La medida, conocida como el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea (AB5 por sus siglas en inglés) entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020, luego de la sanción por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien abiertamente la ha apoyado.
Por su parte McRay, quien vive en Pittsburg, California (Estados Unidos) y quien dijo que conduce para Uber desde noviembre de 2016, criticó a la compañía por haber "declarado públicamente que tiene la intención de desafiar este estatuto", al continuar tratando a los conductores como contratistas independientes.
De hecho, en la demanda presentada, la conductora dijo que "este desafío constante a la ley por parte de Uber constituye una violación intencional de la ley de California".
De esta manera, McRay busca argumentar las pretensiones de su reclamo en el que pide la reparación por daños y perjuicios hacia los conductores de la compañía en California, además de pedir una orden judicial que obligue a la Uber a cumplir la ley.
Podemos pasar la prueba más difícil a satisfacción de los árbitros y los tribunales
Según interpretación del director legal de Uber, Tony West, la ley no reclasifica automáticamente a los conductores como empleados, sino que hace más difícil llamarlos trabajadores independientes. "Podemos pasar la prueba más difícil a satisfacción de los árbitros y los tribunales", dijo este miércoles después de conocer la decisión de Senado.
Tema de interés nacional en EE. UU.
La ley ha atraído la atención nacional debido al tamaño de la fuerza laboral de California, que incluye miles de trabajadores por contrato.
Los grupos laborales y otros partidarios de la ley han dicho que con esta medida quienes trabajan como contratistas se verían beneficiados con cobertura bajo las leyes de salario mínimo y el pago de horas extras. Además les brindaría un mayor a servicios de salud y reembolsos de gastos propios de la conducción.
Por otro lado, la Ley 5 de la Asamblea, ha sido criticada por grupos de comercio y compañías que defienden la "economía gig" (concepto donde los empleados trabajan en contratos a corto plazo y sin un salario mínimo ni prestaciones sociales), y que a su vez dependen de la fuerza laboral de contratistas, dado el considerable aumento de las cargas financieras que representa una nueva clasificación de sus socios como empleados.
El proyecto de ley 5 de la Asamblea obedece a una decisión de la Corte Suprema de California de 2018 que restringió los escenarios en los que empleadores podían clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes.
Uber, Lyft y DoorDash han presionado al gobierno para que exista una legislación separada e incluso han propuesto aumentar el pago y los beneficios de los conductores siempre y cuando se conserve su condición de contratista independiente.
En marzo de este año, Uber acordó pagar 20 millones de dólares para resolver una demanda de casi seis años por parte de conductores de California y Massachusetts (Estados Unidos) por sus clasificaciones.
REDACCIÓN TECNÓSFERA
*Con Reuters
@TecnosferaET