En una audiencia pública virtual que puede seguir a través de la página web de
EL TIEMPO, el Estado colombiano responderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000, con ocasión de su trabajo investigativo sobre violencia en las cárceles del país.
La Corte escuchó en audiencia a
Bedoya, quien lidera la campaña
No es Hora de Callar –contra la violencia sexual ejercida hacia las mujeres–, y escuchará a otra serie de testigos y peritos de parte y parte para ampliar el conocimiento sobre la situación y lo que Colombia ha hecho, o no, frente a prevención, investigación, juzgamiento y reparación.
La diligencia comenzó a las 9:15 a. m. hora de Colombia, con una lectura que Antonia Urrejola, relatora para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo del caso. La CIDH presentó, en 2018, un informe de fondo en el que concluyó que Colombia es responsable de la violencia contra Bedoya.
Urrejola recordó que cuando Bedoya fue secuestrada y torturada y los perpetradores dejaron claro que lo hacían por los reportajes que ella venía publicando respecto de violencia en las cárceles.
En su informe de fondo, la Comisión concluyó que Colombia es responsable de lo ocurrido a la periodista por no haber tomado medidas sobre las amenazas que vivió Bedoya antes de su secuestro, y por no haber investigado con diligencia los hechos.
Urrejola señaló que este caso "no fue investigado seriamente por la Fiscalía" y que solo algunos actores fueron condenados, de las Auc, pese a que han pasado más de 20 años.
Tras la intervención de Urrejola, Viviana Krsticevic, directora de Cejil, comenzó con un interrogatorio a Bedoya, en el que en primer lugar le preguntó qué hacía en su labor periodística para la época de los hechos.
Bedoya contestó que hacía parte del equipo judicial del diario El Espectador, y que venía cubriendo conflicto armado y la situación de la cárcel La Modelo, en Bogotá, en donde había tráfico de armas, descuartizamiento y desaparición de personas, entre otras. En esa cárcel confluían todos los grupos armados, dijo Bedoya, quien añadió que estas situaciones pasaban en la cárcel con apoyo de algunos de las fuerzas estatales.
Igualmente, recordó que en 1999 ella y su madre fueron víctimas de un atentado, y pese a que en agosto de ese año pidió protección al Estado, a través de una carta, no le fue asignado ningún esquema y la respuesta fue que "no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad".
Recordó que el 25 de mayo de 2000 ella fue a la cárcel porque, tras recibir amenazas y acudir a la Policía, esta fuerza le dijo que la mejor manera de parar las amenazas era entrevistarse con uno de los jefes paramilitares en la cárcel y le pusieron una cita ese 25 de mayo.
Ese día fue secuestrada en la entrada de la cárcel, frente a una patrulla de la Policía.
Recordó que ese día llegó a la cárcel y mientras su jefe fue a buscar al fotógrafo, a ella la abordaron un hombre y una mujer con un arma, la llevaron a una bodega cercana y la golpearon. Luego la sacaron fuera de Bogotá en un carro, fue víctima de abuso sexual y la dejaron tirada en un descampado.
Añadió que varias veces durante ese recorrido sus captores le decían "que los periodistas se metían donde no debían, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas y que este era un escarmiento para la prensa".
Además, dijo que en la investigación de la Fiscalía, que no avanzó mucho, tuvo que narrar 12 veces su violación, y que ella misma tuvo que investigar su caso en lo que descubrió que había uniformados involucrados y que quien ordenó su secuestro y tortura fue un alto oficial de la Policía.
Me decían que los periodistas se metían donde no debían, que la verdadera plaga no eran ellos sino los periodistas y que este era un escarmiento para la prensa
Por otra parte, ella indicó que las secuelas d este ataque no se han ido. "A mí me mataron la mañana del 25 de mayo del 2000, mi vida se destruyó", contó, al decir que ver todos los días las heridas que le recuerdan la tortura, pero además la impunidad en su caso, no le han permitido cerrar este momento.
La periodista aclaró que nada puede reparar algo que está roto, pero que una medida de reparación sería cerrar la cárcel La Modelo y convertirla en un espacio de memoria, no solo por ella sino por todas las víctimas de desapariciones, descuartizamientos, y muchas violaciones contra los derechos humanos que ocurrieron ahí.
La representación del Estado, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), no interrogó a Bedoya.
En un momento, el director de la Policía habló con el director de donde trabajo actualmente y le dijo que lo mejor era que yo me fuera del país porque ellos no podían garantizar mi vida
Respondiendo a preguntas de uno de los magistrados de la Corte IDH, Bedoya comentó que tras su secuestro no solo ha recibido amenazas, sino que en un momento estuvo secuestrada por las Farc, personas intentaron forzar la entrada en su apartamento, luego se dio cuenta que su esquema de seguridad hacía parte de una red de secuestradores de la Policía.
