Las irregularidades que halló la Procuraduría para pedir al CNE sanción contra Ricardo Roa por la campaña Petro

La campaña Petro Presidente 2022, que está bajo la lupa de las autoridades por presunta violación de topes electorales, tiene ya una primera conclusión en la Procuraduría. En un oficio dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE), la entidad determinó que hay razones de peso para solicitar una sanción para el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa.

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En un concepto de 80 páginas elaborado por el procurador Bladimir Cuadro, se determina que hay razones de peso para que se tomen medidas contra Roa, la tesorera Aydee Mogollón y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, pues incurrieron en ocultamientos que desbordan la legalidad de una campaña, así como en omisiones que no pueden pasar por alto.

El oficio fue enviado al CNE justo en la etapa de alegatos de cierre, los cuales son escuchados por la magistratura para luego tomar un veredicto sobre si la campaña Petro Presidente 2022 tuvo o no violaciones de topes, algo que el actual jefe de Gobierno ha rechazado. Precisamente, las pesquisas que se adelantan contra él fueron suspendidas por la Corte Constitucional mientras se define si el CNE tiene competencia para indagarlo.

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De varios capítulos que comprenden las supuestas vulneraciones, la Procuraduría halló que a su criterio en unos sí hubo falencias, pero en otros no. La investigación a la que aportaron el concepto al CNE va más avanzada que la que sigue la Fiscalía a nivel penal, en la que por hechos similares no hay a la fecha ningún imputado que haya trabajado en las aspiraciones presidenciales de Gustavo Petro.

El caso en el CNE tiene sus primeras quejas anónimas en febrero de 2023, cuando llegaron versiones de que Jonathan Ramírez Nieves y Ricardo Roa no habían reportado las donaciones que recibieron en efectivo para la campaña, acusándolos de manejar plata en cuentas personales. A eso se sumaron otros reportes de Federico Gutiérrez y Miguel Polo Polo que llevaron a consolidar un solo proceso.

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Con papeles ya en mano, el Consejo dispuso abrir una investigación formal contra el gerente de campaña, la tesorera y los auditores el 8 de octubre del año pasado. En su decisión se resaltaron al menos nueve eventos en los que se habrían generado excesos de topes o aportes sospechosos. 

El procurador Cuadro empezó su intervención ante el CNE diciendo que en el proceso deben tenerse en cuenta cuatro interrogantes, entre los que se destacan si hubo topes por encima de lo legal, y si los de campaña son responsables de ello. 

Lo que podría complicar la situación del hoy gerente de Ecopetrol tiene que ver con dos de nueve cargos. El primero es el de la propaganda electoral que en su momento se hizo en televisión. El pliego de cargos del CNE dice que hay una factura -la CI 8136 del 31 de mayo de 2022- en la que un canal hizo un cobro por 356 millones de pesos, el cual no fue reportado en los gastos de campaña para la primera vuelta.

La defensa de Roa y su equipo fue que la incluyeron por error tanto en el reporte de primera vuelta como en el de segunda. Es decir, para ellos más que una omisión hubo la doble documentación de un solo gasto.

La Procuraduría encontró que en el de primera, ese gasto en publicidad se incluyó en un rubro mayor con otras cosas, mientras que en el de segunda sí se añadió de forma individual. Y que "los gastos de campaña reportados deben ser ajustados por el valor de la factura CI 8136, el cual debe ser descontada de los gastos de segunda vuelta y aumentada en los gastos de primera vuelta.

Eso generaría que el límite de gastos de primera vuelta varíe, "cuyo valor se ve aumentado en el mismo valor de la factura y con ello el tope de gastos queda vulnerado. De esta manera, se tiene que el valor final de gastos para la primera vuelta de la campaña sería entonces los 28.334 millones de pesos reportados, más 356 millones del valor de la factura CI 8136, lo cual sumaría 28.690 millones, superando en 154 millones el límite de gastos de campaña de primera vuelta, teniendo en cuenta que el mismo estaba fijado por el CNE en 28.536 millones".

Otra aparente falla que advirtió la Procuraduría es la del contrato del 19 de junio de 2022, en el que se alquiló el Movistar Arena para un evento. El convenio fue por cerca de 250 millones de pesos, pero la campaña solo reportó 150 millones en Cuentas Claras.

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En las pesquisas se encontró que se expidieron dos facturas: una por 150 millones a nombre de ServiRed, y otra por 100 millones a nombre de Ricardo Roa. Eso, de entrada, vulneraría la ley porque las personas jurídicas no pueden hacer aportes a campañas, dice el documento.

El reproche más fuerte de la Procuraduría a Ricardo Roa tiene que ver con que como gerente de campaña, "realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena ascendió a 250 millones de pesos y no a 150, como fue informado al CNE, de tal manera que el saldo de 100 millones fue pagado por ServiRed".

En síntesis, la campaña reportó 28.334 millones de pesos en gastos, y omitió los 356 millones de publicidad, lo que suma 28.690 millones, superando así en 154 millones el límite de gastos que establece la ley para primera vuelta, que es de 28.536 millones.

