ONG inglesa, a favor de no prohibir el mural '¿Quién dio la Orden?'

Padraig Hughes, director legal de la ONG Media Defence, con sede en Londres (Reino Unido) le entregó un concepto a la Corte Constitucional en el que da su opinión sobre la tutela que ese alto tribunal evalúa, y en la que un juez -al proteger los derechos del general Marcos Evangelista Pinto- ordenó borrar el mural "¿Quién dio la orden?". 

En ese mural, así como varias publicaciones en redes sociales que reproducían la misma imagen, se ven las caras de varios integrantes del Ejército -entre ellos Pinto- y se pregunta quién dio la orden en los casos de falsos positivos.

En medio de la revisión de esta tutela, que está en el despacho del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, han llegado varias opiniones como las de Dejusticia, o la ONG Temblores, y Media Defence. 

En su escrito amicus curiae -es decir, en calidad de tercero que quiere aportar información relevante para resolver el caso- Media Defence da argumentos a favor de tumbar el fallo que le había prohibido al Movimiento de Víctimas del Estado (Movice) la publicación y reproducción del mural que cuestiona quiénes fueron los responsables de los casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que fueron asesinados, y a quienes luego hicieron pasar como bajas en combate. 

Según la ONG, los murales constituyeron una crítica pública sobre la impunidad en los casos de falsos positivos y su posible responsabilidad por parte de altos funcionarios durante el periodo que ocupaban cargos de liderazgo sobre las tropas. "La manifestación de Movice no establece responsabilidad, sino que clama por justicia en relación con algunos funcionarios del Estado", asegura Media Defence. 

Y es que el general Marcos Evangelista Pinto, quien ganó la tutela contra Movice, fue denunciado por ese movimiento en el 2018 por supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por hombres bajo su mando cuando dirigía un batallón en Medellín y Magdalena. 

Por eso, asegura Media Defence, darle más peso al derecho de un alto funcionario público -acusado públicamente de ser responsable de una política de ejecuciones extrajudiciales- que al derecho de la libertad de expresión de un colectivo de víctimas por la impunidad que suma décadas, "no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos". 

Esta ONG, que desde Londres defiende los derechos de periodistas, blogueros, medios independientes en todo el mundo, y que ha litigado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre otras, asegura que la tutela del general Marcos Evangelista plantea un interesante debate sobre la protección de la libertad de expresión y su ponderación frente a los derechos a la honra y reputación de altos funcionarios acusados de delitos graves. 

En esa ponderación, asegura Media Defence, la jurisprudencia nacional e internacional ha buscado interferir lo menos posible en la libertad de expresión, y afirma que cuando se trata de defender el honor de funcionarios públicos, tanto la Corte Interamericana como su homóloga europea han destacado que hay un "margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público". 

Esto porque, recuerda la ONG, los límites de críticas aceptables son más amplios para funcionarios públicos y del Gobierno que para los ciudadanos privados. 

Así, afirma la ONG, "en el análisis de la crítica se debe ponderar el interés del debate público y el tema en análisis. Violaciones de derechos humanos y delitos internacionales cometidos por agentes del Estado son asuntos de interés público absolutamente relevantes en una sociedad democrática", recordando que en un sistema democrático las acciones u omisiones del Estado deben tener un escrutinio riguroso. 

En ese mismo contexto de defensa de la libertad de expresión, afirma Media Defence, se debe buscar que no haya sanciones contra medios de comunicación o discursos protegidos que puedan producir un efecto paralizador o inhibitorio sobre la expresión de ideas e información pública. 

Por eso, la ONG asegura que "la decisión sin precedentes de ordenar a Movice eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados y escritos la imagen objeto de la presente tutela representa una carga excesiva y de imposible cumplimiento. En efecto, dicha orden no cumple los requisitos de necesidad en una sociedad democrática y de proporcionalidad para alcanzar un objetivo legítimo, de modo que también en ese aspecto el balance de derechos que se alegan en conflicto no respeta los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos".

En su escrito a la Corte, Media Defence también habla del contexto de los casos de 'falsos positivos', en el que según las cifras que la Fiscalía entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 1988 y 2014 hubo al menos 2.248 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mientras que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que entre 2002 y 2010 había 5.000 de estos casos. 

De otro lado, recordó la ONG, actualmente la Corte Penal Internacional estudia la isibilidad de cinco potenciales casos por estas ejecuciones extrajudiciales, casos en los que siempre se ha cuestionado el papel de acción u omisión que tuvieron los altos mandos del Ejército. 

La ONG, además, habla de la impunidad que ha rondado estos casos de falsos positivos, señalando que la tasa actual de impunidad se estima en un 98,5 por ciento, y que ningún alto mando ha sido condenado. 

De otro lado, Media Defence habla de la libertad de prensa, que no solo debe estar protegida para los medios de comunicación, sino también para las ONG que trabajaban por los derechos humanos y cuyos discursos sobre el conflicto armado son de un gran interés público. En ese sentido, asegura que las ONG ejercen una labor de "guardián social" que buscan garantizar una protección similar a la de la prensa. 

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET