El fiscal general de Florida, James Uthmeier, está bajo investigación de una jueza federal por aparentemente haber desafiado su orden que prohibía la aplicación de una ley que tenía como objetivo detener a migrantes en el estado, por lo que podría ser considerado en desacato.
En un fallo del mes pasado, la jueza federal de distrito, Kathleen Williams, estableció que su orden de restricción temporal contra la aplicación de la ley que convertía en un delito menor que las personas ingresen de forma ilegal a Florida se aplicaba a todas las agencias locales de aplicación de la ley.
En una misiva con fecha del 23 de abril, dirigida a las agencias del orden público de Florida, el fiscal general declaró que "ninguna orden legal y legítima impide actualmente que sus agencias continúen aplicando las nuevas leyes de entrada y reingreso ilegal de Florida". Bajo la legislación, docenas de personas fueron arrestadas y puestas bajo custodia.
En su defensa, Uthmeier aseguró que la carta consistía simplemente en una notificación a las agencias que incluía una opinión legal en desacuerdo con la orden de la jueza. "No hay base para el desacato o las sanciones. Interpretar una orden para prohibir que un fiscal general del estado discrepe de una orden federal, mientras la cumple, también sería una afirmación extraordinaria y sin precedentes del poder judicial federal, e implica graves preocupaciones constitucionales", manifestó al respecto.
La ley convertía en un delito menor que las personas ingresen de forma ilegal a Florida. Foto:iStock
La denuncia contra el fiscal federal de Florida
En este escenario, un grupo de defensa de los derechos de migrantes que impugnó la ley de Florida señaló que es inaceptable que el fiscal "alentara arrestos que él entendía plenamente que estaban específicamente prohibidos".
A continuación, los abogados de la Coalición de Inmigrantes de Florida advirtieron que el fiscal podría estar sujeto a sanciones financieras, así como la jueza podría remitir su conducta al Colegio de Abogados de Florida para establecer procedimientos disciplinarios.
"La segunda carta del fiscal general claramente socavó el aviso que se le ordenó proporcionar, e invitó a efectuar arrestos que él sabía serían violaciones de la orden de este tribunal", afirmó el grupo de abogados para luego concluir: "Eso es un claro desacato al tribunal".
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