Desde el año 2021 EL TIEMPO ha venido denunciando lo que antes era un secreto a voces: el abuso sexual al que han sido sometidos estudiantes en los colegios públicos y privados de Bogotá. Algunas de las denuncias han generado protestas y plantones. Nadie quiere que se baje la guardia en estas investigaciones, menos las víctimas.
Muchos han cuestionado la labor investigativa de las autoridades en estos casos que parecen ir en aumento, pero, lo cierto, es que tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, el fiscal de la seccional Bogotá, José Manuel Martínez Malaver, así como la secretaría de educación, Edna Bonilla Sebá, entregaron los primeros resultados operativos de este paquete de aberrantes casos.
Hay que recordar que la SED habría puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos desde el 18 de marzo de 2022, cuando le pasó la información de 163 casos de violencia sexual en las instituciones educativas, cometidos por servidores de la entidad, al fiscal Francisco Barbosa.
En ese entonces, el compromiso fue que, tras un mes de recibir este paquete de información, se comenzarían a ver los primeros resultados en las investigaciones.
4.747
Con corte a 31 de agosto de 2022 hay registrados en el Sistema de Alertas de la SED 4.747 reportes por violencia sexual. Dentro de éstos, por los casos en los que un funcionario docente o istrativo es presunto agresor, actualmente se tienen abiertos 269 procesos disciplinarios, 153 de los cuales corresponden a 2022.
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación (FGN) notificó en una primera entrega, que había un avance en el esclarecimiento del 86,50% de los casos de violencia sexual en instituciones educativas del Distrito que habían sido puestos en conocimiento por la Alcaldía de Bogotá, y en los cuales la Secretaría de Educación (SED) de la ciudad tenía abiertos y en curso procesos disciplinarios.
De estos hechos, el 7% está en etapa de juicio con 12 docentes vinculados, otro 11% en investigación con 18 profesores imputados, 14% en indagación con órdenes de policía judicial vigentes y 110 hechos, continuarán en proceso disciplinario por parte de la Alcaldía de Bogotá.
Como parte del trabajo investigativo, la Fiscalía constató que sobre 72 casos había denuncia; mientras que en 88 fue necesario abrir noticia criminal. De igual manera, en tres casos no había información suficiente para abrir indagación. EL TIEMPO le ha venido siguiendo el rastro a cada caso y esto es lo que se ha conocido hasta el momento, pero falta más.
El 1. º de abril de 2022, la Fiscalía judicializó a un profesor de educación física por abusar sexualmente de un niño de 5 años en un colegio de Bosa. Aprovechó su condición de superioridad para someter a los alumnos a actos indebidos. Fue capturado por integrantes de la Sijín en Usme. Se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, pero el procesado no aceptó los cargos.
El 9 de abril de este año, otro hecho fue el aseguramiento carcelario de la profesora de un jardín infantil del sur de Bogotá por torturar y abusar sexualmente de una niña de 3 años.
Todo ocurrió en el 2019. La docente habría sometido a la estudiante a distintos vejámenes en el baño de la institución, durante 15 días. La castigaba, le daba golpes en los tobillos, la bañaba con agua helada y la humillaba frente a sus compañeros. La niña no quiso volver al jardín.
Tres años después, la menor de edad fue matriculada en un colegio cercano a su residencia, allí se topó de nuevo con su agresora, quien trabajaba en esa institución. Luego de resistirse a regresar a clases para no reencontrase con su verdugo, la víctima le contó a la directora de curso lo que había soportado. Después de una ardua investigación, la educadora fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y tortura agravada.
El 3 de mayo del 2022 se conoció de otro caso no menos aberrante. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Noaira Patiño Angulo, responsable de abusar sexualmente de una niña en el baño de un colegio, durante febrero y marzo del 2022. Esta mujer, que hacía parte del personal de servicios generales, interceptaba a la menor cuando salía de clase, la encerraba, la violentaba sexualmente y la amenazaba con golpearla para evitar que la denunciara.
Estas conductas se repitieron, al menos, en ocho oportunidades. Adicionalmente, la víctima, de 6 años, accedió a contar lo que sucedía y reconoció a la mujer entre varios empleados de la institución educativa.
Noaira Patiño Angulo, quien afectó la vida de esta niña, fue capturada. Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. La procesada no aceptó cargos.
El 15 de mayo de 2022 se conocieron otros avances. La Fiscalía y la Policía pusieron en evidencia dos hechos distintos, en los que docentes habrían abusado sexualmente de estudiantes menores de edad en distintos sectores de Bogotá.
Inicialmente, se estableció que un profesor de un colegio de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, ó a una estudiante por redes sociales y la citó a un salón con el pretexto de que le ayudaría con algunos trabajos pendientes.
