Lo que está en juego en la elección de nuevo magistrado de la Corte

En manos del Consejo de Estado está definir la terna de aspirantes para reemplazar en la Corte Constitucional al magistrado Alberto Rojas Ríos, quien integra el ala más liberal y progresista de ese alto tribunal, y cuyo periodo finaliza en febrero de 2022.

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Como toda elección que tenga que ver con la Corte Constitucional, en donde se debaten los temas más cruciales para el país en términos de derechos fundamentales, minería, asuntos ambientales y de desarrollo, entre otros, el proceso de elección es crucial.

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En total, 45 juristas, hombres y mujeres, de las más altas calidades se inscribieron. La lista quedó reducida a 16 aspirantes que fueron luego escuchados por el Consejo de Estado cuyos actuales 30 integrantes (la recién elegida magistrada María del Pilar Bahamón no se ha posesionado en el cargo) tendrán que ponerse de acuerdo para escoger tres nombres. De allí, el Congreso elegirá al nuevo o nueva integrante de la Corte para un periodo de ocho años.

EL TIEMPO consultó múltiples fuentes en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado sobre este proceso en donde suenan varios nombres. Por un lado, un sector más progresista apunta a ternar a la experta constitucionalista Natalia Ángel Cabo, quien ya fue ternada por el mismo Consejo de Estado en el proceso de selección del reemplazo del magistrado Luis Guillermo Guerrero y en el cual fue elegido el jurista Jorge Ibáñez; así como al reconocido abogado y analista Héctor Riveros, ambos de corte liberal.

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Igualmente, en la baraja está el nombre del reconocido jurista, académico y exembajador en La Haya Álvaro Motta Navas, quien ya fue ternado en 2017 en el proceso para reemplazar a Luis Ernesto Vargas, en el que fue elegida como magistrada Diana Fajardo. Fuentes señalaron a EL TIEMPO que en el Consejo de Estado se ha sentido el interés del Gobierno y su respaldo por parte de la Casa de Nariño y que esto no ha sido bien recibido, y ese hecho ha generado una fuerte controversia en los llamados corrillos de pasillo del Palacio de Justicia.

Motta es conservador pero proclive a la defensa de los derechos personales y las libertades en una línea más moderada, según le dijeron fuentes a este diario. El otro nombre que suena y que tendría el apoyo de la Casa de Nariño es el de Claudia Dangond, académica de la Universidad Javeriana.

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Las consultas realizadas por este diario dejaron ver que hay también un interés del Consejo de Estado de apoyar a una persona de carrera, como sería el magistrado del Tribunal istrativo de Cundinamarca Luis Manuel Lasso. Ahora bien, también suenan como posible salida a los choques ideológicos personas de una línea más moderada como Miguel Polo, Jaime Humberto Tobar o Luis Fernando López Roca.

Expertos consultados le dijeron a EL TIEMPO que se hace necesario que este tipo de procesos de selección tengan reglas más claras sobre cómo se hacen los procesos de preselección de los candidatos, así como de los ternados, para evitar suspicacias ante el evidente interés político que genera la elección tanto por fuera como al interior del alto tribunal.

“Se le debería pedir a las Cortes transparencia en esos criterios pues hay intereses de todo tipo: ideológicos, políticos y de derecho, del poder regional. Una elección en una Corte siempre tendrá política en el sentido amplio, no solo partidista”, dijo una experta académica quien resaltó que, en todo caso, el Consejo de Estado ha demostrado en anteriores procesos su interés de ternar juristas con altísimo perfil y no hacer “una terna de uno”, como se dice en términos coloquiales.

La elección llega, además, ad portas de la finalización del gobierno del presidente Iván Duque y en la incertidumbre de las elecciones de 2022. En ese sentido, mientras hay quienes creen que sería ideal una terna más “moderada” que sirva de contrapeso al nuevo escenario político, hay otras voces que estiman que una terna conformada con nombres muy afines al actual Gobierno podría “alterar significativamente el equilibrio ideológico o de visión del derecho y del Estado”.

“Para ello el constituyente previó la posibilidad de que el Presidente tenga la oportunidad de presentar, cuando haya lugar y como efectivamente lo ha hecho, tres vacantes y está en todo su derecho de hacerlo con nombres afines a su pensamiento. Pero otra cosa es que las cortes contribuyan a reforzar esa visión, que desequilibraría sustancialmente la pluralidad de composición al interior de la Corte Constitucional. Por ello, lo ideal es que en este caso el Consejo de Estado proponga una terna uniforme con su propia línea de pensamiento en su conjunto”, le dijo una fuente a este diario.

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Actualmente, en la Corte la línea liberal dura la representan los magistrados Alberto Rojas, José Fernando Reyes y Alejandro Linares; seguida de una línea más moderada de Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, quienes también han tenidos posturas más centrales. En el lado conservador están Paola Meneses y Cristina Pardo, así como Gloria Ortiz y Jorge Ibáñez Najar. No obstante, dependiendo del tema, las posturas de los nueve magistrados han variado.

Por ejemplo, aunque conservadora en temas como aborto, Cristina Pardo fue ponente del fallo que tumbó la cadena perpetua revisable para abusadores de menores y tiene a su cargo una tutela sobre el caso de los excombatientes y líderes sociales asesinados que propone declarar un estado de cosas inconstitucional en la materia. De la misma manera, en este momento es una incógnita la postura de Diana Fajardo sobre la despenalización del aborto y ella fue la ponente del fallo que amplió la eutanasia para pacientes no terminales.

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Y Gloria Ortiz y Jorge Ibáñez, aunque de línea conservadora, han votado favorablemente múltiples temas de libertades y relacionados con el proceso de paz, como el mandato de la Comisión de la Verdad o las personerías jurídicas de la Colombia Humana y el Nuevo Liberalismo.

“Hay una necesidad de romper el techo de cristal en las cortes. La Corte tiene cuatro mujeres pero creo que hay que seguir insistiendo en que las cortes aprendan a mandar ternas con candidatas mujeres para que puedan ser elegidas, no para que se elija al hombre”, señaló una experta que destacó el reciente informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas que recomendó a los Estados, entre otras cosas, poner en marcha un sistema de cuotas que no sea meramente simbólico para asegurar la igualdad en el ingreso a cargos de la istración de Justicia.

El informe, dado a conocer hace unas semanas, señala entre sus conclusiones que “la limitada presencia de la mujer en altas cortes y puestos de dirección en las fiscalías es un patrón generalizado a nivel global. Incluso en aquellos países donde la representación de sexo es paritaria en los diferentes tribunales, a medida que se avanza en la escala de poder, el porcentaje de magistradas disminuye notablemente. Esta circunstancia es más evidente cuando instancias políticas están encargadas de hacer los nombramientos”.

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