¿Qué hay detrás de las solicitudes de asilo de poderosas fichas del ‘Tren de Aragua’ presas en Colombia?

Una fuerte polémica desató por los pasillos de las cancillerías de Venezuela y Colombia, a finales de la semana pasada, luego de EL TIEMPO publicara un salvamento de voto del magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Barbosa Castillo, quien planteó frenar a las extradiciones que pide el régimen de Nicolás Maduro.

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El salvamento de voto se dio en medio del estudio de la solicitud de extradición de un exsubintendente de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto González Herrera, quien se encontraba prófugo desde el año 2022 al estar involucrado con un secuestro extorsivo y un asesinato.

En los últimos años, el mecanismo se reactivó, y tanto Venezuela, como Colombia han acudido a esta figura para permitir que personas requeridas por diferentes delitos sean juzgados y judicializados en los países en los que los cometieron.

Aunque la Corte avaló la extradición a Venezuela del solicitado, el penalista Gerardo Barbosa se opuso a la decisión asegurando que la vida del militar corre riesgo en las actuales condiciones del país, presidido por Nicolás Maduro, y por las constantes violaciones de derechos humanos practicadas por agentes del Estado.

“La vida e integridad -aun de un eventual responsable penal de delitos graves— debe garantizarse en virtud de las obligaciones que se derivan de la suscripción de tratados internacionales sobre Derechos Humanos. En este sentido, estimo que entregar a una persona a un régimen -como el que actualmente ejerce el poder en la República Bolivariana de Venezuela- declarado por varios organismos internacionales como violador sistemático de Derechos Humanos como política de Estado, implica un grave riesgo hacia su vida e integridad, así los delitos que se le imputen no tengan carácter político”, dice Barbosa en su salvamento de voto.

EL TIEMPO conoció que, precisamente bajo este argumento, varios de los venezolanos capturados en Colombia han acudido a la figura del asilo para evitar sus extradiciones a Venezuela.

Dentro de los solicitantes se encuentran  importantes fichas de la banda transnacional, el ‘Tren de Aragua’ que han sido capturados en los últimos meses, y por quienes el gobierno venezolano ya se encuentra en trámite de solicitar sus extradiciones.

Uno de ellos es Yonayke Martínez Carrion, alias Ojitos, quien fue capturado en junio pasado en el municipio de Belén (Boyacá), con el propósito de evadir la acción de las autoridades.

La captura de este hombre se dio en la puerta de una barbería en la que trabajaba, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol, al ser requerido por Venezuela para comparecer ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia con Competencia de Jurisdicción Nacional, por los delitos de extorsión agravada, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones, homicidio frustrado, obstrucción de la libertad de comercio y terrorismo.

‘El Barbero’, como también se conoce al hombre, había sido capturado en Venezuela y luego de salir de la cárcel, el 23 de marzo de año 2024, “en una acción vengativa”, atentó contra el funcionario de policía que había realizado su captura, incinerando su vehículo, posterior a los hechos, huyó a Colombia. Este hombre, además, posee seis órdenes de captura vigentes en el país vecino y se le señala de tener una gran capacidad corruptora al servicio del 'Tren de Aragua', siendo uno de los coordinadores para el recaudo de extorsiones en la colonia de Tovar, estado de Aragua en Venezuela.

EL TIEMPO conoció que otro de los solicitantes de asilo es Jeison Alexander Lorca Salazar, más conocido por el alias Jeison Comino, segundo cabecilla más importante de la banda transnacional, el ‘Tren de Aragua’. Este hombre fue capturado hace dos semanas en Santander.

En Venezuela, ‘Jeison Comino’ quedó en los reflectores cuando el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz incluyó su nombre en la lista de los 10 más peligrosos del vecino país, y lanzó una recompensa de 50.000 dólares por su paradero. De hecho, en mayo de este año, el jefe de esa cartera, Remigio Ceballos Ichaso, anunció un operativo policial, en Aragua, en el que se desmanteló una banda liderada por Lorca Salazar que delinquía en toda la zona central del vecino país, específicamente en el sector de Tasajera en Las Tejerías.

