El llamado al orden del Contralor sobre las finanzas públicas: ‘Los recursos que se busca recaudar no se utilizan’

Ante la Comisión de cuentas y de ética del Congreso, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, presentó el estado de cuentas de las finanzas públicas en el que alertó sobre irregularidades en la asignación del presupuesto, a través de prácticas que distorsionan el registro de ciertas operaciones, y que no permiten determinar el gasto real de los recursos.

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El informe del ente de control reveló que en 2023 se generaron 17 billones adicionales para financiar el presupuesto y se registraron pérdidas de apropiación por el mismo monto, es decir, que no se ejecutó. “Hago un llamado a mejorar la eficiencia del gasto público para evitar que se implementen reformas tributarias que produzcan un recaudo, que al final no se utilizará de manera efectiva”, dijo el contralor.

Para Rodríguez, la desfinanciación del presupuesto “termina incrementando la deuda”. En 2023 este monto se fijó inicialmente en $405,63 billones, con ajustes que lo elevaron a $423 billones, aunque el presupuesto adicional no fue ejecutado, resultando en una pérdida de apropiación.

El de este año -con vigencia para 2025- se incrementó a $523,7 billones de pesos, de los cuales 13 billones se generarían a través de la ley de financiamiento. Hace meses, la Contraloría alertó que esta cifra estaba desfinanciada en 12 billones de pesos y por esta razón no logró un consenso en el Congreso y será sancionado por el presidente a finales de octubre.

El contralor aprovechó su intervención en el legislativo para pedir mesura y responsabilidad con la planeación del gasto e hizo un jalón de orejas para que la ley de financiamiento no ponga en riesgo la recuperación económica.

“La correcta presupuestación es fundamental para evitar desequilibrios fiscales, pérdidas de apropiación y una subejecución de los recursos (...) Es esencial que esta ley de financiamiento respete el principio de progresividad. Vale la pena recalcar que en los últimos 20 años se han aprobado 12 reformas al estatuto tributario que no han logrado cerrar las brechas de financiamiento del Estado”, aseguró.

Otro punto que destacó dentro de la ejecución presupuestal fue la aplicación de las vigencias futuras, que representan el 12 % del presupuesto total sin deuda y que tienen un porcentaje de ejecución solo del 79 %. Frente a estas cifras, el contralor pidió “ejecutar las vigencias de manera eficaz y en los plazos previstos", pero además sugirió que los recursos comprometidos pudieran ser reasignados a otros gastos prioritarios cuando sea necesario.

La Contraloría hizo hallazgos, igualmente, de prácticas que distorsionan el registro de ciertas operaciones en el presupuesto. “No se registran correctamente las emisiones de deuda para pagar sentencias judiciales o los cruces de cuentas entre Ecopetrol y el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible”, expuso. Sin un registro certero, falencias en las que también se incurre con el manejo de los recursos a través de fiducias, no se puede determinar el uso real de los dineros del Estado. “Estas prácticas generan una desconexión entre lo que realmente ocurre y lo que muestran las cifras oficiales, afectando la transparencia y la correcta gestión del presupuesto”.

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Otra mala práctica detectada fue la creación de reservas presupuestales para gastos ya hechos, lo que afecta indicadores claves como el déficit fiscal. El contralor exigió corregir estas distorsiones para garantizar transparencia

Un asterisco adicional analizado por la Contraloría, y presentado ante la Comisión de cuentas, fue la deuda pública, cuantía que durante 2023 ascendió a $1.020,7 billones, equivalente al 64,9 % del PIB. Aunque la cifra representa una disminución del 1,6 % respecto al año anterior, esto responde en parte al ajuste cambiario que disminuyó la deuda externa en $96,6 billones.

“Si bien la deuda en sí no es negativa y constituye una fuente crucial para la operación del Estado, su crecimiento significativo en los últimos años ha generado una presión considerable en el gasto público”, dijo Rodríguez.

En este aspecto, el ente de control prendió las alarmas por los niveles de endeudamiento territorial. Los departamentos, en total, alcanzan una deuda de 7,89 billones, de los cuales el 65.02 % está concentrado en Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Valle. “Se tiene que evitar que se conviertan en un factor de desestabilización. Algunas están alcanzando niveles preocupantes, lo que puede representar un riesgo significativo para mantener unas finanzas sostenibles”.

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SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia