La pensión a una ‘madre de crianza’ y otras sentencias clave de los 8 años de la Sala de Descongestión Laboral

Una ama de casa víctima de violencia de género que reclamaba la pensión de su fallecido exesposo. Una mujer miembro de la junta directiva de Fidupetrol que alegó “ser forzada a renunciar” y pedía la indemnización por despido sin justa causa.

(También le puede interesar: La tragedia que golpeó a la familia de Miguel Uribe Turbay en la guerra contra el narcoterrorismo)

Un trabajador que fue asesinado en un atentado terrorista en Argelia, África, y su familia exigía a la multinacional donde trabajaba la indemnización con base en la legislación colombiana. Una abuela que crió a su nieto, quien murió en un asalto como vigilante, y esperaba ser reparada como su ‘madre de crianza’.

Más de 19.000 procesos como estos se apilaban en los despachos de los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, hace ocho años.

Tardaban hasta una década en recorrer el tortuoso camino del sistema: la decisión en primera instancia de un juez, en segunda del Tribunal y la casación en la Corte. En algunos, cuando se resolvían, ya el demandante había muerto.

Para evacuar la montaña de expedientes y solucionar estas demandas, en 2016, la Ley 1781 creó las cuatro Salas de Descongestión Laboral, que esta semana culminaron su misión.

Emitieron más de 28.000 sentencias amparando los derechos fundamentales de los trabajadores y empleadores, que se traducen en soluciones de vida con un radio de impacto que se extiende no solo al afectado, sino a su entorno.

“Con orgullo, desde la Sala de Casación Laboral le entregamos a la sociedad colombiana 28.000 decisiones. A la persona que tuvo que renunciar porque se sintió maltratada económicamente, la resarcimos. A quien le negaban la pensión de sobrevivientes, le reconocimos su derecho. Pero además no solo le solucionamos la vida a ella, también les permitimos a sus hijos acceder a una mejor calidad de vida, a la educación”, le dijo a EL TIEMPO la presidenta de la Sala, magistrada Clara Inés López.

“Cuando solucionamos situaciones como la de quienes reclamaban el pago de prestaciones que nunca les reconocieron, también les estamos dando dignidad. Todo eso hace parte de esas sentencias. Y no impactaron solo a 28.000 personas. Yo creo, sinceramente, que impactaron a más de 200.000, y, en general, a una sociedad entera”, agregó.

A principios de 2018, el patrón de una finca cafetera en Pereira fue demandado para indemnizar la muerte de la esposa de su mayordomo. La sentencia, que hace parte de las 28.000 que profirieron las salas de descongestión, amparó los derechos de la mujer, quien falleció en lo que la Corte consideró como un accidente laboral.

La pareja de esposos había sido contratada verbalmente, pero solo el hombre devengaba salario. La mujer se encargaba de preparar las comidas de los jornaleros y a asear la casa de la finca sin remuneración ni pago de seguridad social. En octubre de 2017, la estufa artesanal en la que cocinaba explotó. Murió por la gravedad de sus quemaduras.

La Sala revocó la decisión del Juzgado Cuarto Laboral de Pereira en primera instancia y confirmó la sentencia del Tribunal, que ordenó el pago de una cuantiosa indemnización al esposo y a la hija de la mujer.

Esta incluía los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que prestó sus servicios en la finca, así como una compensación por daños y perjuicios, debido a la falta de elementos de protección que agravaron la situación de precariedad de la trabajadora que resultó accidentada.

Pero, además, se apegó al enfoque de género que sentó un precedente sobre la figura de “viviente” o agregado en las zonas rurales y el rol de la mujer en las tareas de cuidado.

“La consecuente segregación ocupacional basada en estereotipos de género no solo comporta invisibilización y subvaloración de las actividades asociadas a ese esquema, sino que incluso conlleva la marginalidad y pauperización de las condiciones de empleo de las personas que se ocupan de estas actividades, pues las relaciones de trabajo se enmascaran bajo la forma de favores, obligaciones morales o familiares, deudas de gratitud o incluso como actos voluntarios de carácter gratuito, predominando para ellas el trabajo no registrado y no reconocido o subvalorado en términos de reconocimiento social y, consecuentemente con ello, de la ausencia de una asignación de valor económico a su trabajo”, validó la Corte.

Una sentencia de 2020 falló a favor de una mujer que reclamaba una pensión de sobrevivientes, pese a que se había divorciado tras 40 años de matrimonio en los que fue víctima de violencia. Aun sin el título formal de esposa, siguió conviviendo con su exesposo y ejerciendo labores de cuidado.

“Sufrió múltiples violencias de su cónyuge, de las que fueron testigos sus hijos, e incluso le dejaron secuelas en el rostro”, se lee en el fallo.

Tras el divorcio, legalmente no tendría derecho al beneficio, pero la Corte identificó un vacío frente a los casos en que la separación se da por situaciones de violencia. También consideró determinante que, pese al divorcio, ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo.

(Complemente su lectura: Así fue el atentado en el que resultó herido el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay: hablan testigos)

“La impugnante conoció solo una opción de vida posible: la de cuidar a su familia y en especial de un esposo agresor y violento hasta su lecho de muerte, aun cuando éste intentara como última agresión dejarla en la pobreza en su ancianidad, tratando de obstaculizar el a los beneficios pensionales”, argumentó la Sala para concederle la pensión.

Otra sentencia, esta vez de 2023, reconoció en una abuela biológica la figura de ‘madre de crianza’ para otorgarle la pensión de sobrevivientes de su nieto, a quien había criado tras el abandono de sus padres. El joven fue asesinado durante un asalto mientras trabajaba como vigilante.

“Si bien la jurisprudencia ha reconocido la calidad de padres de crianza a personas ajenas al núcleo familiar, a partir de la existencia de lazos de afecto forjados desde temprana edad, no es menos cierto que también ha proclamado que dicho papel ha sido asumido por parientes cercanos, de su misma línea de consanguinidad, como tíos y abuelos. A estos, ha dicho la Sala, se les debe garantizar el a las prestaciones sociales y de la seguridad social que causa el hijo o hija de crianza”, estableció la Corte.

Tras el cierre de la Sala de Descongestión hay expectativa sobre el funcionamiento ‘a la antigua’ de la Sala de Casación Laboral, a la que llegan el mayor número de expedientes en el alto tribunal.

“El Estado colombiano, el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura deben poner especial atención a la situación actual. Hoy, la Sala principal queda con aproximadamente 2.800 expedientes repartidos entre los siete magistrados, es decir, unos 400 por despacho. Pero el panorama es más complejo: entre los tribunales de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín –que son los que más producen– y el resto del país, hay represadas unas 3.300 casaciones”, afirmó la magistrada López.

¿Qué significa esto? Que en el próximo mes a cada magistrado le llegarán unos 470 nuevos asuntos. “Eso tiene un impacto directo en los tiempos de respuesta, ya no podríamos mantener el promedio de seis meses que logramos con la Sala de Descongestión. En cambio, volveríamos a tiempos de respuesta de hasta tres años”, añadió.