Los elementos de prueba dan cuenta de que el hombre aprovechó su condición de superioridad y, al parecer, sometió sexualmente a la menor de edad y la intimidó con hacerla perder una materia si denunciaba lo ocurrido. La víctima dijo que todo ocurrió en abril de 2018.
De otra parte, se conoció que un docente de una academia de danza de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, sería el responsable del abuso sexual de una adolescente.
El agresor le habría exigido a la menor de edad tomar pastillas anticonceptivas para evitar que quedara en embarazo. Condicionó y manipuló a la joven con enviarla a las competencias de baile si permitía que los ataques sexuales continuaran. En los dos casos, fiscales de la Seccional Bogotá imputaron a los dos profesores el delito de carnal violento con menor de 14 años. Los procesados no aceptaron cargos y, por disposición de jueces de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Hace más de diez años –no se sabe si más–, al menos nueve menores de edad cayeron en los engaños de un profesor de un colegio público de Bogotá. Ellas hacían parte de un grupo de danzas y él, con la complicidad de su esposa, les robó su infancia, su inocencia y su tranquilidad. Es Helman Berrío Ramírez, un docente que se dio a la fuga tras ser acusado formalmente por nueve de sus víctimas. Según el abogado del caso, Alexander Rogelis, aún esperan que el centro de servicios de los juzgados penales de Bogotá fije fecha para la audiencia de imputación contra Rosalba Salamanca, la esposa de Berrío, quien también habría participado en abusos.
Por casos como esos es que la SED creó la Oficina de Convivencia Escolar, una apuesta por mejorar la gestión de la entidad frente a la violencia sexual. Con corte a 31 de agosto de 2022 hay registrados en el Sistema de Alertas de la SED 4.747 reportes por violencia sexual. Dentro de éstos, por los casos en los que un funcionario docente o istrativo es presunto agresor, actualmente se tienen abiertos 269 procesos disciplinarios, 153 de los cuales corresponden a 2022.
Frente a estos casos, la entidad actúa desde dos frentes. Uno, a través del acompañamiento y respuesta inmediata a las alertas, por parte del equipo de Respuesta Integral de Orientación Pedagógica (RIO-P), equipo integrado por profesionales con experiencia en restablecimiento de derechos, acompañamiento socioemocional, prevención de violencias sexuales y violencias basadas en género, así como en fortalecimiento de la salud mental.
Cuando se presenta una alerta relacionada con este tipo de situaciones, profesionales de la estrategia acompañan al establecimiento educativo para la activación del protocolo correspondiente, a la familia y al estudiante, buscando la garantía en el proceso de restablecimiento de derechos de manera prioritaria e integral.
Frente a los casos en los que el presunto agresor es funcionario docente o istrativo de la SED, la Oficina de Control Interno Disciplinario de Juzgamiento inicia el respectivo proceso. Mientras se surten todas etapas del mismo la entidad aparta de las instituciones educativas a los docentes o funcionarios implicados como presuntos agresores. Durante 2021 se profirieron 47 fallos sancionatorios, 11 de los cuales fueron destitución.
En junio la entidad lanzó la campaña ¡Pilas ahí!, con la que, a través de piezas comunicativas, de divulgación y difusión se espera concientizar y sensibilizar a niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años sobre las conductas que, aunque en algunos casos han sido normalizadas, son violencia sexual, para que puedan identificar y denunciar.
A partir de las denuncias la SED ha continuado entregando a la FGN información de los procesos disciplinarios abiertos. Han realizado dos entregas. La primera con corte 18 de marzo, que obtuvo como resultado la identificación de noticia criminal existente para 72 casos. Y para los 88 restantes, la FGN abrió las respectivas noticias criminales. “De acuerdo con lo informado por la FGN, de los 163 casos, el 7% está en etapa de juicio con 12 docentes vinculados, el 11% en investigación con 18 profesores imputados, y el 14% en indagación con órdenes de Policía Judicial vigentes. Los restantes 110 hechos continuarán únicamente con proceso disciplinario en la SED”. La segunda entrega la realizaron el viernes 28 de julio y correspondió a 109 procesos abiertos entre el 19 de marzo y la fecha de entrega.
Con la implementación del Plan han logrado agilizar los tiempos procesales de cada caso, de forma tal que en 8 meses la cantidad de casos activos pasó de 211 en abril de 2021 a 160 en diciembre de 2021, 46 de los cuales fueron abiertos durante el mismo.
En este especial escrito por la sección Bogotá de EL TIEMPO usted podrá leer las formas en las que se dan este tipo de abusos. Sin duda, será una guía para que los padres de familia protejan a sus hijos y para que la comunidad educativa blinde a sus estudiantes de sus verdugos.
