Los caminos que abre la histórica aceptación de ex-Farc por secuestro

Dos abuelos que se funden en un abrazo entre llanto, después de confrontar a quienes le quitaron la libertad a su hijo y los hundieron en la incertidumbre de no saber su paradero.

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Un sargento de la Policía que sobrevivió a un secuestro de 13 años, y que habla sin dejar de sostener unas cadenas como las que lo obligaron a usar en cautiverio. Una hija que pide, con la rabia más legitima, saber el paradero de su padre, desaparecido tras ser retenido hace 17 años.

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Un agente que, por las secuelas de su secuestro, nunca más pudo usar el uniforme de su institución, y que se derrumba contando que fue violado por sus carceleros.

Una mesa de siete antiguos señores de la guerra que decidieron hacer la paz, y que durante tres días escucharon —avergonzados, conmovidos, contrariados— esos testimonios y reclamos de 29 de las más de 21.000 víctimas de secuestro de las Farc, la guerrilla que dirigieron.

Los siete excomandantes, que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en enero de 2021, dejaron de lado las justificaciones y los eufemismos y aceptaron, con todas sus letras, los crímenes de guerra y lesa humanidad causados a sus víctimas.

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“El secuestro jamás ha sido algo que nos enorgullece. Es una deshonrosa carga que llevamos sobre los hombros. Guardamos la esperanza de que algún día se nos cubra con el manto liberador del perdón”, dijo Rodrigo Londoño, el último máximo jefe de las Farc, durante el cierre final de la audiencia de reconocimiento, que se desarrolló entre el martes y el jueves de esta semana.

La diligencia fue presidida por la magistrada Julieta Lemaitre —cabeza del macrocaso 01 de la JEP, sobre secuestro— y quedó documentada en 31 horas y 28 minutos de transmisiones en directo a las que se conectaron miles de personas, además de los más de 150 asistentes que llegaron cada día a la biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, para presenciar la audiencia.

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Más allá de ser un insumo clave para imponer las primeras condenas contra los excombatientes, la audiencia representa un paso indispensable para la reconciliación del país y el proceso de perdón, individual, que gestiona cada víctima.

Tal como ocurrió a finales de abril con el macrocaso 03, sobre ejecuciones de civiles a manos de militares (los ‘falsos positivos’), en esta oportunidad las víctimas pudieron relatar cómo los secuestros cambiaron sus vidas y las de sus familias, y encararon —desde el diálogo— a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, los imputados.

Todas las víctimas volvieron a resaltar la importancia de la verdad para sanar. Como dijo el excongresista Orlando Beltrán, quien estuvo 6 años en poder de las Farc: “Quiero que esta aceptación sea primero condicionada a la verdad. No hay nada más reconfortante para una víctima que se le diga la verdad”.

Y allí, separados por una mesa a siete metros de distancia, sin ningún arma distinta a la palabra y sin la intimidación que es inherente a la violencia, los exjefes guerrilleros enfrentaron cada uno de los interrogantes.

A varios no pudieron responder, alegando que no fueron los ejecutores directos, pero se comprometieron a indagar con sus subalternos para contestar a las demandas de las víctimas, que durante los tres días reiteraron que esperaban más profundidad y detalles, en particular sobre los secuestrados que continúan desaparecidos.

“Reconocemos el dolor a quienes no pudieron criar a sus hijos, a quienes murieron en cautiverio y quienes están desaparecidos. Tenemos responsabilidad política de buscarlos y calmar el dolor”, dijo Pastor Alape, quien también itió que durante los secuestros se sometió a las víctimas a trabajos forzados y tratos crueles y tortuosos.

“Es una cosa demencial. De locos. Eso no tiene nada que ver con una organización que quiere transformar una sociedad”, dijo Granda sobre el ensañamiento —con bombas incluidas— contra familias de comerciantes a las que extorsionaron y secuestraron.

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“Fueron vaciados de su contenido humano y se objetivizaron con fines mercantilizantes, donde a la mercancía humana se le pone un precio, se realizan intercambios por otro familiar teniendo siempre la equivalencia en dinero”, dijo Toncel, quien aceptó que llegaron “a extremos” como secuestrar niños y ancianos y hasta cobrar por la liberación de personas pese a que ya habían sido asesinadas en cautiverio.

Catatumbo reconoció, incluso, que algunos rehenes fueron desmembrados para desaparecer sus cadáveres. “El secuestro me vergüenza a mí y avergüenza a las Farc”, agregó el excomandante (quien también vivió este crimen cuando paramilitares secuestraron y desaparecieron a su hermana).

Londoño arguyó que si bien “no fue una política de la organización”, sí “hubo hechos de violencia sexual”, y expresó que resulta inaceptable haber incurrido en “prácticas que llegamos a considerar necesarias como el uso de cadenas y largas caminatas”.

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En medio de esos reconocimientos que salieron a la luz en los tres días de audiencia, también hubo solicitudes de perdón a las víctimas y al país por la barbarie de los secuestros.

No obstante, para el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas Daniel Vargas, quien representa a más de 1.000 víctimas de secuestro, “las expectativas no fueron satisfechas a cabalidad”, pues faltaron “aportes a la verdad amplios sobre los hechos particulares de las víctimas”.

El abogado reconoció, sin embargo, que “el haber tenido un espacio de diálogo directo entre víctimas y victimarios y encontrar humanidad entre ambos resultó muy provechoso. Algunas víctimas incluso decidieron conceder perdón públicamente a los comparecientes”.

Un día después, Daniela Arandia –la hija del geólogo Gerardo Arandia, secuestrado y desaparecido hace 22 años–, le dijo a EL TIEMPO: “Para mí es muy valioso haberlos escuchado y sentir que han comprendido el daño que causaron. El perdón es completamente personal, y yo perdoné hace mucho. Lo más valioso es que se dio un paso para sanar, pero también para avanzar en el proceso de búsqueda”.

Pero cada caso es diferente. Héctor Angulo, hijo de Gerardo Angulo y Carmen Castañeda –quienes tenían 68 años cuando fueron retenidos–, expresó que sentía vergüenza de itir que no había perdonado a los exguerrilleros. “Es normal sentir rabia”, le dijo una de las magistradas de la JEP, y le recordó que no está obligado a perdonar.

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“Yo los perdonaré el día que me digan: ‘Encontramos los restos de su hijo para darles cristiana sepultura’. Es lo mínimo que puedo pedir”, les dijo Vladimiro Bayona a los imputados.

Estos testimonios dan cuenta de la complejidad del proceso, pero también muestran el carácter restaurativo de la audiencia, que es apenas el inicio del proceso de la JEP para esclarecer las verdades del secuestro y sancionar a los responsables.

En las próximas semanas, el alto tribunal empezará a escuchar a 52 antiguos mandos medios de las Farc citados en la segunda fase de audiencias, que dejarán más respuestas para tratar de satisfacer las expectativas de las víctimas.

JULIÁN CAMILO RÍOS

Redacción Justicia

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