Lucha contra el crimen no será la misma después de la pandemia

Hacer de Bogotá una ciudad más segura y tranquila para sus habitantes es uno de los desafíos más complejos para la pospandemia. Los atracos cometidos por enjambres de delincuentes que vuelan en motos por los barrios, los sicariatos, los robos de carros y a viviendas, la venta de drogas en parques, el vandalismo y la violencia en medio de movilizaciones sociales, son algunos de los fenómenos que mutaron en medio de la emergencia sanitaria.

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Además de eso, plantean la necesidad de adaptar las actuales capacidades de la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad a las transformaciones que sufrieron bandas criminales, que modificaron sus modus operandi para adecuarse a escenarios como las cuarentenas producto de la pandemia.

Expertos y autoridades consultados por EL TIEMPO coinciden en que, ante esto, la reacción debe venir dando un salto de calidad en las capacidades de investigación criminal y operatividad, potenciadas con recursos tecnológicos que ya se están empezando a implementar como detectores de metales fijos y móviles para mejorar las requisas en la calle y TransMilenio, y cámaras de seguridad con identificación de rostros que están en pruebas.

También, modelos matemáticos predictivos del crimen y una policía que no solo viste un nuevo color, sino que porta nuevas herramientas para mejorar sus procedimientos, como una cámara en el pecho que graba lo que ocurre y un código QR en los uniformes que permite acceder a información de la institución, pero que está apenas en evaluación.

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Como cualquier actividad económica, al comienzo de la pandemia las economías ilegales también se vieron afectadas, pero en muy poco tiempo se reacomodaron y en algunos casos innovaron para seguir usufructuando las ganancias de las distintas rentas criminales.

Según el experto y exsecretario de seguridad Hugo Acero, una de esas innovaciones fue la distribución de drogas a domicilio, comercio que se vio favorecido con el incremento del consumo de estupefacientes y el aumento de los precios, de acuerdo con una encuesta de la ONG Acción Técnica Social (ATS).

“Es un mercado ilegal rentable que se disputan de manera violenta las distintas estructuras criminales que se dedican al narcotráfico y su distribución a través del microtráfico, situación que ha incrementado los homicidios”, analizó Acero, quien agregó que el uso de armas es otro de los fenómenos que se alteró por la pandemia.

Según explicó, los delincuentes que se dedican al hurto denominado ‘cosquilleo’ vieron afectada su actividad por la disminución de aglomeraciones ciudadanas en el transporte público o en la calle, por lo que tuvieron que recurrir al uso de armas de fuego, de fogueo y cortopunzantes para asaltar o atracar de manera directa a sus víctimas, en ocasiones trágicamente, lo que hizo que aumentaran los lesionados y muertos.

“Es de destacar en este reacomodo el incremento del comercio y uso de armas ilegales de fuego y de fogueo en la comisión de los distintos delitos de mayor impacto, como fue el caso de los homicidios, que pasaron del 51 por ciento de los cometidos con armas de fuego en 2018, a 62 por ciento en el 2020”.

Aunque hay claridad frente a algunas mutaciones del crimen, para Andrés Preciado, docente e investigador de la Eafit, todavía estamos entendiendo cuál fue la modificación que tuvieron las bandas en la pandemia.

“Se les afectaron los negocios ilegales, creo que hay algo continuo y es la capacidad operativa de la Policía para impactar estas bandas (van 94 desarticuladas este año), pero estamos por verificar cambios estructurales que implican modificaciones en la forma como delinquen y se enfrenta a estos grupos criminales”, puntualizó Preciado.

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En esto coincidió Marisol Gómez, concejal de Bogotá Para la Gente, quien lideró el más reciente debate de control político que se realizó en el cabildo sobre la seguridad en la ciudad. La concejal aplaudió que la capital ya esté usando la analítica predictiva para salirle adelante a la delincuencia y diseñar a tiempo planes territoriales que atiendan la realidad de cada localidad.

“Yo espero que el nuevo secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, siga en esa línea y se articule con la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), porque si no se golpean las finanzas del crimen organizado poco se avanzará”, señaló la cabildante.

Precisamente. el secretario de Seguridad, en reciente conversación con EL TIEMPO, explicó que la ciudad está ante una opción, concreta, para reunir este tipo de reclamos e inquietudes de expertos y ciudadanía, y construir una nueva Política Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ya que la actual, que fue expedida en el 2011, este año pierde vigencia. Este instrumento será la hoja de ruta hasta el 2028.

“Estamos ante la oportunidad de crear una nueva política pública de seguridad con una visión hacia el futuro, hay unos derroteros muy claros, lineamientos que ha fijado la alcaldesa y que estamos fortaleciendo, pero el Concejo, la ciudadanía, actores gremiales, académicos, expertos y mi propósito, es hacer un gran esfuerzo de diálogo y concertación con todos ellos para aportar los principales elementos que deben orientar a la ciudad en seguridad para los próximos años”, explicó Fernández de Soto.

