Demanda contra circular del Mintrabajo llega al Consejo de Estado por posible extralimitación en paro del Gobierno

La circular emitida por el Ministerio del Trabajo, en la que se instruye a empleadores públicos y privados a permitir la participación de sus trabajadores en las jornadas de protesta del 28 y 29 de mayo sin consecuencias laborales, llegó al alto tribunal contencioso. 

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una acción de nulidad simple ante el Consejo de Estado, en la que acusa al Ministerio de incurrir en una extralimitación de funciones y de alterar el orden jurídico vigente.

La demanda señala que la Circular Externa 0061 del 27 de mayo de 2025 ―firmada por el ministro Antonio Sanguino― “modifica de facto el régimen de ausencias remuneradas” y establece un deber general para las empresas de autorizar la salida de sus trabajadores sin descuento salarial ni consecuencias contractuales. 

La fundación argumenta que esa directriz invade materias reservadas al Congreso, como lo son la definición de permisos laborales y la gestión del empleo público y privado.

Según la demanda, aunque el documento se presenta como una circular, tiene en realidad efectos jurídicos generales y obligatorios, lo que lo convierte en un acto istrativo susceptible de control judicial. 

La circular dispone que cualquier trabajador puede ausentarse esos días por razones de movilización social sin que el empleador ―público o privado― pueda tomar medidas al respecto, lo cual, advierte FEDe, viola principios de legalidad, autonomía privada y libre empresa.

Uno de los puntos más críticos de la reclamación es la falta de análisis de impacto fiscal. Es decir, el documento argumenta que la ausencia masiva de trabajadores ―en entidades como el ICBF, el DPS, el MinTrabajo, entre otros― genera una carga presupuestal millonaria. Solo un día de inactividad podría representar más de $3.500 millones en costos de nómina, sin contar contratistas ni el efecto sobre la continuidad del servicio público.

En el texto, la fundación sostiene que la circular desvía el fin legal de un acto istrativo, al emplearse para inducir la participación en una movilización política promovida por el Gobierno. Según la acción judicial, este tipo de instrumento no puede ser usado por el Ejecutivo para apoyar una agenda particular, como la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro, y que fue abiertamente respaldada por centrales sindicales.

La demanda también pide al Consejo de Estado suspender de manera inmediata la aplicación de la circular, mientras se resuelve de fondo su legalidad.

Según el escrito, mantener vigente la directriz podría afectar gravemente la continuidad de servicios esenciales, vulnerar el principio de remuneración por servicios prestados y exponer a empresas a conflictos jurídicos.