La mujer indígena que amenazaron con azotes por intentar abortar

Una indígena nasa del Cauca tenía un objetivo claro en la vida: quería terminar su bachillerato y luego ser toda una profesional. Con 21 años era estudiante y ayudaba en las labores de la tierra, pero su meta, en un futuro, era hacer más por la comunidad que ama, liberar a sus iguales de esa pobreza que siempre los ha rodeado. Ese era su proyecto de vida.

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Pero, en noviembre de 2019 se enteró de su embarazo. Para esa época, el país vivía las consecuencias del paro nacional, no había transporte, la movilidad era un caos y el sistema de salud no ofrecía todos los servicios necesarios para la comunidad.

En definitiva, todo en la vida de esta joven se nubló. No era un hijo deseado, ni fruto del amor con un hombre con el que quería entablar una relación estable. Esa fue la primera angustia que tuvo que soportar porque no podía contarle a nadie de su comunidad sobre su estado y sobre su deseo de interrumpir el embarazo. Era un hecho que iba a ser juzgada.

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Desesperada, el único camino que encontró fue el de ingerir unas pastillas que, por recomendación del hombre con quien había sostenido la relación, llegaron a sus manos. Nunca contó con una red de apoyo que la pusiera en alerta sobre esa decisión. La medida extrema logró apaciguar su angustia por unos días sin saber que había puesto en riesgo su salud y su vida. La joven siguió estudiando. Con el tiempo, se dio cuenta de que lo que había ingerido no tuvo efecto alguno.

La mujer entró en un estado de desesperación, de frustración. Se sentía desorientada. No podía hablar con alguien ni expresarse, y eso la sumió en un profundo estado de depresión. Nunca había recibido educación al respecto que le hubiera permitido tomar una decisión más documentada. No sabía de las múltiples formas para planificar, qué era un aborto ni cómo era ese procedimiento; solo sabía que no estaba preparada para procrear. Convertirse en madre no estaba dentro de sus expectativas.

Cuando la comunidad nasa la ó, ella sintió que estaba a punto de entrar en el mismísimo infierno. Fue amenazada con ser golpeada con un cepo —quizás, el castigo más grande y humillante que hay en la jurisdicción indígena—. La encerraron, no le permitieron salir de la comunidad y le quitaron su celular. Fue una mujer señalada y estigmatizada. Pasaron días sin que sus argumentos fueran escuchados. Un día, fue obligada a irse para siempre del territorio.

La razón de la EPS indígena para no apoyarla fue que su concepción de la vida es diferente. Aseguraron que por ninguna circunstancia iban a aceptar la muerte de ningún ser humano.

Le tocó huir de esa confrontación en la que había sido sumergida, la autonomía que ella quería tener sobre su cuerpo no era válida en su propio territorio. Enfrentarse a otro contexto sin saber a quién acudir convulsionó su vida. En su comunidad estaba estudiando, pero, en ese nuevo escenario, su camino fue comenzar a trabajar. Tenía que solventar muchos gastos.

Luego de golpear muchas puertas, logró acceder al proceso de interrupción voluntaria del embarazo gracias a la ayuda de la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que le brindó acompañamiento. Los profesionales entendieron por qué ella estaba tomando esa decisión.

Viajaron al departamento de Antioquia y evidenciaron la complejidad del caso, la negligencia del personal médico y los malos tratos que recibió la mujer cuando finalmente pudo acceder al procedimiento deseado. El personal del Hospital Universitario —dicen los que le hicieron seguimiento al caso— no supieron cómo proceder.

La mujer nasa y el personal de apoyo recibieron malos tratos, murmuraciones, entre otras inconsistencias mientras se lograba algún tipo de ayuda. A ella la ingresaron en una sala de partos, algo que la afectó emocionalmente. En definitiva, ver a mujeres pariendo a sus hijos no era el mejor escenario, más cuando no quería convertirse en madre.

No obstante, recibió acompañamiento psicosocial. Por primera vez entendió con más claridad sobre sus emociones y la posibilidad de que evaluaran cómo se encontraba su salud mental. Pero ese buen trato no fue constante en todo el personal. Mientras algunos trataban de entender su condición, otros eran ignorantes en su proceder. “En una ocasión nos dejaron durmiendo en una sala por dos días. Nos sentimos humilladas y maltratadas”, contó la acompañante del caso.

En el municipio de Caldas, Antioquia, le realizaron el procedimiento. Le fue bien, pero días después, de nuevo, se vio señalada por el personal médico de un hospital. “Fueron negligentes, trataron a la mujer indígena como si ella fuera una criminal, la humillaron y la maltrataron en los procedimientos por la forma en la que se los hacían”, agregó.

A pesar de que la joven refería mucho dolor después de las intervenciones, el personal de enfermería le decía a su acompañante que todo era normal. “No era así. Claro, tenía que haber dolor, pero no de ese nivel; finalmente las enfermeras se dieron cuenta cuando no había nada que hacer. No actuaron con humanidad, fueron negligentes y groseras. Solo una médica fue humana con el trato hacía esta indígena. Hay mucha falta de ética profesional”, dijo.

Los hospitales carecen de mucha información a la hora de realizar estos procedimientos. “En este caso, por ejemplo, llamaron a la comunidad indígena a contarle que la mujer quería someterse a un aborto y esta no aprobó que se hiciera bajo su EPS. Toda la comunidad se enteró, fue morboso, y se le vulneraron todos sus derechos. El personal tiene que saber de atención diferencial”, enfatizó la acompañante.

Hoy, la mujer indígena trata de salir adelante fuera de su comunidad. Sabe que el camino no será fácil y que tardará en comprender por qué fue señalada y vulnerada de esa manera. No entiende por qué decidir sobre su cuerpo fue juzgado como si fuera el peor de los delitos.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

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