Crecen voces de rechazo al 'plan pistola' contra la Fuerza Pública en varias regiones del país: van 18 asesinados

El asesinato de 13 policías y cinco militares en las últimas semanas revela un repunte alarmante de la violencia contra la Fuerza Pública. Los patrones de estos ataques, atribuidos en su mayoría al ‘clan del Golfo’, apuntan a una reactivación del ‘plan pistola’, una estrategia que históricamente ha sido utilizada para generar miedo en las instituciones y retomar el control armado en territorios estratégicos.

El procurador Gregorio Eljach señaló que estas acciones constituyen una violación al derecho internacional humanitario y que los responsables “deben ser perseguidos sin tregua por la justicia, capturados y condenados sin contemplación conforme a la ley”.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez condenó el ataque de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ a la estación de policía de Suárez, Cauca, que dejó como saldo la muerte del patrullero Víctor Manuel Sánchez Zapata. “Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a la Policía”, dijo.

Congresistas alzaron su voz contra el presidente Petro por la presunta falta de respuesta frente a la ola de violencia. El senador liberal Mauricio Gómez Amín criticó que “mientras el presidente divaga sobre Italia, nuestras Fuerzas Armadas son víctimas del ‘plan pistola’”. 

Entre tanto, la representante Marelen Castillo calificó la situación como “actos de barbarie” y sostuvo que “proteger a la Fuerza Pública no es una opción, sino un deber”.

Este fin de semana, el jefe de Estado se refirió únicamente al ataque en Guaviare de las disidencias de las Farc contra un pelotón del Ejército, señalando que una comisión independiente debe investigar si este hecho está relacionado con la decisión de disminuir el cese al fuego con los frentes bajo órdenes de alias ‘Calarcá’. “Soy responsable de la vida de cada joven que hay en la Fuerza Pública”, dijo.

Si bien el término ‘plan pistola’ surgió en la década de los 80, cuando los carteles de Medellín y Cali ordenaron asesinar policías a cambio de recompensas en efectivo, la estrategia criminal pasó a manos de grupos armados ilegales que enfrentan presiones por operativos militares.

El ‘clan del Golfo’, en particular, ha reactivado esta práctica como represalia por el operativo de las fuerzas militares del 4 de abril en el que se dio de baja a alias Chirimoya, uno de los hombres más cercanos a alias Chiquito Malo.

Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, esto muestra “un giro preocupante en la seguridad” y advirtió que “la intensificación del conflicto” es inminente, dada la falta de avances en los diálogos con el Gobierno.

De hecho, el primer ‘plan pistola’ lo hicieron en 2012 tras la muerte de alias Giovanny y en 2022 cuando se extraditó a alias Otoniel, su máximo líder.

La estrategia ofensiva se retomó el 15 de abril cuando asesinaron al policía Deimer Díaz Pérez en Carepa, Antioquia, presuntamente por sicarios del ‘clan del Golfo’, mientras disfrutaba de un permiso.

En este departamento han sido asesinados seis uniformados. En respuesta, el gobernador Andrés Rendón dijo: “Los criminales son eso: criminales y asesinos. Los nuevos ataques a la Fuerza Pública en Antioquia demuestran que la ‘paz total’ fracasó. De nada ha servido contemporizar con bandidos”.

En respuesta a esta ofensiva criminal, el Gobierno anunció recompensas de hasta $ 200 millones por información que permita capturar a los responsables, y hasta $ 20 millones por datos que contribuyan a prevenir nuevos atentados.

“Los autores materiales de estos crímenes son sicarios que actúan con cobardía, camuflándose entre la población civil para atacar a traición. No enfrentan al Estado porque no tienen la capacidad”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según detalló, en Antioquia, Córdoba y la costa Atlántica, los ataques provienen del ‘clan del Golfo’; en Norte de Santander, del Eln; y en el Cauca, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Ahora bien, la crisis de seguridad interna y la falta de una estrategia militar eficaz, como mencionó el senador Ariel Ávila, son factores cruciales: “Una ausencia de estrategia de las fuerzas militares desde hace 7 años que no han podido leer la nueva ola de conflicto”.

Según el senador, esta situación, sumada al auge de las economías ilegales, ha creado un caldo de cultivo para el resurgimiento de estos grupos armados.

Asimismo, según expertos, la política de ‘paz total’ del Gobierno se tradujo en una respuesta contradictoria. Hernán Cadavid, representante a la Cámara, señaló: “Ese es el resultado. Un mal planteamiento de la política de paz al dar concesiones y beneficios, lo cual es contestado por los delincuentes con actos criminales para hacerse fuertes”.

Para el general (r) Juan Carlos Buitrago, este fenómeno responde a la presión de los grupos armados para mantener su presencia. “La ofensiva militar fue reactivada con la llegada del nuevo ministro de Defensa, que ha arrojado golpes estratégicos contra estos grupos al margen de la ley”, dijo.

Por su parte, Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, advirtió sobre los peligros de interpretar estos ataques como meros actos de venganza, cuando en realidad podrían ser una estrategia calculada para forzar la cooperación de las autoridades.

La situación también resalta la debilidad estructural de las instituciones judiciales y de seguridad, tal como lo señaló el analista Pedro Medellín: “Sacrificamos justicia para que hubiera paz”. El académico agregó que esta situación ha dejado a las instituciones estatales debilitadas frente a los grupos ilegales, que “se convirtieron en los nuevos agentes de justicia” en los territorios históricamente afectados.

Redacción Justicia