Con fantasma de la descertificación, Gobierno triplicó meta de erradicación de 2025 en 30.000 hectáreas

Con el fantasma de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico rondando en la tensa relación con la Casa Blanca, el gobierno del presidente Gustavo Petro empezó a enviar señales de ajuste de su política antinarcóticos. La primera decisión es multiplicar por tres la discreta meta de destrucción de narcocultivos, que para 2024 se estableció en apenas 10.000 hectáreas (la cifra más baja en la historia de la lucha contra los narcos) y que finalmente no se logró (el año cerró en poco más de 9.400 hectáreas).

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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le confirmó a EL TIEMPO que este año se erradicarán 30.000 hectáreas. Según fuentes oficiales serían 20.000 a través de fumigación en tierra y otras 10.000 destruidas por métodos manuales (arrancar la mata). Las 20.000 implican otro giro en la política del presidente Petro: después de dos años, los equipos de erradicadores forzados volverán a usar glifosato aplicado a través de bombas manuales, pues no se trata del regreso de las fumigaciones aéreas.

Este diario reveló ayer los cuatro contratos que se publicaron en el Secop y que serán ejecutados por la Policía Antinarcóticos para adquirir un “plaguicida químico de uso agrícola con composición garantizada de ingrediente activo glifosato”. El negocio vale 7.700 millones de pesos. 

Este miércoles, el presidente Petro señaló en un trino que “la política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja (de coca) y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”. 

Sin embargo, su ministro de Defensa confirmó la puesta en marcha de la estrategia de erradicación forzada, una necesidad dada la disparada en el país tanto de los cultivos (253.000 hectáreas en 2023, según la ONU) como del potencial de producción de cocaína, que llegó a las 2.664 toneladas, un 53 por ciento más que en 2022.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el regreso al uso del glifosato está en fase de contratación. “Estas son herramientas legales, estratégicas y disponibles que se emplearán según la dinámica que se vaya presentando”. Y agregó: “El señor Presidente de la República lo que menos quiere es el empleo del glifosato. Estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es la sustitución de cultivos ilícitos, pero por compromisos adquiridos vamos paralelamente avanzando en el proceso de contratación. Esperamos que ojalá funcione bien la sustitución para que no sea necesario emplear este método”.

Entre tanto, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, fue enfático en que la erradicación con el químico se hará terrestre y manual, ya que la aspersión aérea no se utiliza desde el 2015, en el marco de las negociaciones con las extintas Farc y de un fallo de la Corte Constitucional que endureció las condiciones para el uso de los aviones antinarcóticos.

Cabe destacar que, aunque Colombia batió en 2024 el récord en incautación de cocaína, la disparada de los narcocultivos y de la producción son un claro ruido en las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, tanto el Departamento de Justicia de ese país como el de Estado han enviado señales sobre la molestia con la falta de resultados en la lucha contra la coca que podría traducirse en una descertificación a Colombia y la aplicación de sanciones, todo esto en medio de la turbulencia en el mundo generada por la agresiva política de aranceles de la nueva istración en Washington.

Ahora bien, el glifosato volvería al ‘arsenal’ de las brigadas antinarcóticos terrestres en el segundo semestre. Con su uso, que se había suspendido en los dos últimos años, se busca enderezar uno de los indicadores en rojo en la política de seguridad y control territorial del Gobierno. De hecho, los narcocultivos siguen siendo uno de los principales botines de guerra para el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’ en Catatumbo, Antioquia, Cauca, Arauca, Putumayo y Nariño, que están entre las regiones más golpeadas por los violentos.

Como ha sido la constante desde 2023, el comienzo del año ha sido malo en materia de erradicación. Hasta la fecha, según el general Triana se han destruido 1.157 hectáreas con el despliegue de 1.200 policías en distintas zonas del país. De hecho, en enero y febrero no se arrancó ni una mata de coca en toda Colombia. Tanto la ampliación de la meta –que sigue siendo baja comparada con los resultados históricos– como el hecho de reconsiderar el uso de glifosato, aunque sea en tierra, demuestran la preocupación que hay en Casa de Nariño por el riesgo de caer en la ‘lista negra’ de la lucha antinarcóticos elaborada por Estados Unidos.

Los documentos conocidos por este diario señalan que para la aspersión terrestre se usará una dosis mínima de 10 litros de glifosato por cada hectárea de coca a erradicar. También, que quien suministre el químico deberá entregar “la hoja de seguridad que evidencie que el producto ofertado tiene aprobación para ser usado en el control de coca”.

Además del agente químico que se usará, la Dirección Antinarcóticos de la Policía avanza en la búsqueda de proveedores para fases clave de la implementación. El más relevante tiene que ver con el manejo ambiental y la mitigación de daños colaterales del uso del químico.

La estrategia contempla el uso del glifosato en los cultivos existentes en nueve “núcleos” de la producción coquera: Caucasia, Norte de Santander, Larandia-Villagarzón (Caquetá-Putumayo), Buenaventura, Cauca, Tumaco-Chachagüí (Nariño), Condoto (Chocó), San José del Guaviare y Cumaribo (Vichada).

Redacción Justicia