'Es una prioridad acabar el narcotráfico, pero hay que buscar métodos’: Gobierno

A días de que el Gobierno radique su propuesta para desmantelar bandas criminales, en el marco de su proyecto de una paz total, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló con EL TIEMPO sobre parte de lo que se busca.

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Osuna se refirió así mismo a los cambios que se discuten en las extradiciones, en las cárceles y cómo se están preparando para las sanciones que la JEP comenzará a imponer en poco tiempo.

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Ciertamente se está adelantando un borrador para esa política de responsabilidad penal de las bandas criminales, es ofrecerles unas condiciones de entrega, de aceptación de responsabilidad penal, de aceptación de verdad, de entrega de bienes que le permitan al Estado colombiano desmantelar la organización criminal y, a cambio, ofrecerles alguna rebaja en la parte punitiva a las personas que se entreguen. Esto sería a través de la justicia ordinaria, es un tratamiento penal que tiene en cuenta la entrega, la entrega de bienes, la entrega de verdad, y hace una rebaja.

Si los diálogos con el Eln fructifican, seguramente ese sí ameritará un sistema de justicia transicional. ¿Cuál será? El que se pacte entre las dos partes. Ahora bien, como ya contamos con la experiencia de la JEP, yo no descartaría que se pueda acordar ampliarle el mandato a la JEP para que abarque también el Eln, pero eso tiene que ser fruto de un pacto.

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Estamos en borradores de proyectos de despenalización de algunas conductas, pero para fortalecer la justicia restaurativa probablemente no se requieran grandes reformas legales sino políticas públicas para hacerlo cierto, porque esto ya tiene fundamento legal.

Por orden de la Corte Constitucional, un proyecto de ley sobre maternidad subrogada, que tenemos que tenerlo listo antes de que termine este año, tenemos también el de la reforma de la Procuraduría.

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Sí, ese proyecto tendrá dos sentidos: por una parte, acercarnos del todo a aceptar la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos a nuestro derecho disciplinario; y, por otra parte, trasladar una parte de los funcionarios para que no se repitan funciones. Por agenda legislativa y prioridades del Gobierno, es un proyecto que seguramente vendrá en el próximo periodo de sesiones.

¿Hay proyectos en materia penitenciaria?

Reformas de la política penitenciaria que permitan aligerar el tiempo que permanecen las personas en la cárcel, fortalecer algunos tratamientos penales alternativos, una domiciliaria que funcione bien, regímenes de libertad bajo fianza, pensar en que la última parte de la pena pueda pasarse en libertad… eso ya está en la ley, pero que se pueda aplicar más fácilmente por los jueces.

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Un sistema de cárcel abierto, hay lugares del mundo en el que una vez que el juez impone una pena, se establece una primera parte con privación de la libertad interna; una segunda parte de cárcel abierta en el que la persona vive en la cárcel pero sale a trabajar durante el día, por supuesto el trabajo vigilado por el Estado; sin embargo no puede hacer vida familiar y tiene que volver en la noche a la cárcel; y una tercera parte de libertad vigilada en la que la persona sigue estando vigilada por el Estado pero ya comienza a reinsertarse a la sociedad.

Lo que el Presidente ha dicho es que si los diálogos de la paz total con estos grupos armados llegan a buen término, fruto de eso se desmantelan organizaciones criminales y unas personas se entregan a la justicia, aportan bienes, verdad y se someten a la sanción colombiana, él está dispuesto a suspender las extradiciones. Como eso todavía no ha ocurrido, no se ha suspendido ninguna.

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He encontrado receptividad y disposición de mirar el panorama con calma. Yo creo que a Estados Unidos lo que le interesa es que no haya narcotráfico más que la extradición, que es un medio, no es un fin para ninguno de los países.

El Gobierno apoya un uso alternativo del derecho penal para pequeños cultivadores; en ese sentido, un proyecto de ley que presentó la bancada de Comunes el Gobierno la apoya porque es un desarrollo muy fidedigno de uno de los puntos del acuerdo de paz que habla de que a aquellos campesinos cultivadores que sustituyan cultivos y cumplan con unas condiciones se les extingue la acción penal.

El Gobierno también tiene interés en hacer una regulación del uso del cannabis, actualmente está autorizado el uso medicinal y el uso industrial, podemos pensar también en un uso adulto, informado, con fines no necesariamente medicinales. El Gobierno lo apoyaría bajo la idea especialmente de que eso les puede resolver la vida a pequeños campesinos que pueden derivar una actividad económica lícita a partir del cultivo de cannabis.

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La instrucción que yo he recibido del Presidente es que tenemos que ser efectivos y eficaces en la lucha contra los eslabones altos de la cadena, o sea, lavado de activos, comercio internacional, bandas de narcotraficantes, el gran capital que hay detrás de ese negocio. Eso como política permanente y, por otro lado, las iniciativas de paz total que pueden conducirnos también acabar el narcotráfico. Es decir, el Gobierno sí tiene como prioridad acabar el narcotráfico, lo que pasa es que es consciente de que la lucha contra las drogas, tal como se ha desarrollado hasta ahora, es un rotundo fracaso, entonces hay que buscar otros mecanismos.

No, no es prioritario.

Por una parte, acabar con el glifosato. Además, el cambio sería combinar la erradicación voluntaria con la sustitución de tierras. Políticas de sustitución de cultivos y de erradicación voluntaria sí ha habido pero pensando en que el campesino en la misma tierra que cultivaba hoja de coca, ahora cultive cacao o yuca, eso no ha funcionado porque están muy lejos de la frontera agrícola, del mercado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sustituir tierras por unas que estén cerca de los mercados, donde efectivamente puede ser una actividad rentable cultivar cacao, palmito, yuca, poner ganado… Esto tiene mucho que ver con la reforma agraria, con toda esta política de entrega de tierras, de sustitución de tierras, de compra de tierra por parte del Estado para adjudicársela a campesinos pobres.

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Si la producción está regulada hay un control de calidad del que actualmente carecemos, el control de calidad ya evita muchos daños colaterales. Además de eso, la regulación del comercio y del consumo interno de cannabis permite focalizar las políticas de salud pública, mirar a qué tipo de consumidores quisiéramos prohibirles también, pensando en niños, por ejemplo.

Mucha información, ayuda médica para las personas que tengan problemas de adicción, y yo creo que la principal ayuda es sacar esto del mundo penal, sacar esto de la idea de cárcel y de mafia, y ahí le damos la voz a la ministra Corcho con sus políticas sanitarias, o al ministro de Educación, que pueden diseñar esas políticas.

La JEP va a comenzar a imponer sanciones de justicia restaurativa y al Ejecutivo le va a pasar lo mismo que con las sanciones judiciales normales, que el juez dice 5 años de cárcel y el gobierno tiene que poner la cárcel; el Inpec, la alimentación… con la justicia restaurativa nos va a pasar lo mismo y el enorme desafío es que como son sanciones propias, pueden ser una gran variedad de medidas y tenemos que estar listos. Estamos mirando todas las posibilidades, intentando estar lo más cercanos posibles de la JEP, no para interferir su autonomía, sino para poder hacer efectivas las sanciones que comience a dictar. La peor noticia para la sociedad colombiana sería que la JEP dicte sanciones y el Gobierno diga ‘no tengo cómo ejecutarlas’, eso sería el fracaso total del proceso de paz.

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MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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