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Corte pide cuentas del cumplimiento de su sentencia sobre la problemática de los baldíos
La Corte Constitucional realizó una audiencia de seguimiento a su 'macro' sentencia SU-288 de 2022.
Corte Constitucional realizó audiencia de seguimiento a la sentencia de los baldíos. Foto: Ministerio de Agricultura
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La Corte Constitucional realizó este lunes una sesión técnica de seguimiento a las órdenes impartidas en la macro sentencia SU-288 de 2022, en la que sus magistrados se pronunciaron sobre la problemática estructural en la distribución de los baldíos, es decir, de las tierras que le pertenecen a la Nación y que están siendo adjudicadas a particulares a través de procesos de pertenencia.
En dicho fallo, la Corte trazó una ruta para acabar con la diferencia de criterios que los jueces estaban aplicando sobre los procesos de pertenencia, que se basan en la prescripción adquisitiva del dominio, es decir, en un método que permite que particulares tengan la propiedad de los baldíos si demuestran la explotación económica permanente de los mismos durante al menos 5 años.
"La Corte precisó que la problemática estructural a la que se ha hecho referencia se encontraba asociada a la desigualdad, concentración e informalidad en la tenencia de la tierra; y a la incapacidad de la autoridad de tierras para cumplir con la clarificación de la propiedad, adjudicación y recuperación de bienes baldíos, en particular por razón de la debilidad institucional en la gestión de los baldíos", declaró al inicio de la audiencia el magistrado ponente Antonio José Lizarazo.
Antonio José Lizarazo, ponente de la 'macro' sentencia sobre los baldíos. Foto:Audiencia
En el fallo sobre los baldíos, la Corte también exhortó al Congreso y al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, de la que habla el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las extintas Farc, especialmente en el punto sobre el y el uso de la tierra.
Las órdenes también incluían impulsar la creación de la jurisdicción agraria, la consolidación del catastro multipropósito, la actualización del sistema de registro, la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y el plan de formalización masiva de la propiedad rural, entre otros componentes.
Los avances destacados por la ministra de Agricultura
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó diversos avances como la consolidación de la Jurisdicción Agraria de la que advirtió que es "quizá el mayor elemento al que se ha dedicado el gobierno".
"Le propusimos al legislativo reformar la Constitución y con ello se sacó el Acto Legislativo 03 de 2023 que incorpora a la Constitución la Jurisdicción Agraria y Rural. Presentamos la Ley Estatutaria, aprobada por el Congreso el 20 de junio, actualmente en revisión por la Corte. Y hemos presentado al legislativo otro proyecto de ley de la jurisdicción ordinaria para establecer los principios, competencias y los procedimientos", expresó la ministra.
Martha Carvajalino, ministra de agricultura. Foto:Audiencia
Carvajalino también destacó que hay "más de 275 mil hectáreas de adquisición directa que fueron dispuestas en el Fondo Nacional de Tierras, 70% de ellas dirigidas a familias campesinas y reincorporados, pero que además provienen del acuerdo con los ganaderos, con Fedegán".
También destacó que han "avanzado" en más de 1.250.000 hectáreas de tierras para comunidades campesinas y comunidades étnicas, "creyendo que es el mayor avance que ha tenido un gobierno frente a las metas del acuerdo de paz".
(Lea también: Las órdenes de la Corte en fallo sobre terrenos baldíos)
"Hemos resuelto más de 140 mil hectáreas en procesos agrarios, la mayoría de ellos de baldíos indebidamente ocupados que se han recuperado y se han dispuesto bajo la istración de la Agencia Nacional de Tierras", agregó la ministra.
Procuradora Margarita Cabello pide la implementación del catastro multipropósito
Procuradora Margarita Cabello, en audiencia sobre el fallo de los baldíos. Foto:Audiencia
La procuradora general Margarita Cabello aseguró que el "cumplimiento de esta sentencia enfrenta retos estructurales, relacionados con problemas históricos sobre la propiedad inmueble en Colombia".
Señala que, de un lado, se "debe mantener un registro actualizado de baldíos, en segundo lugar, es necesario la creación del catastro multipropósito, y en tercer lugar, es necesario modernizar nuestro sistema registral".
"La Procuraduría ha identificado una gran debilidad por parte de las autoridades responsables que enfrentan dificultades técnicas y financieras sobre la implementación del Acuerdo de Paz", añadió Cabello.
Agregó que existen limitaciones en los reportes sobre el avance del punto de tierras del Acuerdo de Paz, pues asegura que hay "falta de claridad en indicadores, criterios de reporte no unificados y sistemas de monitoreo desactualizados".
"Lo más preocupante es que se evidencian inconsistencias en áreas claves que afectan los reportes sobre el Fondo de Tierras, sobre el Catastro Multipropósito y sobre la actualización del sistema registral", puntualizó.
Zona de Reserva Campesina Losada, Guayabero, con 163.736 hectáreas. Foto:Ricardo Báez / ANT
Cabello también cuestionó la caracterización de los predios que integran actualmente el Fondo Nacional de Tierras. "El mismo cuenta con 2.366.550 hectáreas pero incluye terrenos sin caracterización adecuada. Carece de claridad en la identificación de las fuentes y naturaleza de los predios. Hay falta de una limitación precisa entre predios destinados a la adjudicación respecto de los destinados a la formalización", expresó.
"Según los datos, el 40.93% de los predios tiene ocupaciones, el 59% carece de información y sólo el 0.01% está libre de ocupaciones, bajo un criterio estricto, los predios libres de ocupación representarían apenas un avance del 0.01%", puntualizó la procuradora.
Cabello recordó ante la Corte una alerta que había publicado EL TIEMPO en el mes de junio sobre más de $136 mil millones de pesos en riesgo, producto de presuntas irregularidades en el proceso istrativo de compra de tierras para la reforma agraria, que ha liderado la Agencia Nacional de Tierras -ANT- durante el gobierno de Gustavo Petro.
"Una enorme dificultad para la consecución de información fiable"
Diego Ospina Guzmán,Director de Vigilancia Fiscal de Contraloría Delegada Sector Agropecuario Foto:Audiencia
Diego Ospina Guzmán, director de Vigilancia Fiscal de Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, coincidió con la procuradora general sobre la "enorme dificultad para la consecución de información fiable".
También se refirió a la más reciente auditoría que realizó su delegada y que está en proceso de publicación. "Hubo 14 hallazgos de tipo istrativo entre los cuales 10 tienen presunta incidencia disciplinaria y seis con presunta incidencia fiscal en conjunto por 160 mil millones de pesos", declaró el contralor.
ANA MARÍA CUESTA
Redacción justicia anacue@eltiempo.com
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