Además, contó Bedoya que a fuentes que le entregaron información sobre quién había ordenado su secuestro las atacaron. A una persona con la que se reunió lo mataron una hora después de entregarle a ella la información sobre el oficial que ordenó su ataque; a otra fuente, que estaba en una cárcel, la trasladaron a un psiquiátrico y lo drogaron hasta que terminó demente.
"En un momento, el director de la Policía habló con el director de donde trabajo actualmente, EL TIEMPO, y le dijo que lo mejor era que yo me fuera en el país porque ellos no podían garantizar mi vida", contó ella, quien agregó que eso fue muy duro por pensar que si la policía no podía protegerla, entonces quién.
Igualmente le dijo a la Corte que considera que la persona que ordenó su ataque ha sido protegida, pues hace parte de círculos de influencia; y añadió que pese a múltiples testimonios y pruebas, y hasta confesiones que en Justicia y Paz han hecho paramilitares sobre los determinadores de su ataque, nunca han sido llamados a declarar los señalados autores intelectuales de su crimen.
También habló de lo difícil que ha sido seguir haciendo periodismo bajo amenazas constantes, bajo impunidad.
Por otra parte, comentó que le parece que falta muchísimo como Estado para enfrentar la situación de conflicto armado que pervive en el país, un conflicto en el que las mujeres y niñas siguen siendo violentadas sexualmente. Criticó también que casi 4 años después de su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida tras el acuerdo de paz con las Farc, no haya abierto un caso para investigar la violencia sexual en el marco del conflicto.
Respondiendo a otro de los jueces, Bedoya comentó que por sus investigaciones y por investigaciones periodísticas sabe que algunas de las personas de la Fuerza Pública que habrían participado de su ataque siguen activas en la Policía.
Además, dijo que el general de la Policía que fue individualizado como determinador de su ataque no está activo en la institución, pero es una de las personas que manejan a nivel nacional en Colombia oficinas de seguridad privada.
La periodista habló también de cómo la cárcel Modelo sigue siendo un lugar en el que se violan derechos, y de cómo en el 2000 ella iba a consultar a sus fuentes y había paramilitares con armas como fusiles; también contó que había constantes enfrentamientos con granadas, disparos de lado y lado en esta cárcel de Bogotá, en la que confluían personas de distintos grupos armados.
Una violencia sistemática
Bedoya relató ante la Corte IDH que lo que le pasó a ella hace más de 20 años ha sido una violencia continua hasta ahora, por la impunidad, por las amenazas persistentes y porque personas involucradas en su ataque siguen siendo parte en otros crímenes.
"Esto es sistemático y reciclado, la criminalidad sigue siendo manejada por los mismos victimarios, el aparato corrupto sigue haciendo todos estos crímenes y miles de crímenes más", explicó.
Por ejemplo comentó que hace 4 años realiza una investigación periodística sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la que se dio cuenta que esto se convirtió en un gran negocio para los grupos armados. En esa investigación conoció que uno de los jefes de esta estructura en el centro del país es un paramilitar que hace 20 años participó en su crimen.
Recordó también que en 20 años solo hay tres condenas contra autores materiales, pese a que hay más de 20 implicados en su caso, "pero no hay ninguna investigación contra los actores intelectuales, pese a que están identificados en el proceso", dijo.
Entre las peticiones que le hizo a la Corte IDH Bedoya, además del cierre de la cárcel La Modelo para que sea un espacio de memoria, está que la JEP abra un caso para investigar y juzgar la violencia sexual en el marco del conflicto armado.
También le pidió garantías y protección a este tribunal internacional: "Pido garantías de seguridad para mi madre y para mí, siento que nos las tengo y siento que el hablar aquí, en esta corte, va a acarrear más temas de seguridad, amenazas e intimidación. Yo no me voy a silenciar nunca más, pero le pido que tenga en cuenta mi seguridad y la de mi madre", comentó.
Estado colombiano recusa a magistrados y se retira de la audiencia
A la 1 de la tarde, cuando se retomó la audiencia tras un receso, Camilo Gómez Alzate, director de la Andje anunció que recusaba a todos los magistrados, con excepción de uno, y pidió que la audiencia no siguiera hasta que se resolviera esa recusación.