La sanción que pidió el ente de control para los investigados es que paguen una multa del 1 por ciento por lo que les desembolsó el Estado para la financiación de campaña en primera vuelta, y el mismo porcentaje por lo que les dieron en segunda vuelta. Asimismo, que devuelvan 154 millones por la supuesta vulneración de topes electorales en primera vuelta.

Así como se hallaron dos eventos en los que estaría comprometida la credibilidad de Ricardo Roa, Aydee Mogollón, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, la Procuraduría determinó que en otros casos no cometieron falencia alguna. 

En cuanto a los testigos electorales, se parte de la hipótesis del CNE de que hubo giros por 931 millones de pesos que no fueron reportados para el pago de este personal en primera vuelta, y de 177 millones en segunda.

Pero para el ente disciplinario dirigido por Gregorio Eljach, el uso de testigos electorales no podría considerarse como actos de campaña debido a que a estas personas no se les está permitida la propaganda política, sumado a que ejercen sus funciones cuando ya las campañas han cesado. 

El delegado Bladimir Cuadro encontró que la campaña contrató a Ingenial Media SAS para implementar un esquema de control electoral en primera y segunda vuelta, pagos que se hicieron pero que no demuestran un desembolso adicional que deba reprocharse a Roa y su equipo. En esa línea, "se podría concluir que el valor invertido en pago de testigos electorales no hace parte de los gastos de campaña, y en consecuencia no sería un gasto objeto de registro en los informes que se exigen de la misma".

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Otro de los capítulos abordados fue el de los polémicos vuelos que Petro hizo hace tres años con la empresa Sadi, sobre los cuales hay un manto de duda en el CNE sobre si hubo facturación alterada -estimada en 962 millones de pesos- y anulación de recibos por parte de Roa y su equipo.

Al revisar un informe remitido por la empresa, en el que se detallaron los montos y vuelos hechos por gente de la campaña, el procurador Cuadro concluyó que la anulación de facturas está justificada porque se debe a un error de Sadi y, en todo caso, fueron reemplazadas por otras facturas.

"No advirtiendo este funcionario en el expediente prueba alguna que demuestre que la anulación de facturas tuvo como propósito ocultar gastos realizados en la campaña, en aplicación del principio de buena fe debemos concluir que la anulación de facturas obedeció a los motivos alegados en los descargos", se lee en el concepto.

Frente al capítulo de la Unión Sindical Obrera (USO), se partió de que hubo unos primeros gastos en logística el 27 de mayo de 2022 por 121 millones, mque no se reportaron; y 379 millones en segunda que tampoco entraron en las cuentas. Y cuando los llamaron a dar su versión, ratificaron que para la segunda vuelta con Rodolfo Hernández, la USO aprobó la destinación de 600 millones para acompañar a Gustavo Petro en su intención electoral.

"El testimonio rendido por el señor (Henry) Jara Jara es claro al indicar que los recursos aprobados por la USO como apoyo a la campaña presidencial no fueron transferidos a la misma, en la medida que estos fueron ejecutados directamente por ellos, sin que informaran de ese aporte a los de la campaña presidencial", dice el documento.

En definitiva, según el ente disciplinario no puede reclamarse a la campaña dirigida por Ricardo Roa que rinda explicaciones por un aporte que no les entró a sus cuentas.

Asimismo, frente a la donación de 500 millones de pesos por parte de Fecode en mayo de 2022 -que también está bajo la lupa de la Fiscalía-, el procurador Cuadro reseñó que al revisarse las declaraciones de varias personas se puede concluir que si bien se acordó girar el dinero a la campaña Petro Presidente, finalmente llegó a la Colombia Humana y, en consecuencia, no hay irregularidad alguna ante el CNE.

Eso sí, encontró inconsistencias como que "la insinuación de la donación se hiciera varios meses de haber sido autorizada la misma, o que el contenido del acta del comité no corresponda exactamente con lo realizado con esos recursos; pero para los efectos que interesan al presente proceso la realidad es que los recursos no ingresaron a la campaña".

El crédito que sacó la campaña en el PPDA el 10 de mayo de 2022 por 500 millones fue también objeto de revisión. Según el CNE, hubo una irregularidad porque esa entrada de recursos fue omitida en el informe final que presentaron Roa y su equipo. Esa postura la comparte la Procuraduría al resaltar que un informe debe reflejar la realidad financiera de todo lo que pasó. 

"Sin embargo, considera, que la eliminación de estos cuando son reemplazados por nuevos créditos en la realidad no afecta el control sobre los ingresos y gastos de campaña", recordó Cuadro, añadiendo que los ingresos no se afectaron porque aumentó la plata cuando se recibieron los 500 millones, y volvieron a bajar con su respectivo pago.

Por todos estos señalamientos, Ricardo Roa ha pedido la nulidad del proceso manifestando que se debe cerrar porque "el CNE no cuenta con competencia para iniciar la presente investigación y formular cargos desconociendo lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 996 de 2005, la resolución carece de elementos probatorios para imputar cargos, el CNE pasó por alto la presunción de legalidad de las resoluciones 5272 de 2022 y 2912 de 2023". El hoy presidente de Ecopetrol desmenuzó uno por uno los capítulos atribuidos a su manejo de la campaña, así como lo hicieron también los otros investigados.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]