Alias Karina: los abusos sexuales y atrocidades cometidas por su bloque

Sonia* tenía 15 años cuando fue reclutada por el bloque ‘José María Córdova’ de las Farc, del que hizo parte –como jefa del frente 47– la temible excomandante guerrillera Elda Neyis Mosquera, alias Karina. Estaba al mando de alias Limón, quien, al tercer día, la hizo llevar a su cambuche, amarrada y con los ojos tapados para violarla, casi todos los días, durante tres meses.

(Puede leer: Fusilamiento de niños reclutados por Farc: horror que revela caso de Karina)

Nidia* fue víctima de violencia física, sexual y de desplazamiento forzado por el mismo bloque cuando intentó buscar a su hija de 12 años que fue reclutada en Argelia, Antioquia, cuando salía del colegio, junto a tres compañeras más. 

A punta de preguntas llegó a un campamento junto con las otras madres y ‘Karina’ en persona le dijo que para qué las querían de vuelta, si era para llenarse de nietos, “que lo mejor que había era que fueran mujeres fuertes”.

Y luego, según el testimonio, la misma ‘Karina’ le dijo a uno de sus hombres que sí querían ‘disfrutar’, que pasaran. La violaron cinco hombres y luego le dieron dos horas para irse del pueblo. Luego supo que doña Elvia, otra de las mamás, fue asesinada por reclamarles a los guerrilleros.

María* se resistió al reclutamiento de sus hijos menores y ‘Jorge’, ‘William’ y otro guerrillero, en represalia, se la llevaron a una casa, la amarraron a un palo y por tres días la golpearon y la violaron.

“Me mordieron los senos, me daban patadas, me metieron el pene en la boca, me destrozaron la parte que une el ano con la vagina, también utilizaron las puntas de las armas (…) El tercer día siguieron violándome (y) cogieron unos chuzos y me los metieron por todas las uñas de las manos y de los pies… me sentía más muerta que viva”.

Estos son solo tres de 51 casos de violencia basada en género perpetrada por dicho bloque documentados en la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, de 5.964 páginas, en contra de alias Karina y otros ocho ex-Farc.

(En contexto: ‘Karina’ y ocho ex-Farc, a punto de ser condenados en Justicia y Paz)

La decisión, sustanciada por el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, es la primera condena contra exintegrantes de las extintas Farc en ese sistema de justicia transicional creado tras la desmovilización de los grupos paramilitares.

‘Karina’ fue una de las más temidas comandantes. Entró al grupo a los 17 años en Turbo y tiene en su cuerpo las secuelas de la guerra: perdió un ojo, tiene una herida de fusil en un brazo, poca funcionalidad en el oído derecho y perdió el seno izquierdo.

Se entregó a las autoridades en mayo de 2008 junto a su compañero sentimental conocido como ‘Michín’. Salió del campamento en el que mandaba con una bolsa de ropa y una pistola 9 milímetros.

La sentencia versa sobre el Bloque José María Córdova de las Farc, que estuvo compuesto por 11 frentes: el 5, 9, 18, 34, 36, 47, 57, 58, el Jacobo Arenas, el móvil Mario Vélez y el Aurelio Rodríguez; con injerencia en Antioquia, Risaralda, Caldas, Chocó y Córdoba. Y detalla un panorama de 3.358 crímenes atroces, de lesa humanidad y de guerra que cambiaron para siempre la vida de 2.172 personas reconocidas como víctimas.

(Lea también: Desaparición forzada: el drama que encaran casi 100.00 familias en Colombia)

Los actos reseñados hacen parte de un patrón de violencia basada en género que, dice el fallo, fue usada para mantener poder; para el control territorial mediante abusos a mujeres señaladas de ‘colaborar con el enemigo’, y para el control intrafilas mediante el aborto forzado.

Pero los hechos no solo se dieron contra mujeres. Un menor de edad reclutado por el frente quinto, entre octubre y diciembre de 2003, fue violado, según dijo, por alias Richard: “Yo siempre le decía que a mí no me gustaba eso, yo trataba de salirme, pero no era capaz, era un niño”.

Por casos como este, el tribunal le ordenó a la Fiscalía que documente casos de violencia sexual con víctimas hombres para que impute cargos a los responsables.

Las atrocidades del frente incluyeron los fusilamientos de menores reclutados tras consejos de guerra como consecuencia de “faltas graves”, que podían incluir cosas como ‘robar’ un pedazo de a, la “desmoralización” o el “relajo” (sobre el comportamiento sexual) y para combatir las “infiltraciones”, que implicaron la desaparición de sus cuerpos. Esta práctica es tan grave que el tribunal le ordenó a la Fiscalía que ahonde en la ubicación de fosas comunes.

Se documentaron 212 casos de reclutamiento ilícito con 323 víctimas del bloque, principalmente en Antioquia, que se lograron por la fuerza, engaño y con persuasión y desde incluso los 5 años hasta los 17.