Gómez alegó que hay una "falta de garantías de objetividad en el proceso", y añadió que es una obligación de los jueces "ser objetivos e imparciales, no se trata de no ser corteses con la víctima, se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta ante la Corte y espera de los jueces la imparcialidad. Eso no ha sucedido en esta audiencia y no es el primer caso", indicó.
Dijo que a través de sus preguntas a Bedoya, los magistrados de la Corte IDH habían prejuzgado al Estado y que no podían aceptar esto. "Todos los magistrados han hecho preguntas que prejuzgan la responsabilidad sin si quiera escuchar al Estado", manifestó.
Todos los magistrados han hecho preguntas que prejuzgan la responsabilidad sin si quiera escuchar al Estado
Por ello, Gómez consideró que todos los magistrados, con excepción de uno, estaban impedidos para actuar en el caso por la cual consideraban que la audiencia no podía proseguir pues ese alegado prejuzgamiento le quitaba legitimidad a la Corte.
A ello, la presidenta de la Corte IDH, magistrada Elizabeth Odio Benito, le respondió que en su momento responderían a la recusación pero que por regla la audiencia no podía detenerse. Ante ello, Gómez y toda la representación de Colombia en la audiencia se retiraron de la diligencia.
La Corte IDH tiene 7 magistrados pero uno es colombiano, Humberto Sierra Porto, por lo que está impedido desde el comienzo del caso. De los seis magistrados restantes, Colombia recusó a cinco: Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique.
Corte IDH escuchó otro testimonio
Luego de la intervención y retiro del Estado colombiano de la audiencia, ante la Corte IDH habló Jorge Cardona, periodista de El Espectador y quien para la época de los hechos era el jefe de Bedoya.
Cardona puso en contexto la violencia en el país y la situación para la prensa en el momento, habló de amenazas e intento de secuestro de otros periodistas de ese diario.
Dijo que el 25 de mayo acompañó a Bedoya a la cárcel, estuvo con ella en la portería y cuando fue a llamar al fotógrafo para que entrara con ella, la periodista ya no estaba en la portería. En un comienzo, comentó Cardona, pensaron que ella ya había entrado pero al averiguar en la portería recibieron respuestas elusivas sobre ello. Hacia el mediodía, prosiguió, comenzaron a averiguar con otras personas y no tenían razón de ella, a las 5 p. m. llamaron al director del Cuerpo Técnico de Investigación, Pablo Elías González, quien les dijo que esperaran información.
Más tarde triangularon su celular cerca de Villavicencio y volvieron a la cárcel pues una fiscal iba a hacer un operativo para entrar porque sospechaban que estaba secuestrada dentro de la cárcel, pero en ese momento recibieron una llamada informando que Bedoya había sido encontrada en un despoblado en la vía Villavicencio.
Cardona mencionó que el hecho que más pudo detonar el ataque contra Bedoya fue el cubrimiento que ella hizo de la masacre de 32 personas en abril de 2000, en el que denunciaban que el objetivo de las múltiples revueltas en la cárcel eran los presos políticos.
El periodista detalló igualmente que la investigación en este caso ha sido "paupérrima" pese a que en Justicia y Paz, públicamente, paramilitares han hablado de los hechos. Cardona fue quien, en primer lugar, puso la denuncia por lo ocurrido a Bedoya puesto que ella estaba en el hospital y desde que puso la denuncia en el 2000, expuso, no volvió a ser llamado por las autoridades sino hasta 2011.
Declaró que el Estado colombiano ha sido impotente para proteger a los periodistas, y que aún en la actualidad perviven difíciles condiciones en especial para los periodistas en las regiones.
Luego del testimonio de Cardona, la Corte IDH llamó a una testigo convocada por el Estado colombiano, quien no compareció a la audiencia, por lo cual a la 1:58 de la tarde de este lunes terminó la diligencia que continuará este martes desde las 9 de la mañana.
Tras esta audiencia pública, que se termina el miércoles, solo quedará esperar la sentencia de la Corte IDH, que puede tardar varios meses e incluso años.
El Movimiento Defendamos la Paz rechazó, a través de un comunicado de prensa, la conducta del gobierno del presidente Iván Duque. "Hoy, su representante, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se retiró de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada para
escuchar testimonios en el marco del proceso de la periodista Jineth
Bedoya".
Agregó: "Con el Estado presente o no, el tribunal tiene competencia para
aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la
cual Colombia es parte. Con el Estado presente o no, el gobierno del presidente Iván Duque está obligado a respetar el fallo que de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emane. La ausencia de Colombia en las audiencias no cambiará en nada el curso de la demanda. Solo sirve para mostrar cuán poco cuentan
todas las víctimas para el gobierno de Iván Duque"-
JUSTICIA