El pago de 130 millones de pesos que hizo una excongresista para evitar su captura

La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a la exrepresentante a la Cámara.

La exrepresentante por Putumayo Argenis Velásquez Ramírez. Foto: Cortesía Cámara

02.01.2024 11:29 Actualizado: 03.01.2024 00:00

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Por entregar 130 millones de pesos a un funcionario del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, para ser favorecida en un proceso penal adelantado en su contra, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez.

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El 27 de julio de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría formuló cargos a Argenis Velásquez Ramírez, en su condición de representante a la Cámara, por entregar a través de Luis Gustavo Moreno Rivera la suma de 130.000.000 que iban dirigidos al despacho de Gustavo Enrique Malo Fernández, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Según la Procuraduría, los sobornos se realizaron con el objetivo de que "no se adoptaren decisiones en contra de la entonces congresista" en medio de proceso penal.

Luis Leonardo Pinilla (izquierda) y Luis Gustavo Moreno Rivera (derecha), procesados por extorsionar al cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons. Foto:Archivo / EL TIEMPO

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Ahora, el fallo de primera instancia fue emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Según la investigación, Velásquez Ramírez entregó dicha suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera.

Este acto tenía como objetivo evitar "una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010".

Este caso se enmarca en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal que investigó la conducta irregular de diversos funcionarios judiciales, conocido como 'el cartel de la toga'.

Según el testimonio de Luis Gustavo Moreno Rivera rendido en 2017 ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que se tuvo en cuenta para la decisión de la Procuraduría, el cobro de las sumas de dinero estaba "encaminado a retrasar actuaciones solicitando aplazamientos".

El Ministerio Público destacó que la excongresista desplegó actuaciones destinadas a sobornar a un servidor público con el fin de obtener beneficios en un proceso penal. Esta conducta llevó a la Procuraduría a establecer "en grado de certeza la materialidad de la falta endilgada" y la consecuente responsabilidad de la procesada.

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Argenis Velásquez, excongresista que atravesará juicio. Foto:Congreso Visible.

La gravedad de la situación se enfatiza al señalar que Velásquez Ramírez, siendo una servidora elegida por voto popular, demostró "un desprecio total por la istración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública".

El órgano de control considera que su comportamiento fue contrario a las expectativas de la sociedad, esperando un actuar libre de mácula, transparente y correcto.

La Procuraduría subraya que Velásquez Ramírez quebrantó el principio de moralidad que regula la función istrativa, calificando su falta como gravísima cometida a título de dolo. La sancionada tiene la posibilidad de apelar el fallo de primera instancia.

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El proceso en su contra

Cabe recordar que en agosto de 2023, un juez de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y tres meses de cárcel a la excongresista Velásquez Ramírez, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, el cual estuvo ligado al escándalo judicial conocido como el Cartel de la Toga.

La sentencia condenatoria fue dada a conocer por la Fiscalía General de la Nación, que explicó que el juzgado acogió las pruebas presentadas por un fiscal auxiliar de la delegada ante la Corte Suprema.

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"El ente investigador demostró que en 2015 la ahora sentenciada; a través del abogado Gustavo Moreno; acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, quien solo recibió 130 millones", explicaron en un comunicado.

La coima de la exrepresentante a la Cámara tuvo un fin claro: dilatar el proceso penal en su contra por posibles hechos de corrupción de cuando fue alcaldesa del municipio de Orito, en Putumayo.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

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