‘La erradicación forzosa no es sostenible a largo plazo’: Candice Welsch

Candice Welsch, directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, en entrevista con EL TIEMPO se refirió al informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, que coordina su oficina, que da cuenta de que los narcocultivos en Colombia se incrementaron en un 43 por ciento.

Por eso insistió en la importancia de los programas de sustitución voluntaria como una solución a largo plazo, al afirmar que en la erradicación forzada la resiembra llega al 50 por ciento y en Nariño y Putumayo al 100 por ciento.

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Son varios aspectos, porque es una problemática compleja. Vemos que hay una tendencia sobre la concentración en los enclaves, son más, cambios en el control del territorio, muchos más grupos activos en esas regiones, hasta un cambio agro industrial que lleva a la industrialización de la producción de coca. A esto se suma la ausencia del Estado en muchos de estos enclaves lo que deja a estas comunidades muy vulnerables.

Así es, hay una concentración de cultivos de matas de coca en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, antes en esos departamentos había un enfoque importante de acciones de erradicación forzosa y ahora no vemos esa misma acción; desde UNODC concluimos con los estudios que la erradicación forzosa puede tener un impacto inmediato pero que no es sostenible en el largo plazo.

Normalmente donde hay erradicación forzosa podemos ver una resiembra del 50 por ciento, pero en regiones como Nariño y Putumayo puede ser hasta del 100 por ciento.

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Después de la desmovilización (de las Farc), observamos en estos tres departamentos que había más grupos, pequeños, que interactuaban con otras redes; y vimos la presencia de grupos transnacionales que envían sus emisarios, no es que estén todo el tiempo en el territorio, vienen de México y carteles europeos de la mafia italiana y los Balcanes; es así que se evidencia más tráfico de cocaína hacia Europa y también hay menos capacidad de los grupos colombianos de hacer toda la cadena de tránsito hasta los países de destino.

Han aumentado su presencia y eficiencia en las zonas fronterizas por Nariño, sobre Ecuador, y la región del Catatumbo hacia Venezuela, y ahora son más grandes. Hay un incremento de cultivos, pero también de la expansión de esos mismos enclaves. Antes los cultivos estaban dispersos, hoy están concentrados en la frontera y estas zonas.

Es difícil decir que la política pública ha fracasado, para eso necesitamos muchos más estudios, más variables, pero hay un problema en el país que es preocupante; hay muchas lecciones aprendidas, cosas que han funcionado, como diferenciar los territorios. La implementación del programa PNIS (Programa de sustitución de cultivos ilícitos) no fue perfecta y su enfoque fue más por familias, así que hay cosas por mejorar.

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¿Cómo es su relación con el nuevo gobierno?

Desde el principio hemos tenido reuniones con las comisiones, equipos y estamos trabajando muy de cerca con diferentes departamentos del Gobierno para acompañarlos en el desarrollo de políticas públicas con base en nuestro trabajo.

Un aspecto muy importante es que toda intervención necesita un enfoque sostenible, a largo plazo para lograr transformar los territorios, además de un enfoque integral que debe ser diferenciado con base en las necesidades de cada lugar y potenciar así los programas de desarrollo alternativo para que sean eficaces con la presencia del Estado en los territorios brindando seguridad, salud, educación y vías para acceder a las economías legales. No se puede olvidar que los grupos criminales no solo se financian de la cocaína, en estos puntos hay actividades de minería ilegal, deforestación y tráfico de armas y por eso se necesita un enfoque sostenido también sobre la criminalidad del país.

Sí, son muchas sus ventajas, podemos ver en el pasado los cambios permanentes en el país de quienes se inscribieron en el PNIS, hoy vemos que el 41 por ciento de esas áreas que tenían coca hace menos diez años, ahora son libres totalmente de coca, pudimos evidenciar que se puede tener un impacto real en las comunidades. Nacieron asociaciones comunitarias que buscaron garantizar la sostenibilidad de sus economías y la comercialización de sus productos. Por eso, en la Oficina contamos con un equipo de 10 personas que se dedican a identificar los usos de cada cultivo, producto, hacemos estudios de mercado local, internacional y regional. Se necesita un acompañamiento real para lograr una sustitución sostenible.

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Si el Gobierno quiere pensar en esto necesita que la decisión se tome sobre la base de la evidencia, tomando todos los riesgos y beneficios potenciales, pero para nosotros lo que importa es realmente que haya una respuesta integral para las comunidades, porque una sola cosa no va a ser la solución perfecta.

Y frente al crecimiento del potencial de producción de cocaína...

En Perú también se evidenció ese incremento, estuvo en un 30 por ciento. Creo que hay muchas dinámicas al interior de Colombia pero también a nivel mundial, por ejemplo, la demanda está incrementando en Europa y en Norteamérica, entonces hay muchos más factores que influyen y tienen impacto sobre los cultivos en Colombia como el incremento del valor de la droga lo que es un incentivo para los grupos criminales.

No hay un país en el mundo que haya legalizado la cocaína. Hay otros aspectos, por ejemplo, en Portugal hay un uso personal de drogas (cocaína, marihuana, heroína), pero fue una opción para mejorar el a los tratamientos y venía acompañada de grandes esfuerzos sobre la educación, la prevención del uso y el tratamiento. Y el cambio fue un éxito porque se logró reducir el consumo. Pero legalizar es otra cosa. Hay que aprender de las experiencias de otros países en ese sentido.

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Claro, hay deforestación y un gran daño al medioambiente por los químicos que usas en el procesamiento de cocaína. En Putumayo, algunas comunidades son conscientes del daño que le hacen a sus tierras por lo que están interesados en la sustitución de cultivos. Para no ir más allá, el 50 por ciento de los cultivos ilícitos están en las áreas protegidas.

Todo comenzó con el desarrollo de estrategias en la región América Latina y el Caribe, y por eso, el primer paso fue la implementación de esta Oficina Regional. Es muy importante para nosotros porque tenemos la cobertura de ocho países y así podemos compartir tantas experiencias y experticias y así conocer los desafíos que enfrentan.

Antes era más difícil poder dar una respuesta regional y apoyar a los países, ahora con la Oficina podemos analizar las problemáticas con todos los cambios que vemos en el crimen organizado. Tenemos la capacidad de ser más eficaces, pero también en la perspectiva regional por ejemplo, al apoyarnos en los expertos de Colombia que comparten su experiencia en desarrollo alternativo en Bolivia, Guatemala y otros que comparten sus conocimientos elaborando censos como Simci en Perú y Bolivia. 

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