El año pasado, en las arcas de las entidades públicas de Colombia, quedaron sin usar recursos por 82 billones de pesos. Es el dinero que, con corte al 31 de diciembre del año pasado, no se ejecutó del Presupuesto General de la Nación para el año 2024.
Las cifras consolidadas por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación y que resumen todos los movimientos financieros estatales del año pasado dejan claro que la ejecución presupuestal fue la más baja desde el año 2020, cuando el país atravesaba por la pandemia por el covid-19.
En total, el Gobierno comprometió el 83.0 por ciento de toda la apropiación presupuestal vigente para el 2024, cifra inferior en 4,5 puntos porcentuales a la ejecución registrada para el 2023, que fue de 87,5 por ciento de los recursos del Presupuesto General de la Nación.
Incluso, para los tiempos de la pandemia, cuando se produjo una fuerte recesión en muchos sectores del país que resultaron afectados por la prolongada cuarentena, el porcentaje de ejecución fue superior en 0,7 puntos porcentuales a lo presentado el año pasado (83,7 por ciento según el SIIF).
De acuerdo con los datos que reposan en el Portal de Transparencia Económica, el mejor comportamiento de ejecución presupuestal de los últimos cuatro años se produjo en el año 2021, cuando se registró un porcentaje de uso del 88 por ciento de los recursos de esa vigencia.
En total, según el informe del SIIF,
que usted puede consultar aquí, en el 2024 hubo una apropiación total, incluyendo adiciones, de 475 billones de pesos.
De ellos se comprometieron, a través de diferentes programas, pagos y contratos, recursos por 456 billones de pesos. Sin embargo, de forma efectiva, es decir como obligaciones, se usaron 393.7 billones de pesos, de los cuales, con corte al 31 de diciembre del año pasado ya se pagaron 393.0 billones de pesos.
En ese sentido, teniendo en cuenta esas cifras, quedaron sin usar de la apropiación 2024 dineros públicos por valor de 82.1 billones de pesos, equivalentes al 18 por ciento del total del monto disponible para el año pasado.
Esa cifra, de hecho, es la más alta desde 2020 y superó de lejos los 53 billones de pesos que dejaron de usarse en la vigencia del 2023, que constituyó el primer año completo del actual mandato del presidente Gustavo Petro. Vea en esta gráfica la ejecución total por año.
Dos entidades polémicas, las que menos ejecutaron
Un ministerio altamente criticado por su poca efectividad y que además está a punto de desaparecer y una entidad que ha estado en el ojo del huracán por protagonizar el mayor escándalo de corrupción durante el actual mandato, fueron las de peor ejecución en el año que terminó hace poco.
Y es que tanto el Ministerio de la Igualdad, presidido por la vicepresidenta Francia Márquez como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, liderada actualmente por Carlos Carrillo (hombre muy cercano al presidente Petro) no usaron ni siquiera el 10 por ciento del dinero que tenían disponible presupuestalmente.
El primer caso, el del Minigualdad, fue constante durante todo el año. Desde enero hasta diciembre se mantuvo como la entidad que menos dinero usó para proyectos de inversión, contratación o avanzar en sus planes y proyectos. Y el balance final del Ministerio de Hacienda arrojó que, pese a tener una abultada billetera, usó apenas el 4,9 por ciento de lo que se podía gastar.
En total, muestran las cifras oficiales, tenía un presupuesto de 1.5 billones de pesos de los que solo usó, en funcionamiento e inversión, un total de 76 mil millones de pesos. Es decir que quedaron sin usar del Presupuesto General de la Nación destinados a esa cartera 1,4 billones de pesos.
No por nada el Minigualdad fue una de las entidades más castigadas con un recorte de recursos para este año. El decreto de presupuesto emitido por el Gobierno deja claro que para la vigencia de 2025 la entidad que materializaba una de las principales promesas de campaña del presidente Petro contará con 33 por ciento menos de dinero al pasar de 1,5 billones a 1,2.
Pero además, su existencia sigue en el limbo luego de que la Corte Constitucional tumbara la ley que lo creó por vicios en su trámite. Y si bien el problema puede ser subsanado con la presentación ante el Congreso de un nuevo proyecto de ley, hasta el momento no ha habido movimientos que indiquen que se avanzará a futuro en ese sentido.
La segunda entidad que se quedó más rezagada en cuanto a ejecución presupuestal fue la UNGRD. En el caso de esta oficina, encargada de la política de prevención y atención urgente de las calamidades y desastres que sucedan en el país, se usó tan solo el 9,7 por ciento de los recursos que se le entregaron para usar en 2024.
En total, de los 276 mil millones de pesos del presupuesto que tenía a sus disposición comprometió tan solo 48 mil millones de pesos, lo que dejó un ‘sobrante’ de 227 mil millones de pesos.
Hay que aclarar, sin embargo, que la UNGRD tiene un régimen especial que le permite mover dinero sin necesidad de surtir el proceso público de contratación estatal, sino que lo puede hacer de forma directa y tomando recursos de otros orígenes, como el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo.
Y es precisamente esa ‘laxitud’ en el manejo de los recursos públicos la que permitió que miles de millones de pesos se desviaran para, según las pesquisas que avanzan ante la justicia, pagar coimas y sobornos a congresistas, funcionarios y otras personas a cambio de votaciones favorables en el Congreso para los proyectos de interés para el Gobierno.
Este escándalo, que le ha significado un tremendo costo político al actual Gobierno, le costó la cabeza y líos judiciales a varios altos funcionarios -todos de la entraña del Presidente- como el ex ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el ex director de la UNGRD, Olmedo López y quien fuera director del Dapre, Carlos Ramón González.
También están en medio del escándalo los congresistas Iván Name (expresidente del Senado de la Alianza Verde), Andrés Calle (expresidente de la Cámara, liberal disidente), Wadith Manzur (conservador) y el cordobés Julio Elías Chagüí (de ‘la U’).
A ellos se suman Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Liliana Esther Bitar Castilla (conservadora) y Karen Astrith Manrique Olarte (curul de Paz).
Frente a las cifras, voceros de la UNGRD le señalaron a EL TIEMPO que el bajo nivel de ejecución obedece a que debido a su régimen especial de contratación se ven obligados a agotar las reservas económicas que tiene la entidad antes de usar la vigencia presupuestal actual. Señalaron, además, que los giros hechos para diferentes fines estuvieron sobre el billón de pesos.
RAFAEL QUINTERO CERÓN
Editor Unidad de Datos EL TIEMPO
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