(Lea: Los retos y avances del proceso de paz en Colombia, según informe de la OEA)

Los reclutados fueron víctimas de homicidio, violencia sexual y aborto forzado y su conducta se asoció al desplazamiento forzado de la sociedad civil con 368 hechos que afectaron principalmente a los municipios de San Luis, Samaná y Argelia.

“La región de influencia armada del bloque Noroccidental de las Farc fue estigmatizada, como zona de colaboración o presencia de los grupos paramilitares, amén de lo cual la agrupación guerrillera cometió las más execrables violaciones de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario contra la población civil; entre ellas, el desplazamiento forzado de personas de sus territorios”, dice la sentencia.

Igualmente, dicha estructura fue responsable de 158 secuestros entre 1991 y 2006, excluyendo el lapso entre 1993 y 1995. Fueron principalmente extorsivos y por control territorial, de personas que desconocían las reglas sociales que imponía la guerrilla, para imponer temor y como consecuencia de tomas guerrilleras y de las infames ‘pescas milagrosas’.

‘Karina’, que está en libertad a prueba, dijo que, estando al mando del frente 47, esas ‘pescas’ se usaron como una forma de financiamiento: “Se les retenía y luego se les pedía por su rescate”.

(En otras noticias: Así viven en el pueblo donde no se registran homicidios hace más de 20 años)

Un policía plagiado en la toma guerrillera de San Luis, Antioquia, en diciembre de 1999, relató además cómo en los desplazamientos amarraban a los secuestrados del cuello, la cintura y el antebrazo.

“Nos ponían a cargar los víveres, nosotros hacíamos los cambuches, siempre nos mantenían amenazados de que el campo alrededor estaba minado, había semanas que el baño se demoraba tres días o cinco días. Lo más tedioso era ir a las letrinas o huecos ya que en su mayoría las que nos llevaban eran mujeres y ellas tenían que constatar que en realidad hacíamos nuestras necesidades”, narró.

El uniformado, además, contó que había épocas en que solo comía un poco de sopa dos veces al día y que los guerrilleros se orinaban en el agua que les daban o les escupían la comida.

Del secuestro en general, la mayoría duraba hasta 15 días, pero hubo casos de seis meses y uno de más de seis años. La terminación se dio por pago, gestión humanitaria y hubo 19 muertes en cautiverio. Y las víctimas fueron principalmente agricultores, comerciantes, trabajadores del Estado e, incluso, estudiantes.

El bloque ‘José María Córdova’ realizó a gran escala incursiones armadas o ‘tomas’ que involucraron, además de secuestros, los homicidios y el desplazamiento que no fueron eventos aislados, “sino la acumulación de agresiones, perpetradas todas ellas como una práctica criminal con políticas, planes y finalidades definidas desde la comandancia y plasmadas en diversas reglas que regían al grupo, ejecutadas con logística y modos de operar similares”.

(Puede leer: La historia del pueblo que sufrió 248 ataques de Farc y sigue en pie)

Pero como la Fiscalía incluyó estas acciones como enmarcadas en otros delitos y no como un patrón propio de macrocriminalidad de la estructura, el tribunal ordenó seguir con las pesquisas para encontrar a los responsables y a sus financiadores.

Y se llamó la atención sobre la violencia ejercida en el corregimiento de La Arboleda de Pensilvania, Caldas, víctima de varias de esas tomas, por lo que la sentencia lo declaró como “sujeto de reparación colectiva”, así como el municipio de Argelia y el corregimiento de Puerto Venus de Nariño, en Antioquia.

La decisión judicial exhortó al Ministerio Público y a la Unidad de Víctimas que conformen una comisión especial en asocio con las secretarías ambientales con el objeto de identificar y establecer los daños y perjuicios ambientales que se pudieron ocasionar con el accionar ilegal del Bloque José María Córdova, a raíz de los casos de minería ilegal y la explotación de hidrocarburos que desplegó en Antioquia y Chocó, “no solo como explotadores, sino extorsionando a quienes se dedicaban a dichas actividades”.

Así como por la voladura de torres de energía y puentes que, dice el fallo, “ocasionaron en el contexto ambiental perjuicios como la contaminación de agua, aire y suelos con dichas actividades bélicas, agotamiento de fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad y deforestación”.

Por ejemplo, luego de una toma armada en 2006 a Montebonito, de Marulanda, Caldas, hubo un ataque a torres de energía que provocó “grandes perjuicios ecológicos” allí y en Manzanares-Caldas. Ante ello, se ordenó al Gobierno implementar programas de prevención y reintegración de “los postulados con un enfoque ambiental, fomento a la educación sobre la protección ambientalista, los que hagan parte de una reparación colectiva contentiva de mecanismos de verdad, reparación y para tías de no repetición”.

* Nombres cambiados

En Twitter: @Justicia_ET