Las seis claves de la defensa de Laura Sarabia ante la justicia

En espera de que la Fiscalía le designe un nuevo investigador, el grupo de abogados de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y ahora directora del Departamento de Prosperidad Social, prepara la defensa de la funcionaria, quien aparece como indiciada en el proceso por presuntas irregularidades que se habrían registrado tras la denuncia de un robo de dinero en su residencia.

La funcionaria estaba citada a interrogatorio la primera semana de septiembre, ante un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, pero la diligencia no se pudo realizar, pues al asumir el cargo en Prosperidad Social, adquirió la calidad de aforada y el caso debe pasar a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto, la defensa de la funcionaria encabezada por el penalista Jorge Mario Gómez Restrepo, viene trabajando en la recolección de evidencias del caso para presentar ante la Fiscalía, que investiga las irregularidades que se habrían registrado tras la denuncia del robo de una maleta con dinero en el mes de enero, y que terminaron en la práctica del polígrafo a la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, y posteriores interceptaciones telefónicas ilegales que enredan a varios uniformados y civiles.

(Le puede interesar: ¿Francisco Barbosa es testigo en el caso de Laura Sarabia? Esto respondió el Fiscal)

EL TIEMPO estableció que para desvincular a Sarabia de las irregularidades, el equipo liderado por Gómez Restrepo acudirá no solo a declaraciones de testigos que ya están en poder de la Fiscalía y la Procuraduría, sino que argumentará que hay cambios en las versiones de algunos de ellos con lo que buscan cuestionar su credibilidad.

Es el caso de la exniñera Marelbys Meza, quien es testigo clave del caso y quien fue sometida al polígrafo y luego se descubrió que su teléfono y el de Fabiola Teherán, otra exempleada de Sarabia, habían sido interceptados ilegalmente.

El 30 de enero, un día después de la denuncia por la pérdida del dinero, Meza señaló en una declaración al esposo de Sarabia como la persona que le habló de la prueba del polígrafo y luego, el 26 de mayo, cambió de opinión y apuntó hacia la funcionaria de la Casa de Nariño.

“Don Andrés me dijo: Mary, vete para la casa, yo te aviso cuando es el tema del polígrafo (…) los señores se fueron y don Andrés fue el que me dijo ‘espera a lo de la cita del polígrafo’ ”, dijo en la primera versión.

Y luego aseguró: “Lo que pasa es que el día domingo Laura (Sarabia) me dijo que esperara la citación del polígrafo”.

En otra versión, inicialmente se mostró ajena a información sobre el dinero perdido y negó que supiera cualquier cosa del efectivo y luego, en otra declaración, empezó a hablar de que se trataba de una gruesa suma de plata.

Además, el equipo de defensa cuestionará en los futuros escenarios judiciales que la testigo tenía un documento escrito a mano que consultó para responder algunas de las preguntas que le hicieron.

Un segundo punto de la estrategia de la defensa se relaciona precisamente con el monto del dinero y posibles contradicciones en esa información. La defensa de Sarabia acopió los datos de la primera denuncia hecha por Andrés Parra, esposo de la funcionaria, en la que habla de un valor aproximado de 32 millones de pesos (sumando los pesos y dólares perdidos).

Después, Sarabia le dijo en mayo a la Fiscalía que entre lo perdido había 7.000 dólares, que con el cambio de la divisa daba un monto ajustado a la primera denuncia.

Además, cuentan con un video en el que se observa cómo el equipo de seguridad de Sarabia ingresa a la casa una sola maleta con el dinero, lo que contradice las versiones de que se trataba de cinco maletas llenas de dinero. 

Un tercer eje de la estrategia está relacionado con las declaraciones de otras personas escuchadas por los investigadores.

Es el caso del coronel Carlos Alberto Feria, jefe para la protección presidencial, quien fue preguntado sobre si Sarabia incidió en la realización de la prueba del polígrafo a alguna persona y respondió: “No, porque ella debía saber de qué se trata ese tipo de pruebas, por lo que no hizo mayor énfasis al respecto, ni hizo ninguna recomendación sobre su práctica, pues era el teniente coronel (Óscar) Dávila quien debía evaluar esa materia porque el coronel Dávila (tenía) bajo su coordinación el grupo de estudios de seguridad, quienes manejan o realizan este tipo de pruebas”.

Luego respondió que no tenía conocimiento de si Sarabia se había comunicado con el coronel Dávila, quien se suicidó en el occidente de Bogotá el 9 de junio. Otro de los testigos es el policía Jhon Alexánder Sacristán, quien realizó las pruebas de polígrafo que son investigadas. El uniformado sostuvo que su grupo dependía del coronel Feria y que la persona que dio la orden verbal para hacer esas pruebas fue el capitán Elkin Gómez.

La defensa de Sarabia cuenta con otros tres testigos que tuvieron relación con las pruebas y ninguno la menciona como la persona que dio instrucciones o que estuvo al tanto de esos procesos de confiabilidad.

Para la defensa hay evidencias de que la funcionaria se limitó a denunciar el robo a su jefe de seguridad, quien activó los protocolos establecidos para investigar los hechos, y que ella se enteró por publicaciones de medios de las acciones que se desplegaron por parte de uniformados.

En cuarto lugar, la defensa pretende demostrar que Sarabia no era superior ni tenía mando sobre la Casa Militar o el coronel Feria. Esto porque en el organigrama de la Casa de Nariño durante el Gobierno del presidente Iván Duque la jefe de Gabinete sí aparecía por encima de la Casa Militar y la jefatura para la Protección Presidencial.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno se hizo una modificación a esa estructura y esas oficinas pasaron a depender de la jefatura del despacho presidencial y no del despacho que tenía Sarabia.

En un quinto lugar, el equipo del penalista Gómez busca demostrar que un caso de robo sí requería de una investigación a fondo por tratarse de la jefa de gabinete del presidente, quien según el Decreto 1033 de 2022 hace parte del Consejo de Seguridad Nacional y porque en la denuncia del hurto se habla de que en el maletín robado había “documentos personales y de la oficina”.

Esto, considera la defensa, sustentaría la práctica de pruebas de confiabilidad, por lo que no se habría incurrido en un caso de abuso de autoridad.

Finalmente, los abogados apuntan a demostrar que las pruebas de confiabilidad no son extrañas en entidades públicas y privadas del país y que incluso en el pasado se han promovido políticas para su uso en entidades como la Fiscalía, la Dian y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

“Hay situaciones que llaman la atención del despacho por lo que a partir de la fecha usted adquiere la calidad de indiciada”. Así respondió la Fiscalía a un derecho de petición presentado el 8 de agosto al ente acusador por la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, en el cual preguntaba si tenía algún proceso en su contra y manifestaba su intención de atender cualquier llamado de la justicia. Un par de semanas antes, el mismo despacho había dado respuesta a una petición similar señalando que ella no tenía ninguna investigación.

Tras la posesión de Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social, el fiscal que tenía el caso perdió su competencia y ahora la investigación será entregada a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que tendrá que evaluar de nuevo los avances, decidir si ordena la práctica de nuevas pruebas y si mantiene la citación a interrogatorio de la funcionaria.

Al tiempo, la Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria en la que ha escuchado a varios testigos, proceso en el que hasta ahora Sarabia no ha sido citada para dar ninguna versión. Por irregularidades posteriores a la denuncia del robo, la Fiscalía ya imputó cargos a un grupo de policías y un civil, en una línea de investigación en la que no aparece la funcionaria.