La recusación con la que pretenden apartar al magistrado Jorge Ibáñez del debate sobre la reforma pensional: se habla de interceptaciones ilegales

A la Corte Constitucional arribó un escrito de recusación que pretende apartar al magistrado Jorge Ibáñez Najar, vicepresidente del alto tribunal, de los debates sobre las demandas que piden tumbar la reforma pensional promovida por el gobierno de Gustavo Petro. 

La recusación, presentada por el abogado Javier Ibáñez Romero, exdelegado de la Procuraduría General de la Nación en el departamento de Sucre, advierte que la imparcialidad del magistrado Ibáñez estaría comprometida por la manera como afrontó el reciente episodio sobre presuntas interceptaciones ilegales que, según Ibáñez Najar, se estarían practicando en su contra, contra su esposa y sus magistrados auxiliares. El magistrado denunció en el mes de junio esos presuntos seguimientos sin entregar detalles, a la opinión pública, sobre la forma en que se ejecutaron.

La recusación invoca una presunta "enemistad manifiesta" entre el vicepresidente de la Corte y el gobierno nacional, que impulsó la reforma pensional que fue aprobada por el Congreso de la República en el mes de junio. 

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"La actitud asumida por el magistrado Ibáñez Najar genera una duda razonable sobre la capacidad del togado para actuar de manera objetiva e imparcial en el análisis de constitucionalidad de la Reforma Pensional, por cuánto está conducta ha generado un impacto mediático que, a mi juicio, podría estar motivado por la intención de causar un daño al Gobierno, equiparando esta situación con el pasado escándalo de las chuzadas a unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia", advierte el documento.

La recusación contra Ibáñez fue radicada en el marco de la primera demanda que itió la Corte en contra del articulado de la reforma pensional: la demanda presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. La recusación insiste en que Ibáñez conoció de las supuestas interceptaciones a través de una cadena de Whatsapp "sin verificación probatoria. 

"Sin ninguna intención de querer el suscrito de hacer o incurrir en una crítica política, solo me asiste la preocupación legítima por la imparcialidad y la justicia en el estudio de la reforma pensional, de la actitud asumida por el magistrado Ibáñez, pienso que tanto show para luego expresar que no es víctima de chuzadas, lo que denota es un aparente ánimo malintencionado de generar suspicacias en contra del ejecutivo, porque no es de recibo que una persona del talante de un magistrado haga este tipo de acusaciones ligeras y sin ningún rigor probatorio de su dicho, sólo por dejarse llevar, según lo que indagaron las autoridades, por una cadena de Whatsapp", agrega el escrito presentado por el exdelegado de la Procuraduría Javier Romero. 

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El escrito pretende que le quiten a Ibáñez el estudio de la demanda que presentó Paloma Valencia, expediente del cual es ponente. La recusación ya fue notificada a los magistrados de la Corte, que deberán resolverla. 

La situación sobre las presuntas interceptaciones contra el magistrado Ibáñez fue revelada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO el pasado 28 de junio. Días antes el magistrado sostuvo un encuentro con sus compañeros de sala y la fiscal general Luz Adriana Camargo para ponerla en conocimiento de los presuntos seguimientos. 

Aunque la fiscal ordenó la apertura de una investigación se desconocen los avances de las pesquisas que ha adelantado el ente acusador. Ibáñez concedió una rueda de prensa y varias entrevistas en las que se abstuvo de dar detalles sobre cómo se ejecutaron los seguimientos en su contra. 

En su momento, Carlos Ramón González, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia, aseguró que desde la DNI no se practicaron ni se ordenaron dichos seguimientos y que él mismo atendió requerimientos de otras cortes sobre la materia.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]