En seis años, los estudiantes migrantes venezolanos en Colombia pasaron de ser 34.000 a más de 600.000: ¿en qué ciudades se concentran?

La población migrante ya representa el 5,8 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo colombiano. Una cifra significativa que implica que más de 600.000 menores, de acuerdo con el Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat) del Ministerio de Educación.

En total, son 609.160 niños, niñas y adolescentes del vecino país los que hoy estudian en Colombia. En otras palabras, 6 de cada 100 estudiantes matriculados en los colegios del país son venezolanos, lo que además refleja que cerca del 90 por ciento de la cantidad total de menores migrantes en edad escolar que hoy se encuentran en el territorio nacional, número que de acuerdo con las últimas cifras de Migración Colombia es de 667.887.

Estos datos reflejan una realidad respecto al a la educación de esta población, ya que se evidencia una creciente tendencia a su escolarización al punto que la cobertura educativa para estos menores es cercana al 90 por ciento.

Y es que, según las cifras del Sistema Integrado de Matrículas (Simat), en el 2018 las cifras de matrículas de migrantes era de apenas 34.030, y desde entonces no ha hecho más que subir, excepto en el último año, que bajó levemente respecto a los 623.059 matriculados del 2023.

Para Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, centro de estudios que también emitió recientemente un análisis sobre el tema: “La educación es la puerta de entrada a la inclusión de los migrantes. Colombia ha hecho un gran esfuerzo en esto, de la mano de las secretarías de educación y maestros. Debemos reconocer que el sistema de educación ha sido capaz de integrar a esta población, garantizarles sus derechos, lo que sin duda debemos mantener y reforzar”.

Pese a ello, la experta sostiene que “el ámbito educativo, este fenómeno migratorio ha generado una serie de desafíos y oportunidades significativas. El aumento de estudiantes migrantes con respecto al 2022 demanda una mayor inversión en infraestructura educativa, especialmente en las regiones con mayor concentración de esta población para garantizar la calidad y cobertura del servicio educativo”.

Esta presión la han tenido que vivir particularmente ciertas regiones, ya que al inicio de la crisis migratoria, la matrícula de esta población se encontraba localizada principalmente en las zonas aledañas a la frontera, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Pero con el pasar de los años, la matrícula se ha dispersado a lo largo y ancho del territorio nacional, moviéndose especialmente hacia las capitales departamentales y centros poblados de mayor dinamismo económico.

Actualmente, se reporta la matrícula en 32 departamentos y el Distrito Capital, en las 96 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) y en 1.089 de los 1.120 municipios.

Hoy en día, la matrícula se concentra principalmente en las ciudades de Bogotá (74.333 estudiantes), Medellín (37.049), Cúcuta (32.323), Cali (24.486) y Barranquilla (21.266).

En lo que respecta a regiones, el 34,54 por ciento de los migrantes venezolanos matriculados se encuentra en la región centro oriente (compuesta por Bogotá, y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander), el 32 por ciento en la región caribe, el 16 por ciento en la región del eje cafetero y Antioquia, 10 por ciento en la región pacífica, 6 por ciento en los llanos y 2 por ciento en la región centro sur y Amazonía (compuesta por Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima).

Uno de los puntos positivos con respecto a la política educativa para migrantes es la inclusión. Así lo explica el analista Ricardo Rodríguez: “Desde 2018 se emitió la Circular 016, la cual establece la ‘Ruta para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela’, en la cual se establecen mecanismos para que se acepten en los colegios a estos menores, incluso si no cuentan con documento de identidad ni certificados de notas. Esto les garantiza el derecho a la educación sin importar si sus padres han logrado legalizar sus documentos”.

De esa forma, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en este contexto, “en cualquier grado de la educación preescolar, básica y media que necesite cursar un niño, niña o adolescente que viva en territorio colombiano, el Estado hará lo necesario para garantizar este derecho sin discriminación alguna”.

Pese a ello, las estadísticas muestran que todavía hay más de 60.000 menores venezolanos que hoy no asisten al colegio a pesar de estar en edad escolar. Y esto podría deberse a distintas barreras, principalmente desconocimiento o exigencias indebidas de los establecimientos educativos.

Así lo muestra el informe ‘, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano’, de la organización Dejusticia, con apoyo de Unicef, que para el año 2022 encontró que algunos colegios, cuatro años después de emitida la Circular 016, continuaban exigiendo a los padres que se les entregue documentos que claramente no pide la normativa vigente como un Permiso de Permanencia, o certificados de notas de colegios anteriores, lo cual es muy difícil de tener para una persona migrante en condición irregular.

Pero no son los únicos papeles que las instituciones aún exigen a algunos migrantes. De hecho, el informe reseña colegios públicos que estarían pidiendo a las familias estar inscritas en el Sisbén, en el programa Familias en Acción, contar con un acudiente o cuidador colombiano, carné de afiliación a una EPS, pasaporte vigente (muchos migrantes llegaron al país por trochas sin contar con este documento), y hasta el recibo de la luz o el agua de su lugar de vivienda.

“Las barreras de al sistema educativo para los adolescentes no se derivan de problemas en el diseño de la normativa del Ministerio de Educación, sino de la implementación de esta a nivel territorial debido a la falta de conocimiento de las y los funcionarios de las instituciones educativas sobre los procesos allí descritos y los procedimientos migratorios”, sostiene Dejusticia.

De cualquier forma, la circular ha permitido que 220.001 estudiantes venezolanos (el 36.12 por ciento del total) sean migrantes en condición irregular. Así, para septiembre de 2024, ya el 63,8 por ciento de los migrantes venezolanos matriculados poseen un documento de identidad válido en el Sistema de Matrículas que los cataloga como regulares, lo cual también refleja un incremento en su regularización.

“La disminución de la matrícula irregular es un avance positivo, pero es necesario acelerar los procesos de regularización y garantizar la inclusión de todos los estudiantes, especialmente los más vulnerables, mediante mecanismos más ágiles”, aseguró Bernal, directora del LEE.

Pero incluso estar matriculados no garantiza el éxito escolar. Esto nos lleva a otro problema que persiste, tal vez de forma más recurrente, que es el de la permanencia. Este tema, que de por sí representa una dificultad en la población colombiana, se acentúa más en el caso de extranjeros.

Así le explicó en su momento a EL TIEMPO Catalina Duarte, gerente de Migración como Factor de Desarrollo y líder técnica de Educación de Unicef: “Una barrera de que hemos recientemente es que las familias no permanecen estáticas, lo que hemos denominado una flotabilidad de la población migrante. Están dos meses o un periodo determinado en un lugar y luego se trasladan. Por esto les niegan la opción de matrícula porque los colegios tienen cupos limitados y los rectores o las respectivas autoridades consideran que las posibilidades de deserción son elevadas”.

Un aspecto adicional que preocupa es que el 22 por ciento de los estudiantes migrantes están en extraedad escolar, de acuerdo con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Según Duarte: “Tenemos niños con competencias y habilidades por debajo de su edad, de 12 años, pero con conocimientos de niños de 9 años. No tenemos un mecanismo de recuperación que les permita estar con sus pares de edades y esto, además, les dificulta la obtención de cupos”.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Subeditor Vida - Educación