Hombre duró 11 años en detención preventiva por expediente perdido

La Corte Constitucional ordenó dejarlo en libertad inmediata e investigar a los responsables.

Cárcel Distrital. Foto: Juan Diego Buitrago

23.12.2020 18:10 Actualizado: 24.12.2020 07:41

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Desde su vivienda en Ponedera (Atlántico), en la que ha estado preso por más de 11 años en detención preventiva, con un brazalete electrónico en su tobillo, un hombre envió una tutela para exigir que la justicia lo deje libre, pues su caso no ha avanzado debido a que a las autoridades judiciales se les perdió el expediente de su proceso y nadie responde.

En su tutela, que presentó con la ayuda de un abogado, el hombre aseguró que se estaba vulnerando su derecho a la libertad personal pues el juzgado segundo penal de Soledad (Atlántico), que se suponía era el que llevaba el caso, le dijo que contra él no había ningún proceso penal. Y el Inpec, por otro lado, le informó que era ese juez el que había ordenado detenerlo.

El hombre contó en su tutela que fue detenido en enero del 2009 por el presunto delito de hurto calificado, por lo que en su contra se impuso una medida de aseguramiento domiciliaria, y se encuentra vigilado con un brazalete electrónico, a cargo de la cárcel Modelo de Barranquilla.

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En diciembre del 2018, cuando cumplía nueve años de detención, el juzgado le respondió diciéndole que tras revisar los archivos, índices y radicados desde el 2009 hasta esa fecha, no había ningún registro con la cédula del detenido de algún proceso judicial en su contra.

A pesar de la evidente irregularidad, un primer juez que estudió el caso le negó un hábeas corpus señalando que el juzgado y el Inpec se contradecían y por lo tanto no podía pronunciarse sobre las circunstancias por las cuales estaba detenido.

Esta tutela llegó a la Corte Constitucional que acaba de ordenarle al juzgado segundo penal de Soledad que deje en libertad inmediata al detenido.

El caso fue tan irregular que no solo superó de forma amplia el tiempo que una persona debería estar en detención preventiva, es decir, como sindicada, sino que además ninguna autoridad supo responder qué pasó con el expediente. Aunque la Fiscalía tenía 60 días desde que el ciudadano quedó imputado para acusarlo o archivar el caso ante un juez, y comunicarlo, eso nunca sucedió y ya han pasado 11 años desde entonces.

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El juez segundo penal municipal de Soledad le dijo a la Corte, por ejemplo, que no tenía el expediente de las audiencias en las que se había legalizado la captura del hombre, ni en la que se le habían imputado cargos e impuesto la medida de aseguramiento.

Y la Fiscalía de Soledad dijo que nunca ha tenido el conocimiento de ningún caso en el que el detenido figure como procesado, mientras que la Fiscalía de Atlántico aseguró que nunca ha llevado tampoco el proceso penal.

En medio del trámite se encontró una comunicación del 2018 del fiscal segundo de Soledad en la que dijo que la carpeta del proceso se le había entregado al fiscal local de Santa Tomás, y que él había decidido archivar el proceso desde el 2010 sin embargo esa decisión nunca fue comunicada, y el hombre nunca fue puesto en libertad.

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Al evaluar todos esos hechos la Corte Constitucional concluyó que al ciudadano se le vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad pues la pérdida del expediente ha dificultado que el detenido pueda defenderse y solicitar su libertad por vencimiento de términos.

"El fiscal local de Santo Tomás, previo a archivar el asunto, tenía que solicitar la preclusión de la causa penal del detenido, a efectos de que la autoridad judicial competente ordenara de manera inmediata la libertad del accionante. No obstante, al no hacerlo vulneró los derechos al debido proceso y a la libertad del ciudadano", dijo la Corte al resolver la tutela.

El fiscal local de Santo Tomás, previo a archivar el asunto, tenía que solicitar la preclusión de la causa penal del detenido

De otro lado, el juzgado segundo penal, dijo la Corte tenía la obligación de reconstruir el expediente pero nunca adelantó ningún trámite para cumplir con esa obligación, ni para dejar en libertad al detenido.

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Por todas las irregularidades que cometieron jueces y fiscales, la Corte compulsó copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General para que investiguen las acciones y omisiones del juzgado segundo penal municipal de Soledad, del Fiscal segundo de ese municipio, y del fiscal de Santo Tomás, no solo por perder el expediente, sino también por que aunque en este caso se vencieron ampliamente los términos nunca se puso en libertad al ciudadano.

REDACCIÓN JUSTICIA

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