Meritocracia, equidad de género y elección de Contralor / Análisis

Si hay un mandato de la Carta de 1991 que sigue generando urticaria en el corazón del poder público colombiano, ese es el de la meritocracia. La figura está en tres artículos de la Constitución. Y aunque los avances han sido grandes, la realidad de la istración en Colombia es que la llegada de los más aptos –por lo menos, de los mejor calificados en los concursos– a los cargos públicos sigue siendo una lucha.

Esa es una de las razones por las que hoy hay miles de puestos en los órdenes nacional, departamental y municipal ocupados por funcionarios provisionales. La mayoría de ellos, seguro, cumple cabalmente con sus tareas. Pero lo cierto es que la provisionalidad en nuestro país, más que una situación ineludible o sobreviniente, no solo subsiste sino que goza de buena salud porque es funcional a los intereses clientelares en todo el Estado.

La protesta reiterada de los jueces porque en las altas cortes no se designa rápidamente en los cargos de magistrados seccionales a los primeros de la lista de elegibles –hay casos de magistrados encargados que han durado años recibiendo todos los beneficios de esa alta posición en la justicia– es apenas una de las caras de esta situación. Y ni hablar de los recomendados de políticos y congresistas que usan esta puerta de los nombramientos provisionales para llegar a bien pagados cargos en la istración pública que no han sido surtidos por concurso de méritos.

Otra lucha, también a mitad de camino, es la que abanderan las mujeres colombianas para que se garantice su derecho de llegar a los más altos cargos de la istración pública y, en general, de la sociedad y la economía. Lucha nada fácil en un país que, como el nuestro, sigue cargado de atavismos y en el que vale más guardar las formas políticamente correctas que hacer cosas concretas para eliminar ese lastre alimentado por siglos que es el machismo.

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Toda esta larga entrada para ponerle contexto al debate sobre una elección, la de Contralor General de la República, en la que los conceptos de equidad de género y el de meritocracia (selección de candidatos a través de un concurso) se están usando como munición en una pelea que termina siendo política.

Para tratar de meterle algo más de objetividad a elecciones históricamente decididas por el Congreso, la reforma de equilibrio de poderes ordenó en el 2015 cambios claves en la elección de varios altos funcionarios, entre ellos el Contralor. Entre esos nuevos requisitos, que fueron aprobados por una ley de hace dos años, aparece una convocatoria pública, un concurso de conocimientos que supuestamente pesa de manera clave en la selección final de elegibles y un proceso de entrevistas en el Congreso, que al final elige en plenarias conjuntas.

Aunque la elección le toca al nuevo Congreso, el anterior corrió para dejar la lista de elegibles definida, en lo que muchos interpretan como una jugada para dejar amarrado al nuevo gobierno. Esa fue la lista que tumbó parcialmente una medida cautelar dictada por un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca con el argumento principal de que no se cumplió con la ley de cuotas (solo había dos mujeres entre los 10 candidatos finales) y otras aparentes fallas de la comisión accidental que hizo la selección definitiva. Y por allí se abrió un boquete que hoy, a tres semanas de que se cumpla el plazo de un mes después de iniciadas las sesiones del Congreso para elegir, mantiene en interinidad la lista de la que saldrá el nombre del nuevo (a) Contralor (a) General.

Lo que parece evidente después de toda esta novela es que en la de Contralor –como en la gran mayoría de altas posiciones en el Estado, desde la elección de magistrados de alta Corte hasta la de las cabezas de los organismos de control– seguirá pesando más la política que las buenas intenciones plasmadas en la Constitución y la ley sobre la meritocracia.

No obstante los avances, que se han dado, en estos procesos subsisten esguinces, como el puntaje de las entrevistas, que abren atajos para alejarse de una decisión técnica.

Es famoso el caso de un expresidente de la Corte Constitucional que, con el antecedente de públicas diferencias entre ambos, le dio cero en la entrevista al candidato mejor calificado en las pruebas técnicas para ser Registrador, quien a pesar de todo terminó en el cargo.

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Pase lo que pase con esta elección, en el futuro serán claves las decisiones que tomen el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la revisión de la actuación del Tribunal de Cundinamarca. Por ejemplo: ¿aplica la ley de cuotas (equidad de género) en una convocatoria abierta? La corrección política diría que sí, pero ¿qué pasaría en el muy improbable, pero posible, caso de que ninguna mujer se hubiera inscrito a la convocatoria?

Las mujeres colombianas han demostrado que son más que capaces para competir en meritocracia. Ojalá en este trance de la elección de Contralor y en los que vengan, el discurso de equidad de género no termine siendo simplemente una palanca útil para que se muevan los intereses de la clase política.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET