¿Por qué los recicladores en Bogotá protestan contra el gobierno de Petro y le piden cumplir acuerdos?: 'No nos dan la cara'

Decenas de recicladores, desde las tres de la mañana de este lunes, realizaron un plantón en el centro de Bogotá para exigirle al presidente Gustavo Petro que firme la modificación de un decreto que, según ellos afirman, va a mejorar las condiciones laborales para los que realizan la labor de recolección de residuos de manera formal.

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Las personas que aún se están manifestando en la carrera 6 con calle 8, en inmediaciones al Ministerio de Vivienda, aseguran que las modificaciones del decreto 596 de 2016, el cual establece el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, fueron el resultado de dos años de mesas de negociación con el Gobierno Nacional.

“La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, nos firmó la modificación del decreto el 6 de agosto y llevamos dos meses en los que no han radicado el documento a la Presidencia”, afirmó para EL TIEMPO Magda Barenas, líder del gremio y representante de la asociación Ecoalianza de Recicladores.

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Barenas añadió que hace un mes varios representantes de las organizaciones gremiales que han participado en las mesas de diálogo con la Nación hicieron “una masiva radicación de derechos de petición” para que el presidente Petro firmara el decreto, pero el despacho respondió que no podían porque “el Ministerio no había hecho el trámite” ante las oficinas del mandatario.

Dijo, además, que no entienden “cuál es la demora” y que la incertidumbre afecta a los trabajadores “Nos quedaremos las noches que sean necesarias hasta que el Ministerio responda. No nos han dado la cara, solo mensajes de WhatsApp, pero no hay nada concreto”, agregó.

Cabe resaltar que, según el Ministerio de Vivienda, en Colombia se encuentran registradas 962 organizaciones que reúnen 68.100 recicladores de oficio, sujetos de especial protección constitucional, entre los cuales se encuentran madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad y población migrante, entre otros.

Las nuevas condiciones laborales de los recicladores se concertaron tras varias movilizaciones este año y mesas de diálogo junto a la Comisión de Regularización de Agua Potable (CRA), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Secretaría de Gobierno y la Unidad istrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Varios líderes del gremio explicaron en redes sociales que las modificaciones al decreto 596 permitirán que la actividad de aprovechamiento sea exclusiva para los recicladores de oficio durante 15 años, lo que quiere decir que solo las asociaciones inscritas podrán realizar esta labor.

Barenas también resaltó que se va a empezar a reconocer “lo que hace el reciclador en la calle, que es recuperar el material”, lo cual incluye identificar y separar los residuos sólidos ordinarios aprovechables presentados por los s para su recolección y transporte.

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En este punto, la líder gremial hizo énfasis en que los recicladores son quienes separan el material de la basura. “La gente no sabe separar. Esto no lo tienen en cuenta en nuestra remuneración”, aseguró para este diario.

Otro de los aspectos que se modificarán es que las asociaciones ya no tendrán que presentar un catastro de s atendidos ante la Superintendencia de Servicios Públicos para que les realice el pago mensual. En la actualidad, si no se entrega este documento, como ha ocurrido con varias organizaciones, el pago se aplaza e, incluso, puede generar sanciones.

“Esta recolección de catastro de s es complicada, costosa e innecesaria, ya que a nosotros nos pagan por tonelada de material aprovechado. Nosotros no contamos con los recursos para obtener y entregarle todas estas cuentas a la Superintendencia y por eso nos aplazan el pago hasta un año y medio”, resaltó Barenas.

En ese sentido, si se firma el acuerdo, las fases de regularización de los recicladores ahora deberán estar acorde a la capacidad de las organizaciones.

Además, se creará un sistema diferencial de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA, para “responder a las necesidades de verificación del sistema” y las necesidades básicas (salud, vivienda y transporte) de quienes trabajan formalmente en este gremio.

El texto concertado ya ha pasado por dos consultas públicas, en noviembre de 2023 y en junio de este año. Según el Ministerio de Vivienda, este decreto está relacionado a la implementación de la política de ‘Basura Cero’, que plantea la dignificación de los recicladores de oficio, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el fortalecimiento como prestadores de la actividad de aprovechamiento.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