Estos son los expedientes de la ANT sobre ocho predios sospechosos de ser baldíos que vinculan a congresistas

“Uno de cada tres congresistas estaría involucrado en el acaparamiento de baldíos”. Así lo denunció Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), durante el pasado consejo de ministros. Hizo públicos ocho nombres, todos de la oposición: los senadores Marcos Daniel Pineda, Liliana Bitar, Lidio García, Paloma Valencia y Juan Samy Meregh. Y los representantes Ana Paola García, Carlos Cuenca y Luis Eduardo Díaz Mateus.

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EL TIEMPO conoció los expedientes de los procesos istrativos que abrió la Agencia sobre ocho predios relacionados con los parlamentarios que fueron expuestos públicamente.

En tres casos, los procesos están en etapa preliminar, en otros tres, ya hay resoluciones que ordenan la clarificación de la naturaleza del bien, y en los dos restantes, se ha dispuesto el inicio del procedimiento de recuperación.

Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el congresista liberal —y virtual presidente del Senado para la próxima legislatura— está ocupando "irregularmente" la finca La Viche, un predio de 242 hectáreas identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 062-6263, ubicado en el municipio de San Juan de Nepomuceno, Bolívar.

La resolución No. 202531001566936, con la que se ordena la clarificación del inmueble, argumenta que “fue prescrito por un juez sin que existiera otro antecedente registral”.

La Subdirección de Procesos Agrarios de la ANT expidió la resolución No. 202532001669856, mediante la cual solicita a un juez la “clarificación” de la naturaleza jurídica de la finca Los Cámbulos, identificada con la matrícula inmobiliaria No. 375-58364.

La propiedad, ubicada en el municipio de Obando, Valle del Cauca, ha sido vinculada al senador conservador. Según el expediente, su primer antecedente registral es la escritura pública No. 120 del 21 de septiembre de 1948, que protocoliza la división material del lote denominado “Pedro Sánchez”, adquirido por los señores Uldarico Esquivel, Roberto Esquivel y Antonio Esquivel.

Dicha división se habría efectuado previamente ante el Juzgado Civil del Circuito de Cartago y quedó consignada en la escritura pública No. 87 del 29 de enero de 1942. Sin embargo, este documento no reposa en ninguna notaría, razón por la cual la entidad consideró pertinente gestionar su obtención.

Otra resolución reciente, fechada el 21 de mayo de este año, ordena la clarificación del predio Pasate Largo, ubicado en Cereté, Córdoba, e identificado con la matrícula inmobiliaria No. 143-31552.

Según el expediente, “este inmueble fue prescrito por un juez de la República sin verificar si se trataba de un bien de propiedad privada. Se desenglobaron cinco predios que actualmente están ocupados por Blanca Ceballos, Marcos Pineda (el congresista), Víctor Páez y Luis Páez”.

En este caso, que ya fue fallado judicialmente, la senadora del Centro Democrático no está vinculada de forma directa. La posesión del predio Buenavista, de más de 6.000 hectáreas, había sido acreditada al exrepresentante a la Cámara por Vichada, Gustavo Londoño García, y al empresario Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia, mediante un “proceso de pertenencia contra personas indeterminadas”. Esta fue revocada por el Tribunal Superior de Villavicencio y, posteriormente, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

A partir de estas decisiones judiciales, y con base en una visita técnica y un informe pericial, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica expidió el Informe Técnico Jurídico Definitivo del 4 de diciembre de 2023, en el que declaró “la indebida ocupación ejercida por los señores Londoño García y Laserna Serna”.

Mediante la Resolución No. 202432002583426 del 16 de abril de 2024, la ANT inició el procedimiento agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados. En dicho acto istrativo se identificaron 43 ocupaciones irregulares, entre ellas la del representante a la Cámara por el departamento del Vichada, Carlos Cuenca Chaux, vinculado al acaparamiento de 377 hectáreas.

La resolución abarca un total de 11.452 hectáreas; de estas, 3.970 fueron declaradas como indebidamente ocupadas. 

Sobre esta decisión se han interpuesto 35 recursos de reposición y apelación, los cuales se encuentran actualmente en trámite. Cuenca Chaux presentó únicamente un recurso de reposición, que ya fue resuelto y confirmado por la entidad.

Los predios con sospechas de ser baldíos de la Nación, a los cuales se vincula a la senadora del Partido Conservador, según la ANT, se encuentran actualmente en etapa de indagación preliminar. Ubicados en el municipio de Ciénaga de Oro y registrados con las matrículas inmobiliarias 143-10907, 143-29086 y 143-34710, están bajo estudio para la posible apertura de un proceso de clarificación de la propiedad.

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De acuerdo con la entidad, los tres predios figuran a nombre de Agropecuaria La Fátima S.A.S., sociedad cuyo representante legal principal es Said David Bitar Castilla y cuya representante suplente es Liliana Esther Bitar Castilla.

“De la revisión de títulos se estableció que los tres predios presentan parcialidades que presuntamente no acreditan propiedad privada. Por esta razón, se considera necesario abrir un proceso de clarificación de la propiedad y, si se confirma la ocupación irregular, avanzar hacia la recuperación”, precisó la entidad.

La finca con matrícula inmobiliaria No. 308-9568, ubicada en Cerrito, Santander, también se encuentra en etapa de indagación preliminar.

Según la ANT, su antecedente registral es una sentencia de declaración de pertenencia, la cual resulta insuficiente para acreditar propiedad privada. Por esta razón, se estudia la apertura formal de un proceso de clarificación de la propiedad.

El esposo de la congresista, Félix Gutiérrez, según la ANT, es propietario de dos predios ubicados en Buenavista, Córdoba, municipio donde fue alcalde. De acuerdo con la denuncia, además ocupaba terrenos allí entregados por 'Macaco', 'Cuco Vanoy' y 'Nico', antiguos jefes paramilitares.

Además, Gutiérrez está salpicado por el testimonio de Salvatore Mancuso, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vinculó como enlace de una célula armada liderada por Francisco Javier Piedrahita, un ganadero señalado de facilitar la entrada de las autodefensas en Sucre.

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De manera preliminar, la ANT determinó que estos terrenos surgieron por la combinación y separación repetida de lotes. "Según los documentos y registros, son terrenos mixtos, es decir, una parte corresponde a baldíos de la Nación (porque no cumplen con ciertos requisitos legales) y otra parte tiene títulos privados originales", aclaró.

Sin embargo, en las divisiones de algunos de estos terrenos principales, aparecen distintos registros que podrían superponerse o referirse a las mismas áreas de tierra, y además tienen antecedentes legales diferentes. Por eso, precisa la entidad, es necesario iniciar un proceso legal para aclarar quién es el verdadero dueño de cada parte.

Redacción Justicia