Estos son los cambios que trae el nuevo estatuto aduanero y las preocupaciones por la declaración anticipada de las mercancías

En total, en los últimos seis años entraron al país 41.430 millones de dólares por contrabando, lo que representa un promedio de 6.900 millones de dólares al año.

“Este nuevo marco legal no está escrito para contrabandistas, sino para erradicar esta economía ilegal y violenta y para proteger el comercio legal y la industria nacional”, resaltó el saliente director de la Dian.

Según la entidad, la principal modificación que trae este nuevo estatuto aduanero es la implementación obligatoria de la declaración anticipada de importación de mercancías, que ya se necesita para textiles, calzado y partes de maquinaria, entre otros.

Con ello, los importadores deberán reportar siempre a la Dian qué mercancía van a traer al país 48 horas antes de que ingrese al territorio nacional.

Por ejemplo, Reyes explica que cuando los importadores declaran sus mercancías con anticipación, el tiempo de paso por la aduana tarda, en promedio, 6 días menos en el aeropuerto El Dorado y 3,3 días menos en el puerto de Buenaventura, en comparación con quienes no lo hacen anticipadamente.

“Los importadores podrán disponer más rápido de sus productos y esta agilidad se traducirá en menores tiempos y costos. Además, gracias a la información que reportarán autoridades sabrán con precisión qué mercancías van a tocar suelo colombiano, y así podrán optimizar su proceso de perfilamiento de riesgo para las inspecciones en los lugares de arribo”, asegura Reyes.

De acuerdo con la Dian, el nuevo estatuto también hace obligatorio el uso de dispositivos de trazabilidad satelital en las mercancías que circulan por el país y que aún se encuentran bajo control aduanero.

“Estas medidas atacarán una modalidad de contrabando conocida como “cambiazo”, en la que se reemplazan mercancías de alto valor por otras similares de menor valor para que, en el momento de la nacionalización, se liquiden menores tributos aduaneros”, explica el saliente director.

Igualmente, el Estatuto requerirá del desarrollo de un nuevo sistema de gestión de importaciones que reemplazará al actual Sistema de Información y Gestión Aduanera (Syga), que está “obsoleto” y tiene “vulnerabilidades de seguridad”.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), asegura que la declaración anticipada para todas las mercancías implicará una mayor carga operativa en los sitios de arribo.

“¿Están la Dian, el ICA o el Invima preparados para esa operación? Tienen la gente, los recursos y los sistemas para hacerlo”, se pregunta Díaz.

Otra de sus preocupaciones es que a los Operadores Económicos Autorizados (OEA) les van a poner a hacer las mismas filas, lo que podría congestionar los sitios de arribo de las mercancías.

 “Se tramitan unas 3,6 millones declaraciones anuales de importación. ¿Qué pasará con la eficiencia de nuestras operaciones? La preocupación es que los puertos y aeropuertos colapsen por la cantidad de mercancías y se tenga que ir a una contingencia operativa que no está claro cómo se declara”, advirtió.

También menciona que la entrada en vigor de una parte del nuevo estatuto será en junio, pero de la otra no hay fecha, pues dependerá de que la Dian certifique que tiene realmente un sistema operativo electrónico adecuado.

Igualmente, menciona el tema de las sanciones. “Si no se presenta la declaración anticipada a tiempo puede ser sancionado con el 1 por ciento del valor de la mercancía, pero también puede ser sancionado por el decreto ley 920 con el 200 por ciento del valor de la mercancía porque se da como no presentada”, dice.

Igualmente, la Cámara Colombo Americana (Amcham Colombia) expresó su preocupación por el impacto que tendrá en el comercio exterior. Aseguró que la declaración anticipada de todos los bienes que lleguen al país representará una "gran carga de información" que deberá ser procesada por la autoridad aduanera en los puertos de arribo de la mercancía, pero también por entidades clave en el comercio como son el ICA y el Invima, sobre las cuales y al igual que en la Dian "no existe claridad" sobre si tienen la capacidad de personal, recursos y tecnología para manejar este alto volumen de información de manera oportuna.

Adicional a ello, el gremio dijo que si bien el decreto entra a regir 15 días después de su publicación en el Diario Oficial, gran parte de los artículos están supeditados a la certificación de la entrada en funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos. 
"Sin un calendario específico es difícil para las empresas planificar y adaptarse a los nuevos requerimientos. Podrían colapsar puertos y aeropuertos, afectando procesos productivos en todo el país".