COP1 de Escazú: qué implica en el país más peligroso para ser ambientalista

Ser defensor ambiental en Colombia es, desgraciadamente, un rótulo que pone en peligro la vida de las personas. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país ha vivido una guerra por el control de los territorios que se ha llevado consigo la vida de decenas de líderes, entre ellos algunos que desde las comunidades han intentado salvaguardar la selva, los páramos, el agua y otros activos de inestimable valor para el medioambiente del país.

Según datos de la ONG Global Witness, Colombia ha ocupado por dos años consecutivos (en 2019 y 2020) el primer y deshonroso lugar como el sitio del mundo donde más líderes ambientales pierden la vida por el simple hecho de serlo. En total el país ha pasado de 24 homicidios en 2017; a 25 en 2018; 64 en 2019; y finalmente 65 en 2020. Pero, ¿cómo solucionar esa escalada violenta? Más aún cuando en recientes declaraciones el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, en una acción que ha sido calificada por ambientalistas como un desconocimiento de la realidad de los líderes, aseguró que “Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza”.

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De acuerdo con la ONG ambiental Asociación Ambiente y Sociedad, una de las formas en la que el país podría empezar a ser más seguro para los defensores de la tierra es ratificando el Acuerdo de Escazú. Dicho tratado internacional ha sido adoptado en la región ya que, según su mismo nombre, sirve para mejorar “el a la Información, la Participación Pública y el a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. El documento, que se adoptó en el año 2018, sólo ha sido ratificado por 12 de los 24 países que lo desarrollaron. Colombia, que participó en sus inicios y posteriormente lo firmó, no lo ha ratificado, lo que significa que aún no tiene efectos legales en el país porque el Congreso no lo ha añadido a nuestra normatividad. Lo anterior ha ocurrido pese a que ha sido enviado al órgano legislativo en dos ocasiones para que se ratifique y que fue una de las promesas hechas por el presidente Iván Duque.

“El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional en materia ambiental establecido para América Latina y el Caribe, adicionalmente es el primer instrumento en el mundo que contiene disposiciones para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. El reconocimiento en sí mismo de esta obligación en una norma no reducirá automáticamente la muerte y amenaza a defensores y defensoras, pero sí constituye un marco normativo claro y específico que marca una obligación a cargo del Estado, la cual no ha sido abordada de manera efectiva”, asegura Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad.

Esta semana el Acuerdo de Escazú tendrá su primera Conferencia de las Partes (COP), que se realizará entre el 20 y 22 de abril en la ciudad de Santiago, Chile. Las COP son órganos rectores de ciertas convenciones internacionales. Básicamente son un encuentro en que los Estados que hacen parte se reúnen para definir y revisar los objetivos y logros de los convenios internacionales que firmaron y aprobaron.

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Entre las COP más famosas están la COP de Cambio Climático o Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que el año pasado celebró su edición 26 en Glasgow y que reúne a los 196 países más la Unión Europea. Y la COP de Biodiversidad, de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) ratificada por 195 Estados y que este año celebra la reunión número 15 en Kunming, China, donde se reunirán 195 Estados.

En la COP 1 de Escazú los Estados que hacen parte del tratado se reunirán para empezar a definir las reglas de procedimiento de la conferencia; la composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento; y las disposiciones financieras de la misma. Básicamente empezar a montar cómo se cumplirá Escazú y de dónde saldrán los fondos para su funcionamiento en la región (un tema no menor, si se tiene en cuenta que por ejemplo la COP de Cambio Climático lleva ya varias ediciones tratando de definir quién debe poner la plata para enfrentar la crisis planetaria).

Colombia, que fue signataria y participó activamente en el desarrollo del Acuerdo de Escazú, participará a través de una comitiva gubernamental encabezada por de la Cancillería, y no del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que aunque ha participado activamente en la COP de Biodiversidad y la COP de Cambio Climático no ha sido muy activo frente a la COP de Escazú.

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Allí, de acuerdo con la entidad, habrá una delegación colombiana que estará conformada por participantes en modalidad presencial y virtual, en cabeza del embajador de Colombia en Chile, Guillermo Botero Nieto, y funcionarios de la Coordinación de Asuntos Ambientales de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería, y de la Subdirección de Participación y Educación y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según la Cancillería, aunque Colombia no ha ratificado aún el Acuerdo y por tanto no es un Estado Parte, fue invitada por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL a participar en la COP1 de Escazú, “por su activa participación durante la negociación del acuerdo, y su fuerte compromiso con la protección ambiental, la acción climática y la promoción de un desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad”, señaló la órgano diplomático. Por eso, el país estará presente en calidad de Estado Observador e intervendrá “en los diferentes puntos de agenda en donde sea pertinente”.

“Colombia aspira tener la oportunidad de presentar durante la COP las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional para lograr la pronta ratificación del Acuerdo; reafirmar su compromiso ante la Secretaría Ejecutiva, Estados Parte y demás signatarios, así como ante el público en general, con el objetivo y los principios consignados en el Acuerdo; y aportar en calidad de Estado Observador al proceso de discusión de las diferentes decisiones relativas a los procedimientos de la COP y demás asuntos de orden procedimental según lo estipula el artículo 15 del Acuerdo”, destacó la entidad.

