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Noticia
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El drama que vivió mujer extorsionada por su expareja: le pedía $30 millones por no revelar videos íntimos
El agresor fue capturado en un reconocido centro comercial de Bogotá. Corte Suprema dictó importante fallo.
Una mujer en Bogotá sufrió durante cinco años amenazas en su contra y su familia por parte de su expareja, Jimmy Arango Morales, quien le exigió $30 millones para no revelar videos y fotografías íntimas.
La víctima, cuyo nombre no se publica por privacidad, era empleada de una entidad bancaria y temía perder su trabajo porque este hombre la chantajeó con enviar una carta con la información que podía llevar a su despido.
Este caso sucedió en 2014 y no fue sino hasta 2019 que se tuvo un primer fallo contra el agresor por seis años de prisión y una multa equivalente a 2.000 salarios mínimos, proferida por el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá.
Después de varios trámites, el proceso escaló hasta el despacho del magistrado Gerson Chaverra Castro en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, donde se acaba de producir una decisión de fondo.
Magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
El drama de la víctima en Bogotá
La extorsión de $30 millones, que inició en 2009, bajó a $10 millones, pero las amenazas se volvieron cada vez más intensas a través de llamadas telefónicas documentadas por las autoridades.
Este patrón de extorsión se extendió a la nueva pareja de la víctima, quien también sufrió amenazas y fue presionado a entregar la misma suma de dinero.
La situación se agravó cuando la víctima, desesperada por la constante presión y el daño a su vida personal y profesional, decidió denunciar los hechos ante el Gaula, unidad especial de la Fuerza Pública encargada de combatir el secuestro y la extorsión.
Durante la investigación, las autoridades le dijeron que acordara una reunión con su expareja y así adelantar un operativo para capturarlo en flagrancia.
El encuentro se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2014 a las afueras del centro comercial Iserra 100, ubicado al norte de Bogotá, donde la víctima le entregó un paquete con el dinero exigido al momento de amenazarla. Fue en ese instante cuando, al frente de un cajero del establecimiento, las autoridades capturaron a Arango.
Gaula Bogotá. Foto:Alcaldía Mayor de Bogotá
Los 11 años del proceso
Un día después, la Fiscalía lo presentó ante el Juzgado 51 de Control de Garantías para imputarlo por extorsión y pedir que lo privaran de su libertad. Cinco años después, el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá dictó su veredicto que fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de septiembre de 2020.
Ante ello, Jimmy Arango Morales, solicitó a la Corte la nulidad de su condena, argumentando que su aceptación de cargos supuestamente fue viciada y que sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante el proceso judicial.
Foto de referencia de medicamentos. Foto:iStock
El agresor presentó su impugnación con base en varios cargos. Uno de los principales argumentos fue que durante la imputación, en noviembre de 2014, estaba bajo los efectos del medicamento "tramadol", lo que, según él, “comprometió” su capacidad de entender y aceptar los cargos de manera libre y consciente.
Sin embargo, la Corte desestimó argumentos como este, señalando que en el momento de la imputación, Arango Morales había ratificado de manera voluntaria su aceptación de los cargos, estando plenamente consciente de sus derechos y de las consecuencias jurídicas de su decisión.
Si, mi señoría. Estoy consciente de mis actos
Jimmy Arango moralesCondenado por extorsión
“Si, mi señoría. Estoy consciente de mis actos y le reitero que si pudiera pedir disculpas a la persona en cuestión, a mi expareja, lo haría, quiero resarcir el daño que ocasioné”, fue lo que dijo Arango al momento de ser imputado por la Fiscalía hace 11 años.
La Corte también destacó que el proceso cumplió con los requisitos legales y no se vulneraron las garantías fundamentales del condenado.
Documento de la Corte Foto:Archivo Particular
Asimismo resolvió que las pruebas presentadas durante el juicio, como los testimonios de las víctimas y las grabaciones de las amenazas, respaldaron de manera contundente la responsabilidad de Arango Morales en el delito de extorsión.
Con estas observaciones, la Corte determina que la condena queda en firme y que no existen vicios que justifiquen la nulidad del fallo.