La sesión que no se grabó y las órdenes que enredan al ministro Ricardo Bonilla en escándalo de la UNGRD

En momentos en el que el ministro Ricardo Bonilla y otros alfiles del presidente Gustavo Petro buscan por todos los medios abrirle vía a la nueva reforma tributaria, los avances de la Corte Suprema contra en el caso de los congresistas de la Comisión de Crédito Público salpicados por el escándalo del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) complican la situación del responsable del jefe de la cartera de Hacienda.

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La semana pasada la Sala de Instrucción llamó a indagatoria a los representantes y senadores Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz (quien renunció a su curul), Karen Manrique, Liliana Castilla y Juan Pablo Gallo. Ellos son los congresistas que según Olmedo López y Sneyder Pinilla, los principales ‘ventiladores’ del escándalo, habrían negociado su aval a nuevos cupos de endeudamiento supuestamente a cambio de participación en tres millonarios contratos de la UNGRD por más de 92 mil millones de pesos.

En la decisión, conocida en su integridad por EL TIEMPO, la Corte dice que sus investigaciones parciales permiten inferir que esos parlamentarios “posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios integrantes del alto Gobierno”: “Durante el segundo semestre de 2023, los aforados aludidos, en su condición de de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos sometidos a su consideración por el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) a cambio de una dádiva prometida, concretamente bajo la forma de proyectos de obra e interventoría que se adelantarían en la UNGRD”, añade.

La versión de López (exdirector de la Unidad y nombrado directamente por el presidente Gustavo Petro) y de Pinilla, su subdirector, es que a finales de 2023 en los consejos de ministros del gobierno de Gustavo Petro se dijo que “las reformas y leyes se estaban empezando a estancar” y que para solucionarlo había que acudir a la chequera de la UNGRD, aprovechando sus facultades de contratación directa. De eso le habló Pinilla a la Corte Suprema en varias declaraciones que le tomó el magistrado Misael Rodríguez, a cargo del caso.

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La Corte realizó 59 actuaciones de investigación, referentes a la obtención de documentos así como de registros de ingresos y salidas tanto en el Ministerio de Hacienda como en la UNGRD. También realizó más de una docena de entrevistas tanto a investigados en el caso como a funcionarios del Ejecutivo.

El ministro Bonilla, uno de los funcionarios estrella de la istración Petro, ha negado cualquier actuación irregular en su relación con el Congreso y está pendiente de eventuales avances de un proceso preliminar en su contra que hay ya en la Fiscalía General, donde también hay casos contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, el exjefe del Dapre Carlos Ramón González y el exjefe de la Función Pública César Manrique.

La investigación de la Corte recogió versiones como la de la exsecretaria de Olmedo López, Diana Martínez, quien certificó que la representante Karen Manrique (supuestamente, en representación de sus otros colegas) empezó a asistir a frecuentes reuniones con López y Pinilla, y que por la misma época envió un cuadro con los detalles de los tres proyectos de la UNGRD que se moverían en favor de los congresistas: los de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.

La representante Manrique empezó a aparecer por los mismos días en el Ministerio de Hacienda, incluso en el despacho de Bonilla. En la investigación están los videos, con las horas exactas, en los que se encuentra con la asesora María Alejandra Benavides Soto, la mano derecha del ministro Bonilla. La Corte se pregunta por qué los congresistas, en algunas de las ocasiones, no se reunieron con ningún funcionario de alto nivel, sino solo con la asesora, quien era apenas un enlace.

Dice la Corte que Manrique “habría tenido un rol de vocería o representación del grupo de congresistas que habrían aceptado la dádiva prometida”. El alto tribunal tiene el testimonio de Jaime Ramírez Cobo, enlace del Gobierno con el Congreso, quien señaló que la asesora Benavides le comentó “algunas dificultades para ar a funcionarios de la UNGRD”, y le pidió hacer una conexión con alguno de ellos para impulsar unos proyectos.

En la tarde del 12 de diciembre, según los registros de video, hay encuentros que serían claves para la investigación, en los que participaron ministros y asesores del Gobierno Nacional. En el despacho del Ministro de Hacienda sobre las 3 de la tarde de ese día, se lo ve junto con Velasco, y los asesores Benavides y Ramírez Cobo. La Corte dice que Velasco llevó a la representante María Eugenia Lopera.

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“Las interacciones previamente reseñadas son relevantes, pues ese mismo día Ramírez intentó ar a Olmedo López, a través de Diana Martínez. Según el testimonio de Ramírez, lo hizo por solicitud de Benavides”, añadió el alto tribunal. El propósito: hacerle llegar a Sneyder Pinilla el cuadro con los tres proyectos en Cotorra, El Carmen de Bolívar y Saravena por 92.000 millones de pesos.

Ramírez ya itió que se comunicó con Sneyder Pinilla y le informó que “desde el Ministerio de Hacienda solicitaban una reunión con el director Olmedo López porque debían atender un asunto urgente”. Esa versión coincide en tiempos y hechos con la que han entregado López y Pinilla sobre el supuesto trámite irregular de esos proyectos.

A los investigadores de la Corte les resultan llamativos dos hechos. Primero, que el propio ministro Bonilla decidió relevar de esos trámites al funcionario que debía estar al frente del o con los congresistas: el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, y relevarlo por su asesora María Alejandra Benavides.

“(Bonilla) me dijo que lo más conveniente era que yo no hiciera presencia en adelante para no exacerbar los ánimos o generar (...) reacciones que podrían servir de pretexto para romper el quórum; entonces, entendí plenamente la directriz del señor ministro, y de acuerdo a su mandato, dejé de asistir”, declaró Acosta. En la investigación hay una sesión clave, la del 15 de diciembre, en la que el Gobierno logró la aprobación del cupo de endeudamiento, y cuando supuestamente los proyectos estaban listos. A pesar de que todas las sesiones se graban, de esa particularmente no quedó ningún registro digital. El hecho resulta extraño porque se trató de una reunión virtual.

La Corte dice que los indicios apuntan a “un posible esquema ilegal de ‘compra’ de la función legislativa”, y que supuestamente “María Alejandra Benavides, junto con otro asesor del Ejecutivo habría tenido un rol relevante dentro de una presunta cadena de transmisión de directrices relacionadas con el perfeccionamiento, cumplimiento y seguimiento de lo presuntamente acordado”.

A la Corte le llama la atención que los conceptos favorables de endeudamiento se incrementaron desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre: de 22 que presentaron, los congresistas aceptaron 13; mientras que de junio a septiembre solo les dieron el visto bueno a cinco. Esto correspondió con el anticipo de 700.000 millones de pesos entregado por el Ministerio de Hacienda a la UNGRD, de donde se apartaron los 92.000 millones de los tres proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.

Jhon Torres y Carlos López - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]