Escazú, como acuerdo, ha atravesado distintas presiones en toda la región para impedir su ratificación. En Colombia, a pesar de los dos intentos de pasarlo por el Congreso (el último paso para que empiece a funcionar) la falta de acompañamiento del Ministerio de Ambiente, según organizaciones de la sociedad civil como Ambiente y Sociedad, ha llevado a que lo más probable es que en esta legislatura ya no sea ratificado. Una imagen poco positiva frente a un Gobierno que busca posicionarse como líder en conservación de áreas naturales en la región, pero que no logra proteger a sus defensores ambientales.

“Durante los 4 años de este gobierno ya saliente logramos como ciudadanía la firma del Acuerdo, lo cual fue el primer paso. Esa firma se logró gracias a la presión ciudadana manifestada en las calles durante el 2019. Desafortunadamente el siguiente paso, es decir la ratificación, estaba a cargo de la voluntad política del Gobierno, principalmente del Ministerio de Ambiente y del Congreso de la República. Si bien el Gobierno presentó dos veces el proyecto de ley, no existió un acompañamiento necesario por parte de la cartera ambiental para garantizar que este proyecto de ley fuera priorizado en la agenda legislativa. Actualmente el proyecto de ley sigue en el Congreso, pero dado que el gobierno no está impulsando su trámite resulta imposible que sea ratificado”, destacó Vanessa Torres, subdirectora de la ONG Ambiente y Sociedad.

Para ella, el actual proceso electoral que vive Colombia para elegir nuevo presidente a mitad de este año y la renovación del Congreso que ya fue elegido da luces positivas ante un Acuerdo que desde la sociedad civil consideran como un triunfo, pero que en Colombia requiere aún de más camino por recorrer.

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“El reconocimiento del Acuerdo de Escazú a nivel nacional fue un logro de nosotros los ciudadanos y ciudadanas que no somos ajenos a una realidad nacional en donde es peligroso ejercer cualquier acción de defensa del ambiente, por tal razón es importante recordar que podremos presentarlo de nuevo ante el Congreso ya en un escenario de nuevo Gobierno, en donde esperamos se le de la importancia que un tema tan relevante tiempo en nuestro país”, enfatizó Torres. 

Pero, ¿realmente se sentirían más seguros los líderes ambientales si se ratificara Escazú? En EL TIEMPO hablamos con cinco de ellos quienes, en su mayoría, coincidieron en que si bien es necesario el instrumento, su ratificación debe estar ligada a un interés real de protección por parte del Estado.

De acuerdo con Yober Arias, defensor ambiental y director del proyecto Cumbres Blancas que busca ayudar a conservar los glaciares del país, Escazú “busca proteger, salvaguardar y dar garantías a las personas que actúan como defensores del medio ambiente. Los diferentes proyectos y organizaciones están soportados en las personas, líderes y lideresas que trabajan en pro de la conservación, protección y restauración de los diferentes ecosistemas. Si el país ingresa a este acuerdo se ve obligado a generar garantías claras en pro de la protección de estos líderes ambientales. Además de la veeduría que tendría que tener en todo este proceso”, destaca. Para él la ratificación de Escazú garantizaría la protección de quienes defienden el ambiente.

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Una visión similar tiene Javier Acevedo, líder ambiental que desarrolla actividades por la protección del Lago de Tota, en Boyacá. Según Acevedo, Escazú es una herramienta necesaria, “pero en Colombia aún hay una brecha gigante entre lo teórico y lo práctico”.

Algunos líderes, incluso, desconocen por completo la existencia de Escazú, como es el caso de Rocío*, quien nos pidió que no reveláramos su nombre por cuestiones de seguridad. Ella , que ha defendido uno de los nevados del país, asegura que su vida corre riesgo y que debió salir desplazada del pueblo donde vivía hacia la ciudad de Bogotá, para evitar ser asesinada como otros activistas que conoció. Según dijo, lo que requiere hoy el país (sea con o sin Escazú) es que el Gobierno se comprometa a proteger a aquellos que quieren resguardar los territorios para las generaciones futuras.

Finalmente, Óscar Sampayo, defensor ambiental de la zona del Magdalena Medio, destacó que Escazú permitirá tener no solo tener un mejor a la información, sino también “fortalecer la participación ambiental”. Según él, hoy es peligroso ser líder ambiental porque “hay una debilidad institucional del Estado desde los ministerios, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que carecen de herramientas para defender a los defensores ambientales, y por el contrario estas instituciones de orden nacional están permeadas por otros intereses. Eso genera un peligro sobre los líderes que cuestionan, denuncian y evidencian las contaminaciones por diferentes proyectos que intervienen en la naturaleza”.

La realidad, mientras tanto, es que Colombia sigue siendo un país peligroso para defender el ambiente. Escazú probablemente no será ratificado en este Gobierno. Y los líderes seguirán pidiendo, mientras tanto, una herramienta que les ayude a realizar su labor de cuidar bosques, nevados, lagos y ciénagas, sin sentir que eso podría, como le pasó a muchos otros, acabar con su vida.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde 

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