Pero el panorama no es sencillo. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación realizó un análisis al delito del homicidio en Bogotá, que está aumentando. El ente acusador registró al mes de julio de este año 613 víctimas, frente a 531 que se reportaron en el mismo periodo del 2020. Es decir, un aumento del 15,44 por ciento con 82 casos más.

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“La ausencia de presencia de policía de vigilancia, que se han concentrado en manifestaciones; no tener controles, ni retenes suficientes por parte de la Fuerza Pública para la incautación de armas de fuego y blancas”, son algunas de las razones que plantea la Fiscalía para explicar el aumento de las muertes violentas en la ciudad.

Además de esto, las movilizaciones sociales, que durante la pandemia se tornaron violentas en muchos casos, que tuvieron como principal objetivo a TransMilenio (las pérdidas por daños asciende a 22.340 millones de pesos), y que se tomaron zonas completas de la ciudad como las inmediaciones de los portales de Suba y Las Américas, es algo que inquieta para el futuro.

Según analistas y autoridades, para sacar a los vándalos de la movilización pacífica, se deben fortalecer no solo la investigación, sino la legislatura que es laxa con estos hechos. “Tenemos un nuevo escenario en el país, un nuevo contexto del que no podemos ser ajenos, no solo por la pandemia, sino también por un entorno social y económico que no podemos dejar de entender”, reconoció Fernández.

A esta situación se suma el crecimiento de la población de Bogotá, que es el mayor receptor de migrantes internos y extranjeros del país (según Migración Colombia en enero había 340.711 venezolanos en la ciudad) y que por momentos desbordan la capacidad institucional.

En el reciente seminario web ‘Ciudades del futuro: sostenibilidad, seguridad e integración, con enfoque de género’, el Instituto Interregional de Investigación sobre Delincuencia y Justicia de las Naciones Unidas (Unicri) puso sobre la mesa los nuevos riesgos en materia de seguridad y convivencia en las ciudades producto de este crecimiento poblacional, y del covid-19.

Según explicaron, “las tasas de pobreza y delincuencia son generalmente más altas en las ciudades que en las zonas rurales: la ruptura de los valores culturales y las redes sociales, la exclusión de los jóvenes en riesgo y las poblaciones minoritarias, la corrupción, la falta de confianza en las autoridades públicas y una cultura de anarquía pueden contribuir a influir negativamente procesos de urbanización, mientras que la delincuencia urbana obstaculiza el crecimiento económico”.

Para enfrentar estos desafíos en Bogotá, opina Emel Rojas, concejal de Colombia Justa y Libres, se requiere la ampliación y profesionalización de la Policía Metropolitana de Bogotá y, en segundo lugar, se debe lograr la coordinación de la Alcaldía, Policía y Gobierno Nacional.

“Uno de los puntos fundamentales es implementar estrategias de disrupción del delito, la disrupción consiste en afectar integralmente las redes de valor de los fenómenos delincuenciales de más alto impacto en la ciudad con el fin de lograr su reducción sostenida y, por supuesto, el fortalecimiento de la prevención”, señaló Rojas.

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Además de la construcción de la nueva política pública de seguridad, Bogotá le apostará en los próximos años a una atención en varios frentes. Por un lado, el nuevo comando de la Mebog va en un 90 por ciento de construcción, y cuando esté listo contará con laboratorios y otras herramientas que permitirán perfeccionar la labor de la policía; se fortalecerá el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), y llegarán 2.500 policías nuevos.

El aumento del crimen no es solo en Bogotá. Por ejemplo, a principios de julio, en Nueva York se decretó la emergencia por violencia con armas de fuego. “Si bien a principios de junio pasado salió una investigación de las universidades de Cambridge (Inglaterra) y Utrecht (Países Bajos) que mostraba que por las cuarentenas los robos con violencia habían disminuido en 46 por ciento, en más de 30 grandes ciudades del mundo, como Chicago, São Paulo, Barcelona, Tel Aviv y Londres, parece claro que cuando las ciudades reabren, la delincuencia regresa más violenta”, explicó la concejal Marisol Gómez. Ante esto, la Unión Europea (UE) lanzó un plan a cinco años.

La estrategia está centrada en impulsar la cooperación policial y judicial, la desarticulación de estructuras delincuenciales, afectar sus finanzas, centrarse en delitos de mayor prioridad y adaptar la policía y la justicia a la era digital. “Los grupos delictivos utilizan cada vez más las nuevas tecnologías y aprovechan cualquier oportunidad para expandir sus actividades ilegales, tanto en línea como fuera de línea”, expresó recientemente Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea.

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Óscar Murillo Mojica

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom