Estos serían los impactos para la economía de Colombia de suspender la regla fiscal: ¿qué tan grave es?

Debido a la dificultad que tendrá para cumplir las metas fiscales este año, el Ministerio de Hacienda que lidera Germán Ávila activó una cláusula de escape para poder suspender de manera temporal la regla fiscal, que no es más que una norma que existe en Colombia para mantener unos niveles adecuados de déficit y deuda y así poder sostener las finanzas públicas a largo plazo.

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Este es un mecanismo que contempla la ley para poder saltarse las metas por tres vigencias debido a un hecho sobreviniente o no esperado que el Gobierno debe demostrar, como ocurrió en la pandemia del covid-19 del gobierno de Iván Duque.

“Seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la regla fiscal, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento. Estos van a ser necesarios”, señaló el ministro Ávila el pasado viernes en la Convención Bancaria que se celebró en Cartagena. 

El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que se reunió ayer definió activar a cláusula. Este consejo es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda que se encarga de dirigir la política fiscal y coordinar el sistema presupuestal. Está integrado por el ministro Ávila, el director de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia, los viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de lmpuestos y Aduanas.

A marzo, el déficit fiscal total fue de 2,0 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que representa un deterioro de 0,4 puntos frente a febrero y supone la máxima cifra alcanzada a esa fecha desde que se tienen registros (2004).

De seguir así, los diferentes analistas del mercado aseguran que el déficit cerraría el año por encima de 7 por ciento del PIB, lo que representaría el mayor nivel desde que se tienen registros, sin tener en cuenta la pandemia del covid-19 la cual fue un periodo excepcional. Sin embargo, en el plan financiero que presentó el Gobierno en febrero había propuesto que iba a llegar a 5,1 por ciento del PIB este año.

"Es necesario adoptar, de manera oportuna, las acciones que conduzcan al ajuste necesario, por el lado de los ingresos o del gasto, que aseguren el cumplimiento de la regla fiscal este año”, señaló hace unas semanas el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente que lidera Astrid Martínez.

Ya el 2024 cerró con un déficit fiscal mayor al previsto, lo que fue aumentando la preocupación por el devenir de las finanzas públicas. El año pasado la cifra fue de 6,8 por ciento del PIB, superior al 5,6 por ciento de la meta y al 4,3 por ciento del 2023. Además, la deuda siguió aumentando por encima del 60 por ciento y ya uno de cada tres pesos de recaudo tributario se están destinando a pagarla, lo que le resta espacio al gasto social y a la inversión.

Mientras que para el Gobierno sí se cumplió la regla fiscal el año pasado porque consideró como transacción de única vez a la caída “inédita” que tuvo el recaudo tributario, para el Carf y otros expertos no se cumplió.

Diferentes analistas y hasta la Contraloría General de la Nación ya han alertado que no hay en este momento un hecho que justifique tal activación del mecanismo. “No veo los argumentos de carácter extraordinario para activar la cláusula. Me parece riesgoso”, dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez en la Convención Bancaria que se realiza hasta hoy en Cartagena.

En el mismo sentido, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, no existe ningún evento extraordinario o que comprometa la estabilidad macroeconómica que justifique activar la cláusula de escape de la regla fiscal.

“Hacerlo enviaría una pésima señal a los mercados sobre el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad fiscal y agravaría la situación al encarecer aún más el costo del endeudamiento. Ojalá el gobierno actúe con responsabilidad y descarte esta mala decisión”, señaló.

También el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo opinó que activar la cláusula de escape sería un hecho “desafortunado” e “inconveniente" y aumentaría el costo del financiamiento.

“Me preocupa mucho el futuro de las finanzas. La cláusula de escape es esencial. El gobierno de Iván Duque la tuvo por tres años consecutivos. Sin embargo, el Gobierno ahora está pensando en usarla, algo desafortunado. Podían haber hecho los ajustes fiscales necesarios. La deuda pública va a alcanzar este año el nivel más alto de la historia como porcentaje del PIB”, alertó.

A su vez, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, indicó que hay una gran preocupación sobre lo que pueda suceder la próxima semana en la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y que el gobierno debería anunciar un plan de ajuste creíble.

Suspender la ya famosa regla fiscal podría llegar a tener consecuencias tanto para las personas como para las empresas a través de mayores costos de endeudamiento.

Según María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, romper este compromiso, en lugar de adoptar medidas de austeridad y eficiencia del gasto, podría aumentar el riesgo país e impactar la calificación crediticia del país. Igualmente, elevaría el costo de endeudarse y alejaría la inversión extranjera.

“Colombia necesita responsabilidad fiscal, no excepciones injustificadas. La sostenibilidad y la confianza se construyen con rigor, no con atajos”, expresó.

José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, opinó que la suspensión de la regla podría llevarnos a todos a pagar más tasas de interés. “Sería el pretexto perfecto para que las calificadoras de riesgo que nos tienen en perspectiva negativa materialicen una rebaja, lo que generaría rondas de más tasas de interés y también afectaría al sector corporativo porque las empresas podrían ver afectada su calificación y si quieren emitir moneda extranjera tendrían costos más altos”, explicó.

Hay que recordar que la única calificadora de riesgo con la que Colombia mantiene todavía el grado de inversión, es decir, que ve al país con una alta probabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, es Moody’s. Sin embargo, este panorama podría cambiar si el Gobierno de Gustavo Petro no presenta un plan de ajuste fiscal creíble.

“Las presiones fiscales que ya observábamos el año pasado han aumentado. Eso termina incrementando la probabilidad de una rebaja en la calificación. Esta decisión la tomará un comité del cual yo soy un solo miembro”, dijo hace unos días el analista principal de Moody’s para la calificación soberana de Colombia, Renzo Merino.

Entre tanto, Fitch Ratings y Standard and Poor's le quitaron el grado de inversión a Colombia mediados del 2021, en pleno paro nacional y salida del exministro de Hacienda de la época, Alberto Carrasquilla.

Gonzalo Hernández, exviceministro técnico de Hacienda y profesor de Economía de la Universidad Javeriana, manifestó que preocupa mucho que en un momento en el que se espera una hoja de ruta para las finanzas públicas, clara y creíble, el Gobierno vaya en contravía relajando sus restricciones para permitir un mayor déficit fiscal.

“No hay justificación para el uso de esa cláusula de escape de la regla fiscal. Mala decisión que hace más costoso el financiamiento de la deuda y le deja un grave problema al próxima Gobierno. Aumenta el riesgo de perder la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la rebaja de la calificación crediticia”, sentenció.

Adicional a ello, señaló que la falta de compromiso fiscal limita la posibilidad de más acentuadas reducciones de tasas de interés, por ejemplo, para la vivienda y nuevos proyectos de infraestructura. “El Gobierno está obstaculizando la recuperación económica con este mal panorama fiscal”, dijo.