Precisamente, en ese operativo fue incautado material de guerra, entre ellos: 30 fusiles, 4 celulares, 6 as de cocaína, 27 cargadores, una escopeta, 2 motocicletas, vehículos y 2.411 cartuchos de municiones.

Fuentes judiciales le indicaron a este diario que dentro de los solicitantes de asilo también están: Danielis Linares Silva, de 29 años. Esta mujer fue capturada a inicios de este año en Atlántico y  sería responsable de delitos relacionados con trata de personas.

También integran la lista Joseph Betzabe Bandres Pinto, quien fue novia de Carlos Calderón, alias El Vampi, uno de los delincuentes más buscados en Caracas. Hace parte del listado Albert Geovanny Prieto Nariño, alias 'asmania, un ciudadano venezolano con notificación roja de la Interpol, buscado en su país por terrorismo, tráfico de armas y extorsión, entre otros delitos, quien fue capturado en marzo de 2023 en La Guajira.

Edgar Alonso Valencia Quesada también es otro de los solicitantes de asilo en Colombia. Este hombre registraba dos notificaciones rojas de Interpol por los presuntos delitos de estafa continuada y el homicidio de un empresario, pero su búsqueda terminó en junio de 2023 cuando de la Policía Judicial (Dijín) lo capturaron en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá.

El abogado penalista Kalev Giraldo Escobar, quien ejerce la defensa de varias de estas personas en el proceso de extradición que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia, señaló que en varios de los casos, al revisar los expedientes “a simple vista” se ve que varios de esos procesos en el vecino país “son montados”, ante la falta de pruebas sólidas.

“En La Picota o en El Buen Pastor hay varios detenidos a los que en Venezuela se les montó un proceso. Muchos están acudiendo al asilo para que no los extradienten al vecino país, y hay otras que si bien reconocen los delitos por los que los solicitaron, tienen temor que al llegar a Venezuela vayan a ser sometidos a vejámenes, torturas y demás hechos violatorios de sus derechos humanos”, indicó el abogado.

Giraldo Escobar manifestó que coincide con el salvamento de voto del magistrado en que diversos organismos internacionales han lanzado alertas sobre el riesgo que correrían nacionales o extranjeros extraditados a territorio venezolano.

"Más de allá de ser una estrategia para evitar su extradiciones y no pagar por los delitos cometidos en Venezuela, estás personas saben que al llegar a una cárcel en el vecino país, incluso pueden ser asesinados, debido a que muchos de ellos han decidido colaborar en sus procesos", dijo el penalista, quien señaló que muchos han manifestado la intención de pagar sus condenas en Colombia con tal de evitar ser enviados al vecino país. 

Para el penalista Luis Carlos Oviedo Herrera es sabido que la Constitución y Código de Procedimiento Penal estipulan que la extradición estará a cargo del Presidente de la República como líder o conductor de la política exterior del Estado, teniendo la Corte Suprema el papel de revisar la formalidad legal para viabilizar dentro de la misma si es o no procedente la extradición de un nacional o extranjero.

Ahora, al analizar los casos de asilos y el salvamento de voto del magistrado, el penalista señaló que este escenario “empieza a marcar un hito de apartamiento o cuestionamiento” respecto a los pedidos de extradición elevados por el Gobierno venezolano.

“Aquí entran en tensión varios derechos, como el referenciado en el salvamento de voto conocido como el principio de no devolución, el cual sienta una base solida para que una persona no sea devuelta al país requirente (Venezuela) por la sistemática violaciones a los derechos humanos, país que no protege a la persona, sino que lo degrada en sus derechos mínimos, por ende, corriendo peligro la vida e integridad de una persona en calidad de capturada, ello bajo una égida sencilla, en un Estado de régimen dictatorial como el venezolano los derechos humanos se desconocen por el obstáculo que presentan para la consecución de los beneficios del régimen”, señaló el abogado.

Es por ello que lo anterior podría también sustentar las solicitudes de asilo que han elevado varios de los privados de libertad de nacionalidad venezolana en Colombia. 

Redacción Justicia