'Mi aspiración de justicia ha muerto': Jineth Bedoya desiste del proceso judicial de su caso, que sigue inconcluso

25 años después de la masacre de la cárcel La Modelo, en Bogotá, que fue el antecedente del secuestro, tortura y agresión sexual que sufrió la periodista Jineth Bedoya un mes después en este mismo penal, la investigación judicial sigue inconclusa. Su caso, que se convirtió en un emblema contra la barbarie y los crímenes por razones de género y censura, logró una sentencia histórica en el Sistema Interamericano. Sin embargo, en los tribunales domésticos, la falta de condenas contra quienes ordenaron su asesinato -del que sobrevivió-, motivó a que Bedoya desistiera del proceso judicial.

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“Lo más anhelado, mi aspiración de justicia, ha muerto. He entregado todos los materiales necesarios, pero ningún proceso llegó hasta el final”, dijo la periodista.

La sentencia de la Corte IDH fue un hito en la lucha feminista que se libra desde las salas de redacción. El Sistema Interamericano, en su decisión del 26 de agosto de 2021, le ordenó al Estado colombiano ejecutar trece medidas de reparación, tanto colectivas como individuales. Algunas, como el esclarecimiento de los hechos y las condenas judiciales siguen sin dar resultados. Tal como denunció Bedoya, los cerebros detrás de su crimen continúan en la impunidad. Otras, como el Fondo para Mujeres Periodistas, si bien se han puesto en marcha, avanzan a paso lento.

"El país y la comunidad internacional son testigos de mi lucha, de mi esfuerzo para transformar la barbarie en esperanza (...) Al final nació un fruto que hoy es una política pública en el país. Pero lo más anhelado, mi aspiración de justicia, ha muerto. Hoy sigo bajo amenazas de muerte, pero el sistema de justicia de mi país no fue diligente", aseguró la periodista en un acto acompañado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Defensoría del Pueblo.

Bedoya anunció la renuncia a su derecho a la investigación judicial asegurando que la última carta que se jugará es un recurso de casación a la sentencia absolutoria de uno de los guardianes del Inpec vinculados a su secuestro y posterior tortura.

"Soy consciente que la Fiscalía argumentará que no dejará de lado mi caso, pero le quiero decir a la fiscal Luz Adriana Camargo que este caso fue abandonado desde el día uno. Todas las ineficiencias que han tenido ustedes ya las conocen de sobra, porque gracias a ellas logramos una condena histórica en el Sistema Interamericano", aseguró la editora de género de EL TIEMPO, Jineth Bedoya.

El 27 de abril del año 2000, en la cárcel La Modelo de Bogotá, estalló una olla a presión que venía cocinándose a fuego lento. La guerra entre 'paras' y guerrilla, que se trasladó de la selva a los patios, desató una batalla campal que dejó 32 personas muertas y 17 heridas.

Para ahondar en la ilegalidad que reinaba impunemente en la penitenciaría y permitía este tipo de horrores, la periodista de El Espectador, Jineth Bedoya Lima, fue hasta el penal, citada por una fuente. En uno de los pabellones, donde se suponía que el Estado ejercía control a través del Inpec, fue secuestrada. Extramuralmente fue torturada y violada masivamente durante 16 horas. El mensaje de sus victimarios era claro: querían sepultar la verdad.

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El entramado que abrió la puerta a uno de los peores motines en la historia del país sigue sin resolverse en términos judiciales. Sin embargo, la voz de Bedoya, que pese a su crimen siguió sonando fuerte, logró abrir investigaciones contra jefes paramilitares en Justicia y Paz, así como reactivar el expediente en la Fiscalía.

El cómo ocurrió una barbarie en la que fueron asesinadas —muchas de ellas desmembradas y arrojadas a la cañería— 32 personas, y, un mes después, una periodista fue secuestrada dentro de una cárcel, sigue sin respuesta.

Por esta razón, Bedoya insiste en los nombres de quienes, aunque aún no han respondido, deben hacerlo ante la justicia: Leonardo Gallego, entonces director de la Dijín; Argemiro Serna, director de la Policía Metropolitana; y Fabio Campo, director del Inpec.

"A todas las víctimas les digo: pese a mi tragedia, siempre vale la pena luchar. Mi justicia hoy es dejar un legado a las mujeres periodistas y a todas las mujeres de este país. Así mañana no respire, la tarea está hecha. Esta es mi justicia tangible. Me aferro a lo que logré construir, y mi voz encontró un propósito a través de No Es Hora de Callar, que hoy es una política de Estado (...) Que la historia nos juzgue, que la historia los juzgue a ustedes, porque mi caso hoy muere en la impunidad", reiteró la periodista.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, acompañó el acto, que estuvo enmarcado por la solemnidad y el silencio. No hubo aplausos, solo "la dignidad de la tristeza, que también es válida", afirmó la cabeza del Ministerio Público.

Marín señaló que, si bien la periodista tiene derecho a descansar de la extenuante carrera contra la impunidad que ha rodeado su caso, el Estado no. Hoy, más que nunca, dijo, sus instituciones deben tomar la batuta y cumplir no solo los compromisos ordenados por el Sistema Internacional, sino también aquellos que tiene con la sociedad colombiana.

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"Este momento es una oportunidad para reafirmar, con fuerza y sin ambigüedades, la dimensión ética, política y humana de la lucha de Jineth. Su voz es un faro, un recordatorio constante de que la justicia no puede ser una convidada de piedra. Cuando se trata de reparar el daño, de evitar que otras lo vivan, de garantizar que las niñas y mujeres de este país puedan crecer sin miedo, el silencio institucional no es neutral: es una forma de violencia", dijo la Defensora.

Desde la entidad se exigió que el Estado cumpla con su responsabilidad, de cara a la reivindicación colectiva que tomó como símbolo el caso de la periodista.

"No se trata sólo de reparar una historia individual: se trata de asumir con seriedad una deuda colectiva con las mujeres sobrevivientes, con sus cuerpos marcados por el conflicto, con sus vidas atravesadas por la impunidad. Seguiremos insistiendo ante todas las instituciones del Estado para que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean una realidad tangible. Porque acompañar a Jineth no es sólo un acto de solidaridad institucional, es un deber constitucional y una responsabilidad ética frente a las mujeres de Colombia", concluyó Marín.

Redacción Justicia