Las irregularidades de Taotau, hacienda incautada a Rodríguez Gacha que fue explotada por reservista del Ejército

El pasado 22 de febrero la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lideró el acto de entrega de la icónica hacienda Taotau, un predio de 1.262 hectáreas ubicado en Ambalema, Tolima, que perteneció al fallecido capo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y que ahora pasará a manos de campesinos como parte del proceso de reforma agraria impulsado por el gobierno de Gustavo Petro.

(Puede ver: 'No hace bien que se llame a la confrontación desde las calles': presidente del Consejo de Estado)

En este proceso liderado por la entidad dirigida por la exfiscal delegada Amelia Pérez, quedó al descubierto un rosario de irregularidades. Por una parte, las presuntas maniobras del profesional de la reserva activa del Ejército Francisco Javier Ocampo, ascendido a coronel, quien fue sorprendido por la SAE en noviembre del año pasado ocupando ilegalmente la hacienda y quien acaba de ser desalojado y denunciado por fraude a resolución judicial. Y por otro, la tardía acción del Estado que no inscribió durante 16 años la sentencia que declaró que la hacienda incautada a Rodríguez Gacha le pertenecía a la Nación.

“Se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por fraude a resolución judicial, y se ordenó la apertura de actuación istrativa del folio de matrícula inmobiliaria a la oficina de registros públicos (Orip) de Ambalema, para que se establezca, clarifique, corrija, modifique y determine la real situación jurídica del inmueble”, indica la Sociedad de Activos Especiales.

(Puede ver: El viaje final de alias Terror, el capo en ascenso del 'clan del Golfo')

La hacienda fue adquirida por Rodríguez Gacha a través de una de sus empresas asociadas, Sociedad Ganadera de Cría y Levante, con el propósito de construir una pista de aterrizaje para embarcar toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos. Y fue incautada por el gobierno tras el operativo de su muerte, en 1989, siendo afectada en 1990 con una medida cautelar de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Este predio también fue utilizado en la desmovilización de los paramilitares del 'bloque Tolima' de las Auc en el año 2015, proceso que tuvo un componente espurio.

Aunque la hacienda, en la que encontraron actividades de ganadería y apicultura, le pertenece desde hace 19 años al Estado al haber sido objeto de extinción de dominio por una sentencia confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en el año 2006, dicho fallo solo apareció registrado oficialmente en la matrícula inmobiliaria del predio 16 años después, el 11 de julio de 2022.

EL TIEMPO pidió explicaciones a la SAE sobre por qué se produjo la inscripción de la sentencia 16 años después e indicaron que, en 2013, la antigua DNE solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ambalema el registro de la misma en el certificado de tradición y libertad y que desde la SAE reiteraron la petición dos años después.

(Puede ver: ONU se mantiene: en 2023, la productividad de cocaína se disparó a más de 2.600 toneladas)

La SAE le informó a EL TIEMPO que recibió la istración de Taotau desde el 30 de septiembre de 2014, cuando finalizó el empalme con la DNE en liquidación, en un proceso con tropiezos, pues indican que no les hicieron la entrega física del predio, y que solo hasta el año pasado se percataron de la ocupación irregular del profesional de la reserva Francisco Javier Ocampo.

“En visita de inspección de fecha 19 de septiembre de 2024, se evidenció que el inmueble se encontraba ocupado irregularmente por Francisco Ocampo. La SAE, a través de la resolución 48 del 05 de febrero de 2025, ordenó el ejercicio directo de las facultades de policía istrativa para la entrega real y material de este, por otra parte fue necesario solicitar a la oficina de registro de instrumentos públicos de Ambalema la apertura istrativa sobre el folio de matrícula inmobiliaria, dado que se intentó por parte del ocupante irregular realizar el registro de una demanda de pertenencia, acción respecto de la cual se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación de fecha 17 de febrero de los corrientes”, indicó la entidad en respuesta a El TIEMPO.

La SAE detectó que sobre el predio hay dos demandas de pertenencia, una promovida por el supuesto poseedor de la hacienda, Mauricio Gutiérrez Torres, quien figura en un certificado notarial vendiendo 624 hectáreas a la esposa de Francisco Ocampo y siendo apoderado en esa venta por él; y otra por José Alfinger Sanabria Abello, quien supuestamente ejerció posesión de parte de la hacienda y habría cedido sus derechos a la hija del coronel, Natalia Ocampo Tobar. Sanabria dijo en un proceso que comenzó la posesión de la hacienda desde el año 2000.

“No obstante, por encontrarse extinto a favor del Nación a través del Frisco, se trata de un bien fiscal, respecto del cual no opera la prescripción adquisitiva de dominio por lo cual sobre el mismo no se puede reclamar ‘pertenencia’”, dice la SAE.

Francisco Javier Ocampo es economista, profesional de la reserva activa del Ejército ascendido a coronel, empresario y piloto. Se muestra en sus redes sociales pilotando helicópteros. En la Superintendencia de Notariado y Registro figura un certificado de tradición y libertad de un predio llamado Guadalupe, de 624 hectáreas, que se desprendió de la hacienda Taotau y que aparece desde el año 2018 a nombre de la Sociedad Ocampo y Cía SAS, representada por la esposa de Ocampo, Luz Marina Tobar.

La hija de Francisco Ocampo, Natalia Ocampo, también figura en expedientes judiciales en los que ha dicho que ha pagado impuesto predial en la hacienda, recibos, ha alquilado tierras para el engorde de ganado y ha cuidado el predio de invasores. Tanto Francisco Ocampo como su hija fueron ados para esta historia pero no se obtuvo respuesta de su pare.

Ana Cuesta - Justicia - @JusticiaET - [email protected]