Lecciones del intento fallido de Juan Valderrama para evitar la cárcel

El macabro asesinato de la chilena Ilse Ojeda, por el que está capturado su novio, Juan Valderrama, sigue arrojando lecciones de cómo la justicia sí puede hacer su tarea como el país lo necesita.

No solo por la rapidez con la que la Policía y la Fiscalía recuperaron el cuerpo y recogieron las pruebas que permitieron procesar a Valderrama por cargos criminales que le podrían dar 60 años de prisión. También por la manera como los jueces han atajado maniobras que los abogados de la defensa suelen manejar en estos casos.

Jugadas que más de una vez han funcionado para que personas que debían estar tras las rejas terminen con casa por cárcel o, literalmente, haciéndose los locos en clínicas de reposo y sitios de reclusión menos custodiados.

Valderrama sigue sosteniendo que es inocente, aunque hay una pila de indicios en su contra. Al tiempo, su abogada intentó en las audiencias mostrarlo como inimputable; es decir, como alguien incapaz de responder por sus actos debido a una supuesta enfermedad mental. Así pretendía que no fuera enviado a la cárcel de Palogordo, donde terminó, sino al hospital siquiátrico San Camilo, de Bucaramanga.

El juez negó el examen de Medicina Legal con el argumento de que esa valoración podrá hacerse en la etapa de juicio. Mientras tanto, el hombre que, según las autoridades, tuvo toda la lucidez mental para planear el asesinato y la desaparición del cuerpo de Ilse, con el fin de cobrar el seguro de vida que ella puso a su nombre, seguirá recluido bajo condiciones de máxima seguridad.

Las enfermedades mentales o físicas suelen aparecerles súbitamente a capturados que no se vieron para nada limitados por sus supuestas dolencias a la hora de cometer los delitos.

La historia de la ‘Gata’, la reina del chance condenada por un asesinato cometido por los ‘paras’ y que completa una década de detención domiciliaria y hospitalaria, es emblemática. En otros casos, algunos jueces les compran el argumento de que son cabeza de familia para mandarlos a detención domiciliaria y hasta darles permisos de trabajo. Eso pasó con varios capos de la ‘Oficina’, quienes después terminaron en fuga.

En un Estado de derecho, cualquier procesado, por grave que sea su delito, tiene derecho a utilizar todas las estrategias legales de defensa. Eso no se discute y es claro que los jueces tienen la obligación de garantizar ese derecho. Pero también el de las víctimas, y el de toda la sociedad, de estar a salvo de quienes han demostrado que son una amenaza.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET