Contraloría alerta sobre la posible terminación anticipada del contrato de concesión del Canal del Dique: más de $3 billones en riesgo

Diferentes medidas tomadas por autoridades ambientales y hasta la JEP, han amenazado el contrato con la concesión del Canal del Dique, que adelanta obras de mitigación en esta región, las cuales tendrían una inversión de más de $3 billones de pesos. La Contraloría alertó sobre los costos de una posible terminación anticipada de mutuo acuerdo que le costaría al país el pago de $350.000 millones más la pérdida de los beneficios a la comunidad. 

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"Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar a 1,5 millones de personas que habitan estos territorios, con los graves graves problemas ambientales que hoy afrontan", aseguró el ente de control. Algunos de estos flagelos son un bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en la época de invierno, sequía extrema en la de verano y excesiva sedimentación. 

La obra tendría una inversión total cercana a los $3,2 billones de pesos. Hasta el momento, la concesión ha ejecutado algunas obras menores de mejoramiento vial, unos cuantos dragados de mantenimiento del Canal y unos Estudios y Diseños en Fase III, que podrían quedar desactualizados con el tiempo perdido en la terminación del contrato. 

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Los puntos de quiebre entre el Gobierno y la concesión han sido una nueva exigencia de licencia ambiental por parte de la ANLA, la introducción de un protocolo ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz para la recuperación de posibles víctimas de desaparición forzada en la región (de hecho, consideró como víctima al Canal del Dique) y la realización de consultas previas adicionales con las comunidades. 

La Contraloría, si bien reconoció el riesgo de estas nuevas medidas, las consideró necesarias. Por eso instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la concesión y al ministerio de Ambiente a gestionarlas adecuadamente y evitar que se sigan fortaleciendo como una excusa para abandonar la construcción de la obra. 

“Aunque se tratan de riesgos que fueron alertados oportunamente por la CGR y que hoy están próximos a materializarse, ello no implica que no puedan ser adecuadamente gestionados y resueltos y, mucho menos, que puedan convertirse en un presunto soporte para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Acorde al mensaje de Rodríguez, la entidad habría advertido a la ANI sobre estos posibles riesgos, pero se continuó con la adjudicación al único oferente que se presentó. Ya empezada la obra, el Contralor pidió que se implementen las acciones necesarias para prevenir una afectación al presupuesto y a los intereses públicos. 

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“Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, implicaría cancelar el indispensable objetivo de restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena. Pero también sería privar a las comunidades vecinas al proyecto de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre (aproximadamente 1,5 millones de personas), de los grandes beneficios económicos que reporta una cuantiosa inversión de aproximadamente $3,26 billones en estos territorios”, agregó el funcionario. 

Adicionalmente, se trancaría un proyecto declarado de importancia estratégica para la Nación.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia