‘La educación superior es un derecho fundamental’: mineducación

Para la Ministra Aurora Vergara la meta es incrementar cupos en la educación superior pública.

La ministra reveló que más de 1 millón de jóvenes no cuentan con a educación superior. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

08.07.2023 15:39 Actualizado: 09.07.2023 00:00

Comentar

La ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, acaba de lograr un histórico acuerdo con los rectores, profesores y estudiantes de las 64 universidades públicas que tiene el país: recibirán un presupuesto que no tiene antecedentes, pero a cambio tendrán que crear 80.000 cupos más para el semestre que falta este año, y 500.000 más hasta el fin del gobierno Petro. La ministra, además, considera que la “educación superior es un derecho fundamental”.

La ministra Vergara, del Chocó, quien ejerce desde mayo de este año, ideó los “convenios” entre Gobierno y universidades: más recursos, pero más cupos. Para EL TIEMPO, el cronista pregunta primero:

¿Cuál es la gran reforma educativa que usted está preparando? ¿En qué consiste?

Vamos a reformar la Ley 30 de 1992 para pasar de una visión de educación superior como servicio a una de educación superior como derecho fundamental. Estamos desarrollando mesas de trabajo con varios actores, plataformas estudiantiles, rectores y rectoras, académicos, maestros y maestras, para recoger sus consideraciones y propuestas. Se tratará un derecho fundamental.

(Lea también: Del Chocó a Harvard: la historia de coraje, dolor y lucha de la Mineducación)

¿Cuál es la diferencia entre las dos concepciones?

El y permanencia en la educación superior debe ser una posibilidad para cualquier persona y debe ser reconocida como un derecho fundamental.

Pero nuestra Constitución ya tiene establecido que la educación es un derecho…

El artículo 67 de la Constitución establece que la educación es un derecho, pero que será obligatoria entre los 5 y 15 años, es decir, la educación básica; pero la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un servicio público y que será accesible a quienes demuestren poseer ciertas capacidades y condiciones; por lo tanto, no la contempla como un derecho.

¿En la práctica qué significa?

Significa que se deben garantizar las condiciones para que cualquier colombiano o colombiana tenga la posibilidad real de acceder al sistema de educación superior. En esa lógica, el modelo de financiamiento cambia; el sistema debe contar con más recursos para poder atender a toda población que demanda atención. Para 2023, por ejemplo, recibimos una adición presupuestal el año pasado y otra este año, que suman $ 3,5 billones; con estos recursos el presupuesto del sector alcanzó los $ 57 billones. Eso es histórico.

Los estudiantes de universidades públicas del país entraron a paro nacional desde el pasado 11 de octubre. Foto:Claudia Rubio / EL TIEMPO

¿Y usted qué va a hacer con semejantes recursos?

Mejorar el sistema educativo, mejorar la calidad, aumentar el , garantizar una infraestructura adecuada. Para educación superior vamos a incrementar el presupuesto de las instituciones de educación superior públicas para que puedan recibir más estudiantes.

¿Cuántos más estudiantes?

El Sistema Universitario Estatal, es decir, las universidades públicas, nos han indicado que pueden recibir en estos cuatro años 150.000 estudiantes más, la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, 178.000 más, y el Sena nos garantiza 140.000.

(Le puede interesar: Mineducación y Fecode firman acuerdo para mejorar las condiciones de los maestros)

¿Cuántas universidades tiene Colombia?

Trescientas instituciones de educación superior entre públicas y privadas.

¿Y hay cuántos estudiantes?

Más de 2’400.000 estudiantes. En el público hay cerca de 1,3 millones.

¿Y la estructura?

Ya hicimos un sondeo institución por institución pública para saber cuántas sillas tienen disponibles y cuáles son sus necesidades de infraestructura o dotación para avanzar en el proceso de ampliación de cobertura. La meta es lograr que en el cuatrienio 500.000 estudiantes adicionales se vinculen a educación superior.

Pero, mientras tanto, universidades como la Nacional, la Distrital, se caen…

Recibirán ayuda, al igual que las demás instituciones de educación superior públicas del país. Para el caso específico de la Nacional, se han dispuesto recursos para el edificio de la Facultad de Artes y para sus sedes de frontera.

¿Y aumentará la gratuidad?

La gratuidad es uno de los ejes del programa Universidad en tu Territorio-Educación Superior de Calidad para la Libertad y la Dignidad.

Por supuesto. Con la adición presupuestal se asignarán nuevos recursos al fortalecimiento de la política de gratuidad en las instituciones de educación superior públicas, para alcanzar este año una asignación de $ 1,6 billones, que permitirán beneficiar a más de 745.000 estudiantes. La gratuidad es uno de los ejes del programa Universidad en tu Territorio-Educación Superior de Calidad para la Libertad y la Dignidad. En ese marco también se destinarán recursos adicionales a las bases presupuestales de las instituciones para el aumento de cobertura.

Pero ¿todos estos planes irán al Congreso?

No. Lo que tiene que ir al Congreso es la reforma de la Ley 30 de 1992 con la que se busca cambiar el enfoque de la educación superior como servicio a derecho fundamental.

¿Cuáles serán entonces los puntos básicos de la reforma educativa que estudia el ministerio con estudiantes, profesores, rectores y es?

La educación superior como un derecho. La reforma incluye aspectos fundamentales sobre el carácter de la educación superior, autonomía universitaria, regionalización y cobertura, financiamiento, docencia e investigación, calidad y pertinencia, el bienestar como algo esencial en la vida universitaria, derechos humanos, enfoques diferenciales, gobernanza de las instituciones, formalización laboral de los docentes, prevención de violencias basadas en género, entre otros.

¿Cuántos aspirantes a ingresar a la universidad se quedan sin cupo cada semestre?

Actualmente, más de 1 millón de jóvenes no cuentan con oportunidades de a educación superior. La meta es dar a 500.000 estudiantes más en este cuatrienio. El Gobierno está dispuesto a garantizar los recursos necesarios para financiar los planes de ampliación de cobertura.

(Lea además: Así puede aplicar a créditos educativos si es población víctima del conflicto)

¿Cuántos convenios serán firmados?

Esperamos suscribir acuerdo con todas las instituciones de educación superior públicas para que desde este mismo semestre podamos avanzar para lograr la meta al cierre del 2026 de los 500.000 estudiantes adicionales en el sistema.

¿Qué hace un muchacho cuando tiene la ilusión de tener cupo en una universidad pública porque en la privada es imposible y no obtiene su calificación adecuada?

Justo el viernes lanzamos el programa de educación superior Universidad en tu Territorio-Educación Superior de Calidad para la Libertad y la Dignidad.

La meta es lograr que en el cuatrienio 500.000 estudiantes adicionales se vinculen a educación superior

¿Qué significa eso?

La visión que tenemos es que estos jóvenes que están enfrentados al conflicto armado, que están buscando oportunidades de a educación superior, la encuentren. Queremos que las instituciones de educación superior públicas de todas estas regiones cuenten con el financiamiento necesario para recibir a los estudiantes y delinear una ruta de a educación. El programa nos permitirá avanzar en la ruta para garantizar que la educación superior sea un derecho para todos los jóvenes del país, para que puedan acceder en forma progresiva a programas académicos pertinentes a sus regiones, sin importar su condición socioeconómica, en instituciones de educación superior innovadoras que implementen un proceso formativo integral, incluyente, intercultural y antirracista.

Firma del memorando de entendimiento para promover el talento TI en LaGuajira. Foto:Ministerio de Educación.

¿Cuáles son las cifras de cobertura de la educación superior?

Actualmente tenemos una tasa de cobertura del 53,9 %. Aspiramos a llegar en 2026 al 62 %. Las brechas regionales persisten y hay departamentos con coberturas inferiores al 20 %. Podemos pasar a un capítulo nuevo de nuestra historia. Si podemos tener una sociedad educada, podremos tener una sociedad en paz.

El asunto es ¿cómo?

Financiando mejor el sistema. El cambio en el modelo de financiamiento de las instituciones de educación superior públicas, por ejemplo, nos va a llevar a movernos de la fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que tenemos hoy al Índice de Costos de la Educación Superior (Ices).

¿Cómo es eso?

En el modelo de financiación que tenemos hoy, el crecimiento de las transferencias se calcula con el IPC. Entonces, pasamos de ese índice al Índice de Costos de la Educación Superior. Es decir, la fórmula reconocerá todo lo que necesitan las instituciones para financiar su operación.

¿Y qué garantía hay de un aumento del 53 % al 62 % de muchachos educados?

La garantía es que estamos condicionando la transferencia de los recursos adicionales a la formulación de unos planes de aumento de cobertura. Es decir, cada rector o rectora de una institución de educación superior pública que quiera recibir estos recursos adicionales de la Nación, para tener más estudiantes, debe formular y cumplir un plan de ampliación de cobertura. Ese es nuestro contrato para garantizar que los recursos adicionales no se irán para otros fines.

(Puede consultar: Alianza entre Mineducación y Fedesoft para la formación en tecnología en La Guajira)

¿Las 64 universidades públicas tendrán la opción de la firma del convenio?

Ya hablamos con los rectores y rectoras de las 64 instituciones de educación superior públicas y tendremos un nuevo encuentro con ellos para verificar las condiciones y precisar los detalles para la elaboración de los planes de cobertura.

¿Y cómo hará para que eso no se quede en propósito?

El ministerio tiene un equipo de trabajo que acompañará el proceso con las instituciones para garantizar que se cumpla. Las transferencias de los recursos adicionales para cobertura estarán condicionados al cumplimiento del programa.

Esa era la mayor solicitud de los rectores de las universidades públicas…

Sí señor. Financiamiento, recursos adicionales a la base. Y eso es lo que ya establecimos, lo que logramos después de todos estos meses de trabajo. Fortalecer las bases presupuestales permite que las instituciones operen de mejor manera.

¿Usted cómo hará para evitar despilfarro?

Eso es fundamental. Que los recursos adicionales para ampliación de cobertura vayan dirigidos a ese propósito, generando mayores oportunidades. Que las instituciones se sumen a la visión que estamos planteando como gobierno nacional para transformar la vida de los jóvenes. Se afianzarán los mecanismos de inspección y vigilancia para garantizar la transparencia en el uso de recursos.

Desde el comienzo de nuestro diálogo usted ha insistido en que la educación debe ser un derecho… Pero hoy, desgraciadamente, en Colombia, es un negocio…

La educación no puede ser un negocio. La educación superior debe ser un derecho para todas y todos.

Lo que también está ocurriendo es que ya está aquí la inteligencia artificial y todos nuestros programas educativos superiores parecen del siglo pasado…

Nuestra visión no está anclada al pasado. Vale la pena mencionar que se viene trabajando en el fomento para la oferta de programas que promuevan la innovación en áreas como producción de energías limpias, programación e inteligencia artificial, ciencia de datos, cambio climático, entre otros. Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la Consejería de Transformación Digital.

Ministra, ¿por qué hay tanta deserción escolar en Colombia?

En el caso colombiano, los determinantes de la deserción en educación superior se han asociado a las bajas competencias académicas y de capital cultural de los estudiantes, de sus familias y entornos, a las características socioeconómicas de los estudiantes al momento de ingresar a la educación superior y a la escasa orientación socioocupacional experimentada por el joven al momento de salir del colegio. La deserción genera un alto impacto en la construcción de capital humano.