerio de Defensa con el fin de que rinda un informe sobre el estado actual de las instalaciones y de los "túneles que existen en el sitio, los cuales, al parecer, conectaban con la vía antigua a la ciudad de Villavicencio, indicando con precisión hacia dónde conducían y hasta qué fecha permanecieron abiertos".

Sin embargo, cuando en febrero pasado llegaron al polígono previamente delimitado con base en testimonios de los comparecientes, encontraron un hueco cavado.

"Estaba perfectamente delimitado como si fuera una tumba", le dijo a este diario una fuente de la Jurisdicción. Las dimensiones eran de 1.30 metros de largo por 93 centímetros de ancho y 1.40 metros de profundidad. 

Este fue el primer campanazo de posibles irregularidades de del Ejército, incluyendo su coronel, teniente Jorge Emerson Melgarejo, quienes se excusaron en que la fosa fue abierta para enterrar material biológico. 

El argumento no fue suficiente para la magistrada María del Pilar Valencia, autora de la medida cautelar, quien abrió un incidente de desacato ante la Fiscalía contra el ministro de Defensa de la época, Iván Velásquez; el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo; y el coronel Johan Slead Gélvez Peña, comandante del Batallón de Contrainteligencia.

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Actualmente, la Fiscalía adelanta la investigación del caso por el presunto delito de fraude a resolución judicial y la magistrada Valencia citó a descargos al coronel Melgarejo para determinar si hubo una posible violación de las órdenes de custodia. 

Blu Radio reveló que el día de ayer se reunió el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, con el Ministro de Defensa, en la que se trató la presunta violación de la medida cautelar. 

Durante la intervención, según fuentes que estuvieron presentes en el encuentro, Ramelli le comentó al general (r) Pedro Sánchez que no había ninguna posibilidad de que, entre las 200 hectáreas del Batallón, los militares hubieran cavado justo en la zona de la intervención para enterrar material biológico. Sin embargo, el ministro le respondió que podría tratarse de una coincidencia.

Hasta el momento, en el Batallón se han encontrado, en diferentes ocasiones, algunos restos humanos. Aunque siguen en proceso de identificación, fuentes de la JEP aseguraron que no ha sido posible extraer ADN de las piezas óseas, debido a su avanzado deterioro.

Redacción Justicia