Mediante un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el retiro de los representantes de Colombia de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Estado es juzgado por el secuestro, tortura y violación de la que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima.
El retiro de Colombia del juicio se produjo este lunes, luego de recusar a cinco de los seis magistrados de la Corte frente a este caso y considerar que con sus preguntas a Bedoya se estaba prejuzgando a la Nación.
"Nuestra más profunda solidaridad con la periodista que viene reclamando justicia desde hace más de 20 años, en un caso que simboliza la violencia que padecen muchas mujeres periodistas en la región", expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP y máximo responsable de la empresa periodística hondureña, Grupo Opsa.
Y Carlos Jornet, , presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario argentino La Voz del Interior, subrayó: "Nos preocupa esta dilación. Esperamos que el caso continúe ante la Corte IDH y que en la justicia local se juzgue a los autores intelectuales y a quienes permitieron su impunidad".
El 25 de mayo de 2000 Bedoya Lima, quien era periodista del diario El Espectador, fue secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo, en Bogotá, mientras esperaba la autorización para ingresar a realizar una entrevista. Durante el secuestro, fue víctima de actos de tortura y violencia sexual. En 2011, la periodista acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de un largo proceso el caso fue presentado ante la Corte IDH.
La audiencia pública, prevista para realizarse durante tres días, del 15 al 17 de marzo, fue suspendida mientras se resuelven las recusaciones de Colombia y la Corte IDH anunció que informará "oportunamente" sobre la reanudación de la misma.
Sobre su actuación en este proceso, la defensa de Colombia, representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), ha dicho que esto no es nada contra Bedoya y que no buscan, de ninguna manera, revictimizarla sino que el Estado sea juzgado en condiciones de objetividad e imparcialidad.
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